El periodista Carlos Fernando Chamorro anunció la mañana de este martes que salió de Nicaragua para resguardar su libertad, luego de que la policía de la dictadura allanara su casa de habitación la noche de este lunes. “Que cese el asedio policial. Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua, para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera” del país, informó el director de Confidencial. Es la segunda vez que Chamorro sale del país en menos de tres años a causa de la persecución en su contra.
La Policía Nacional ejecutó un allanamiento en la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro la noche de este lunes 21 de junio. A través de su cuenta de Twitter Chamorro denunció que seis patrullas entraron a su vivienda ubicada en Intermezzo del Bosque, en Managua. El operativo ocurrió un día después de que oficiales de la institución policial irrumpieron en la casa del periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, en medio de la escalada represiva contra opositores (entre ellos cinco precandidatos presidenciales, líderes políticos y periodistas).
La Policía capturó al periodista Miguel Mendoza, comentarista deportivo y crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La institución policial informó en una nota de prensa que lo está investigando por “realizar actos que menoscaban la independencia y la soberanía de Nicaragua”, de acuerdo al artículo uno de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo”.
“Daniel Ortega ordenó dos veces cerrar la redacción de Confidencial. Ahora la Policía está allanando mi casa. Exigimos respeto a la integridad física de mi cuñada Amelia Elizondo, y la trabajadora doméstica Amparo Castillo. No callarán al periodismo”, expuso Chamorro quien no se encontraba en la vivienda.
Chamorro aseguró que la dictadura buscaba con el allanamiento capturarlo y callar su voz, pero sigue insistiendo en que “no van a callar el periodismo, vamos a seguir dándole voz al pueblo de Nicaragua”. Aseguró que no sabe lo que está pasando en su casa, solamente reportes de que hay alrededor de decenas de patrullas, motocicletas y civiles. “Desde que asaltaron Confidencial el 20 de mayo sin una orden judicial, nosotros estamos gravemente amenazados, entendimos que nos querían callar. Posteriormente continuó la campaña de calumnias por parte de los medios oficialistas que nos imputan delitos criminales sin ninguna base, y posteriormente conocimos de un documento oficial del Estado de Nicaragua, en el que nuevamente nos imputan delitos sin existir fundamento. Frente a ese tipo de amenazas, nosotros hemos tomado la decisión de proteger nuestra libertad, nuestra integridad personal, que es la misma integridad de prensa”, dijo el periodista a Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias.
El primer allanamiento a la redacción de Confidencial, Esta Semana y Niú, ocurrió en diciembre de 2018. En esa ocasión varias patrullas de la Policía llegaron por la noche y expulsaron a los guardas de seguridad que cuidaban el sitio. Aunque se recurrió de amparo y Chamorro demostró que esas oficinas no pertenecían al Centro de Investigación para la Comunicación (CINCO), que estaba siendo investigado por el Gobierno, las autoridades no regresaron el inmueble y en 2021 inauguró una casa materna.
El segundo allanamiento fue el 20 de mayo de 2021. Las oficinas de Confidencial y Esta Semana estaban ubicadas en el centro corporativo Invercasa. De nuevo varias patrullas llegaron al lugar, robaron varios equipos y detuvieron al camarógrafo Leonel Gutiérrez por más de cinco horas. Los oficiales argumentaron que en ese sitio estaban las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que actualmente es investigada, junto a su exdirectora Cristiana Chamorro, por lavado de dinero, bienes y activos.
Chamorro es uno de los periodistas más influyentes en Nicaragua. Recientemente ganó el premio Ortega y Gasset por su trayectoria. El reconocimiento llega mientras el régimen dirige una nueva persecución contra la prensa independiente en Nicaragua. “Lo recibo muy honrado, como portavoz de un mensaje de aliento para el periodismo independiente de Nicaragua, que está defendiendo la libertad en estos momentos de persecución”, dijo Chamorro sobre el reconocimiento que destaca su “capacidad para sobreponerse y enfrentarse al régimen represivo”. El premio, otorgado por unanimidad, destacó a Chamorro como “emblema de la defensa de la libertad de expresión”.
Hasta la publicación de este artículo no se conoce cuál delito le han achacado a Chamorro. Sin embargo, el gobierno Ortega-Murillo señaló al reconocido periodista de supuesto lavado de dinero en un comunicado enviado a las embajadas acreditadas en Managua hace unas semanas.
Mora el quinto precandidato preso
El periodista Miguel Mora fue arrestado el domingo 20 de junio. Un contingente de oficiales llegaron a su casa ubicada en carretera hacia Masaya y a pesar de que el precandidato presidencial no oponía resistencia, los agentes entraron con violencia.
Mora es el quinto precandidato presidencial arrestado por la Policía. Previamente fueron capturados Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga. La primera está en prisión domiciliar. Los otros aspirantes se encuentran recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocido como El Chipote.
Verónica Chávez, esposa de Mora, relató a los medios de comunicación que las patrullas llegaron el domingo a las 10:30 de la noche. El periodista les dijo a los oficiales “aquí estoy, no es necesaria la violencia”, sin embargo, los policías actuaron con mucha fuerza. De su vivienda se llevaron varios artículos electrónicos como computadoras y celulares.
Mora es investigado por realizar actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera”, de acuerdo al artículo uno de la Ley 1055, “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Cruz, Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro también son investigados por estos delitos.
La Policía ha arrestado a 18 ciudadanos en el último mes: cinco precandidatos presidenciales, nueve opositores de organizaciones de la sociedad civil, dos extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y también la exdiputada liberal y ex primera dama María Fernanda Flores. En total el régimen mantiene más de 120 presos políticos en sus cárceles.
Fuerte respuesta de la comunidad internacional
Este lunes los gobiernos de Argentina y México llamaron a sus embajadores en Nicaragua con el objetivo de consultarles sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por Ortega que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición. Costa Rica pausó el nombramiento de su nueva embajadora en el país y la llamó a consultas a San José.
Para el martes está programada una rueda de prensa de Human Rights Watch para presentar un nuevo informe sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos del régimen. En este se abordan las detenciones arbitrarias y persecución de candidatos presidenciales, líderes de la oposición y otros críticos del Gobierno. Este martes también será discutida y aprobada por senadores del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, la Ley Renacer, que amplía las sanciones a funcionarios del régimen orteguista.
La Ley Renacer, cuyo nombre extendido es Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, fue presentado en marzo de este año por demócratas y republicanos ante el Senado. El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, lidera la iniciativa que ha sido apoyada por los demócratas Tim Kaine, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphy, y el republicano Marco Rubio.