Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen prisa con el avance de la investigación de supuesto lavado de dinero contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta: la pareja presidencial “valora trasladar” las pesquisas –que ya involucran a 16 periodistas independientes– a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), para que la Policía dirija las “entrevistas” que realiza el Ministerio Público. Fuentes judiciales y del partido de gobierno coincidieron en que los mandatarios sandinistas están impacientes ya que los fiscales a cargo no han logrado abrir una causa penal a la precandidata presidencial opositora.
“Están valorando que la Dirección de Auxilio Judicial asuma la investigación, porque los fiscales están lentos y no logran encontrar indicios para armar una acusación”, coincidieron las fuentes consultadas. Quien más presión está recibiendo por parte de la pareja presidencial es la Fiscal General Ana Julia Guido, sancionada por Estados Unidos en octubre de 2020 por fabricar casos políticos contra disidentes. Según las fuentes judiciales cercanas al Ministerio Público, desde hace una semana es la propia vicepresidenta Murillo quien presiona a Guido para acelerar el proceso.
A partir de la insistencia de Murillo, la Fiscal General presiona a Javier Morazán Chavarría, fiscal especial y director de delitos contra la delincuencia organizada, quien dirige la investigación contra Cristiana Chamorro. Sucesivamente, Morazán Chavarría azuza a los fiscales Estela Ramírez Olivas, Norma Estrada, Auxiliadora Sequeira Suazo y Manuel Rugama, quienes están realizando las entrevistas a periodistas y extrabajadores de la Fundación Violeta.
Aunque inicialmente Cristiana Chamorro y dos extrabajadores de la Fundación Violeta fueron señalados por el Ministerio de Gobernación por supuestas inconsistencias en “Estados Financieros entre el período 2015–2019”, el caso fue trasladado en menos de 24 horas a la Fiscalía. El Ministerio Público citó de urgencia a los indiciados para declarar. Casi de inmediato, periodistas y propietarios de medios de comunicación, así como extrabajadores de la Fundación Violeta, también fueron convocados para rendir “entrevistas” en calidad de “testigos”.
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De acuerdo a las fuentes, los fiscales a cargo no han logrado obtener mayor información sospechosa en las entrevistas realizadas a los “testigos”. En cambio, el Ministerio Público ha dicho que algunos de los reporteros se han negado a “colaborar con la investigación”. En ese sentido, periodistas como María Lilly Delgado y los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, fueron citados por segunda ocasión este viernes 28 de mayo.
Tiene cabida legal trasladar a la DAJ
Abogados consultados para este artículo explicaron que es posible legalmente trasladar una investigación de la Fiscalía a Auxilio Judicial, tal como valora en estos momentos la pareja presidencial.
“La Fiscalía es directora de la investigación y puede mandar ampliar o profundizar la misma a la DAJ. Es el filtro jurídico de una investigación que luego se convertirá en acusación”, explicó el abogado Yader Morazan, experto en administración de justicia y exfuncionario judicial. “Si los fiscales aún no tienen los elementos de pruebas que necesitan para sustentar una acusación, pueden girar un oficio ordenando a la policía complementar o profundizar la investigación”, agregó el jurista.
Sin embargo, el problema no es el legalismo sino que la Dirección de Auxilio Judicial tiene desde 2018 un largo historial de implantación y fabricación de pruebas contra opositores a raíz de las protestas sociales. Ya sea desde sembrar armas, obligar por medio de torturas o amenazas a grabar videos inculpatorios, o la falsificación de documentos, de acuerdo a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
Las fuentes señalan que si bien Ortega y Murillo controlan todo el aparato de justicia del país, para ellos es más corto el camino hacia la Policía y, por ende, la investigación luego volvería a la Fiscalía para abrir acusación oficialmente. En el programa de Fernando del Rincón en la cadena CNN en Español, Cristiana Chamorro dijo que seguramente su sentencia ya está escrita desde antes de llamarla a la Fiscalía, porque se trata de un caso netamente político.
