La abusiva trayectoria de Manuel Rugama, el fiscal que entrevista con saña a periodistas

Rugama es un expolicía cuyo carácter es descrito como “prepotente”. El representante del Ministerio Público tiene un historial de denuncias de jueces y abogados por irrespeto, malos tratos y obstrucción a la justicia. Trabajó en Chinandega pero fue removido por su pésimo comportamiento y llegó a Managua, donde ahora es uno de los fiscales a cargo del caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.


En una pequeña oficina funciona su “centro” de interrogatorios. Dentro de esas cuatro paredes el fiscal Manuel de Jesús Rugama trata de cumplir con una misión: cuestionar a los periodistas nicaragüenses sobre su relación con la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su expresidenta Cristiana Chamorro, que están investigados por el presunto delito de lavado de dinero, bienes y activos, y falsedad ideológica. Mientras se balancea en su silla, Rugama hace preguntas discursivas con las que pretende confundir a sus investigados. “Fue policía, por eso es así”, dice una fuente del Poder Judicial que aceptó hablar con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.

Rugama ha jugado un papel de represión importante para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su prepotencia, denuncian los periodistas, es su principal arma al momento de realizar las entrevistas. También ningunea los argumentos y trata de manipular sus declaraciones.

Iván Olivares, periodista de Confidencial, denunció la semana pasada que Rugama de forma sistemática pretendió inmiscuirse en el fuero interno de su actividad profesional, que “se rige por altos principios de ética periodística”, y en varias ocasiones intentó tergiversar sus palabras e incluso alterar las declaraciones, refirió Olivares, hoy en el exilio.

Otros periodistas han expresado que a Rugama le fascina elevar el tono de su voz para sentir que “manda y se hace lo que él dice”. Uno de los tantos entrevistados por el fiscal expresó que en el interrogatorio el funcionario le ofendió y gritó cuando trataba de responder a sus preguntas.

La personalidad de Rugama siempre ha sido así. El historial de denuncias en su contra lo prueban. “Él está obedeciendo una orden, pero disfruta gritar y ofender”, señaló una fuente que estuvo vinculada al Poder Judicial en Chinandega hace varios años.

Antes de ser fiscal departamental en Chinandega, Manuel Rugama fue policía. El oficio, sin embargo, no le convenció mucho, y optó por inscribirse en la escuela de derecho para litigar por varios años en el sistema.

“A él lo nombran fiscal departamental después de varios años de estar litigando. Rugama no era una eminencia, tampoco era malo, pero no sé qué parámetros tomaron en cuenta para promoverlo”, señala otra fuente judicial de León que habló bajo anonimato.

En septiembre de 2012 el fiscal fue acusado de maltratar a jueces, abogados, policías y otros trabajadores del Poder Judicial de Chinandega y León. Los abusos fueron tan insoportables que provocaron que todos se unieran para denunciarlo ante el inspector del Ministerio Público en ese entonces, Armando Juárez, quien actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Los sindicalistas de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), y los jueces suscritos en el departamento de Chinandega por el Tribunal de Apelaciones de Occidente, solicitaron a Juárez el traslado inmediato de Rugama. Lo señalaron de abuso de autoridad y de obstaculizar el sistema de justicia.

Según el testimonio de uno de los sindicalistas que firmó la petición, Juárez escuchó las quejas en contra de Rugama en una reunión que ocurrió en León en presencia de la magistrada Sara María Núñez, presidenta de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Occidente; y de 20 jueces y sindicalistas de Ajumanic.

Al finalizar la reunión, Juárez no quiso referirse al tema, aunque de acuerdo al testimonio del sindicalista, este expresó que sobre los asuntos internos del funcionamiento del Ministerio Público no podía emitir ninguna opinión y que se tomaría una decisión a lo interno. Lo que sí confirmó fue que la denuncia ya era del conocimiento del Fiscal General de ese entonces, Julio Centeno Gómez.

Una nota publicada por El Nuevo Diario, detalla más aspectos de esa reunión. Según la publicación, la jueza Rosario Montealegre, del Juzgado Segundo de Audiencia de Chinandega, dijo que esperaba que Rugama fuese trasladado a otra circunscripción por el “irrespeto que manifestaba en contra de los jueces”.

“Los jueces chinandeganos están solicitando el traslado del fiscal Rugama hacia otro lugar, la queja ya fue elevada a la Corte Suprema de Justicia y esperamos que resuelvan lo más pronto y que sea satisfactorio para las instituciones, porque lo que aquí se afecta es el sistema de justicia”, expresó, según la nota de El Nuevo Diario, la magistrada Núñez. 

Caída en desgracia y “ascenso” 

El jefe de información del diario La Prensa Eduardo Enríquez al salir de la Fiscalía. Miguel Andrés. | Divergentes.

Las denuncias en contra de Rugama provocaron que el Ministerio Público realizara una investigación profunda sobre el caso. Lo que reveló el proceso fue una serie de denuncias de maltrato de parte del fiscal a otros funcionarios. La decisión, finalmente, fue removerlo de su cargo sin goce de salario por un año.

En noviembre de 2012, dos meses después de la denuncia de los jueces, abogados y demás funcionarios, el Ministerio Público anunció que Juan Barrios Saballos asumiría como nuevo fiscal departamental en Chinandega, en sustitución de Rugama.

“Estuvo un año y luego lo trasladaron a Managua como inspector de la Fiscalía. En teoría su trabajo era recepcionar la queja de los usuarios y darle seguimiento a las denuncias. No era un cargo que tiene mucha relevancia”, sostiene la fuente de Chinandega.

Una fuente vinculada al Ministerio Público explicó a DIVERGENTES que Rugama cayó en gracia con Ana Julia Guido, la Fiscal de esta institución de Gobierno, por su pasado policial y su fanatismo orteguista. Esto le valió para que lo nombraran Director del Departamento de Capacitación y para ubicar a una de sus hijas como fiscal auxiliar en occidente.

«Es el encargado de organizar todas las capacitaciones dirigidas a los aspirantes a fiscales que han pasado por un filtro que tiene que ver con la vinculación que ellos tienen con la Juventud Sandinista o el partido», aseguró la fuente.

Las capacitaciones que realiza Rugama carecen de lo que mandata la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Carrera Fiscal. Sin embargo, a las autoridades del Ministerio Público poco les importa esto.

A partir de junio de 2021 Rugama empezó a tener relevancia en la Fiscalía de Managua. Su primera misión fue elaborar la denuncia en contra de Cristiana Chamorro, quien pronto cumplirá los 90 días de detención en su casa de habitación. Y a partir de esta fecha se ha dedicado a entrevistar a los periodistas que llegan a su pequeña oficina a responder las mismas preguntas que hace dentro de esas cuatro paredes.

Desde junio de 2021 más de treinta periodistas, dueños de negocios y otros profesionales que prestaron servicios a la extinta Fundación Violeta Barrios han desfilado en la Fiscalía como testigos en el caso. Los únicos detenidos hasta la fecha son Cristiana Chamorro, quien tiene arresto domiciliario; Marco Antonio Fletes y Walter Antonio Gómez, ambos extrabajadores del área administrativa de esa organización sin fines de lucro. También está detenido Pedro Vásquez, chofer de Chamorro.

La estrategia usada por Rugama también ha sido retomada por otros fiscales pero en menor medida. Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), las acciones de los funcionarios del Ministerio Público, pretenden infundirles miedo mencionándoles también la Ley Especial de Ciberdelitos, y acusándolos de hacer noticias falsas.

“Y mientras le sigan dando esa orientación seguirá haciendo lo mismo”, expresó otra fuente judicial de la ciudad de León.

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