A raíz de la detención de dos conductores de La Prensa este seis de julio, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una nueva y silenciosa oleada de persecución contra el periodismo en Nicaragua: aparte del allanamiento de viviendas de fotoreporteros y personal de ese diario –cuya redacción se mantiene confiscada desde agosto de 2021–, periodistas de otros medios de comunicación han recibido acoso policial.
Policías de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) han llegado a las casas de reporteros a preguntar por ellos, incluyendo datos personales y su vinculación con algunas redacciones. Al mismo tiempo se han registrado otros episodios de hostigamiento en las viviendas desde la semana pasada. Los oficiales se presentaron como miembros de la DAJ y, en el caso de La Prensa, allanaron la vivienda de dos trabajadores.
“Además, dos patrullas policiales se presentaron en la vivienda de la reportera que cubrió la expulsión de las monjas, al parecer para capturarla, lo mismo que en casa del fotógrafo que la acompañó para hacer la cobertura gráfica. Afortunadamente ellos no estaban en sus viviendas y no fueron capturados”, relata el editorial de La Prensa publicado este sábado.
El nuevo asedio contra el periodismo ocurre cuando el Juez Séptimo Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Ramos, decretó 90 días de detención para “investigar” a los dos conductores de La Prensa. El diario informó que el juez obró a pedido del fiscal Manuel Rugama, un expolicía y leal de la pareja presidencial, quien fue uno de los verdugos que fabricó el caso de supuesto “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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DIVERGENTES ha conocido de varios casos de periodistas de medios de comunicación independientes hostigados por los oficiales. Fuentes judiciales relataron a esta redacción que la Fiscalía podría estar fabricando otro proceso para criminalizar al periodismo independiente. Según La Prensa, la ampliación del plazo de la detención injustificada contra sus trabajadores “es para poder armar un caso contra los detenidos”.
“Como ha ocurrido en las audiencias de tutela de garantías de todos los presos políticos, en esta no se permitió el ingreso de defensores” para los detenidos, detalla el periódico cuya sede se mantiene ocupada policialmente. Esta nueva oleada represiva despuntó el pasado seis de julio, después que La Prensa dio cobertura a la expulsión de las monjas de la Congregación Hermanas de la Caridad.
SIP condena
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció esta nueva ola de persecución del Gobierno de Nicaragua contra trabajadores del diario La Prensa. “Responsabilizamos al régimen por lo que puede sucederle a cada uno de los trabajadores de La Prensa, víctimas de abusos, la intolerancia y la falta de respeto a sus derechos fundamentales”, expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: “Ante la nueva embestida contra La Prensa, reiteramos nuestro llamado urgente a restaurar las libertades en Nicaragua, donde el régimen actúa con total discrecionalidad, sin enfrentar consecuencias por sus acciones represivas”.
DIVERGENTES también conoció que el siete de julio fue detenido Arnulfo Somarriba, exgerente general del extinto El Nuevo Diario y la imprenta Ardisa, que cerró operaciones en septiembre de 2019 por la asfixia aduanera aplicada por el régimen. La Policía no ha informado sobre su arresto ni motivos, y se desconoce el paradero del exejecutivo. Aunque fuentes cercanas a la Fiscalía señalan que Somarriba “está detenido por una confusión” de un “vehículo que cubrió la salida del país de las monjas de la Congregación de la Caridad”.