De hecho, uno de los voceros principales de la dictadura Ortega-Murillo, el radialista William Grigsby, confirmó que el señalamiento de supuesto lavado contra la precandidata presidencial tiene un trasfondo político, porque “gran parte del financiamiento que recibía la Fundación Violeta” provenía de “agencias de Estados Unidos”.
“¿Qué si es político el fundamento? Sí, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque, ¿de dónde están recibiendo ese dinero? De Estados Unidos, una potencia extranjera que se inmiscuye en los asuntos de Nicaragua. Claro que sí es político por esa razón”, dijo Grisgby en su programa radial.
Departamento de Estado rechaza lavado
Cristiana Chamorro acudió nuevamente este jueves a la Fiscalía, pero tampoco respondió las preguntas en base al artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua. La precandidata presidencial exigió a los fiscales más detalles sobre los delitos que le achacan.
“Vengo a ejercer mi derecho de acceso a la información pública quiero saber porque me están imputando estos delitos de falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero. He venido también en defensa del periodismo independiente a saber porqué están arremetiendo contra todos ustedes”, dijo Chamorro, en referencia a los reporteros que daban cobertura.
Chamorro señaló en su segunda citación que el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó este jueves que no encontraron evidencias del supuesto lavado de dinero que le imputa el gobierno Ortega-Murillo.
Más temprano que la precandidata presidencial acudiera al Ministerio Público, el Departamento de Estado dijo que como parte de su supervisión regular, “USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta B. de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos”.
“Estados Unidos reitera que está profundamente preocupado al igual que toda la comunidad internacional por las recientes acciones emprendidas contra los partidos políticos y candidatos de la oposición, así como contra los medios de comunicación independientes”, dijo el Departamento de Estado. “El Gobierno de los Estados Unidos sigue con gran preocupación las alegaciones contra la Fundación Violeta B. de Chamorro, en particular las que se refieren a actividades financiadas por USAID”, agregaron.
Por su parte, la Fiscalía rechazó el comunicado del Departamento de Estado: “Se le señaló (a Cristiana Chamorro) que el pronunciamiento del Departamento de Estado no es vinculante en el proceso investigativo llevado a cabo en Nicaragua, el cual se está realizando de acuerdo a la Constitución y las leyes de la República”, expresó el Ministerio Público en un comunicado.
Algo irónico en este caso, es que el fiscal especial a cargo de la investigación, Javier Morazán Chavarría, fue premiado por el Departamento de Estado norteamericano en 2013 por sus “notables avances legales” en la lucha contra el tráfico de personas en Nicaragua”, un delito relacionado al crimen organizado.
Desde que se conoció esta escalada represiva a través de la Fiscalía, Chamorro ha sostenido que el trasfondo de esta investigación es inhibirla como candidata y, al mismo tiempo, silenciar a los medios de comunicación en un año electoral clave para el país.
La precandidata presidencial informó este jueves que sus abogados interpusieron ante el Poder Judicial un Recurso de Amparo contra la Fiscalía. “Nos sentimos amenazados, yo y todo mi equipo en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a quienes los andan persiguiendo. Aquí no hay lavado de dinero. Me quieren montar un juicio macabro. Es un juicio contra todos nosotros, contra toda la prensa independiente, contra la libertad de expresión y contra las libertades públicas de los nicaragüenses, es un juicio también contra nuestro derecho a ir a elecciones”, sostuvo Chamorro.
19 personas citadas hasta ahora
Hasta el momento, 19 personas han sido citadas por la Fiscalía, entre ellas periodistas, dueños de medios de comunicación y extrabajadores de la Fundación Violeta. Para este viernes están convocados el fotoperiodista Carlos Herrera, la periodista Amparo Aguilera y Francisco Gadea, propietario de Radio Stereo Romance.
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