Empresarios listos a una “negociación” con Ortega “para liberar a tres amigos”

En una sesión de su consejo directivo realizada este 26 de enero, el presidente del Cosep, César Zamora, confirmó que están listos para un “diálogo” con el gobierno Ortega-Murillo para liberar a José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas. Confirman que a los tres presos políticos les levantaron los cargos por lavado de dinero. De acuerdo a una “Ayuda memoria” de la reunión en poder de DIVERGENTES, Zamora insistió que “los diálogos sí han funcionado”, pese a que otros sectores rechazan un acercamiento bajo la condición de “borrón y cuenta nueva” del régimen. Ciudadanos por la Libertad y la iglesia estarían anuentes al diálogo

Fachada del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en Managua. Divergentes.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) celebró la mañana de este 26 de enero una sesión en la que su presidente, el empresario del sector energético César Zamora, dejó claro que están listos para una “negociación” con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para liberar a tres presos políticos asociados a la patronal nicaragüense. De acuerdo a una “Ayuda memoria” de la reunión en poder de DIVERGENTES, Zamora insistió que “los diálogos sí han funcionado”, ya que como “resultado” han sido “liberados presos”. 

“Hoy tenemos que hablar de una negociación, diálogo, encuentro, todo debido a tres amigos que están desesperados y nos debemos a ellos”, dijo Zamora, según consta en la “Ayuda memoria”. A quienes se refiere el presidente del Cosep son a los expresidentes de la organización José Adán Aguerri y Michael Healy, y Álvaro Vargas. 

El documento relata que Zamora fue informado que el viernes 21 de enero de 2022, a las 4:00 p.m., se dio la audiencia judicial en el Complejo Judicial de los tres empresarios, quienes “pasaron a juicio oral y público”, y los “liberaron de la acusación de Lavado de Dinero”. “Únicamente quedan acusados del menoscabo a la integridad nacional (…) El abogado Enrique Genie y don César Zamora tuvieron oportunidad de conversar con don Michael, José Adán y don Álvaro, y les comunicaron que Cosep y sus cámaras estamos con ellos. Piden que se les ayude. En la conversación le informaron que César Zamora y Alfredo Cuadra estaban coordinados con Cosep”. 

Zamora no contestó ni las llamadas ni mensajes de DIVERGENTES para hablar sobre este tema. Esta redacción también se comunicó con una fuente cercana a la familia de Healy, Aguerri y Vargas, y le consultó sobre la anulación del cargo de lavado de dinero. “Ellos están siendo acusados por el mismo delito que los demás presos políticos (menoscabo a la integridad nacional)”, detalló la fuente.

DIVERGENTES pudo confirmar, a partir de los metadatos del documento, que la “Ayuda memoria” fue redactada por una integrante de Cosep, cuyo nombre figura en varias publicaciones y actividades empresariales.

El actual presidente del Cosep, el empresario César Zamora con Laureano Ortega-Murillo. Cortesía Presidencia.

Al informar el encuentro con los tres presos políticos, Zamora dijo que “hay un ambiente fuerte contra el sector privado, hay muy poca disposición para hacer el diálogo”. El presidente de la patronal se refiere a las críticas que han surgido de regresar a una mesa de diálogo con Ortega sin pedir la liberación total y sin concesiones de los presos políticos, quienes sufren torturas y malos tratos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como “El Chipote”. 

Según fuentes políticas, hay familias y presos políticos que rechazan un diálogo con el gobierno que “implique borrón y cuenta nueva”, tal como propuso Ortega en su toma de posesión el pasado 10 de enero. Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, dijo que ellos como familiares «están luchando por la liberación absoluta, inmediata y con garantías de todas las personas presas políticas». Además, pide la nulidad de todos los juicios y el restablecimiento de todas las libertades para los nicaragüenses. «Creemos que cualquier proceso de diálogo y negociación tiene que haber pasado por esa liberación incondicional de todos, sino no es libertad». Según Álvarez, esta es la única forma de garantizar que no se vuelvan a repetir los presos políticos en las cárceles. «Además de esta liberación, pedimos justicia sin impunidad en Nicaragua», agregó. «Mientras exista una persona presa política en las celdas, es demasiado».

No obstante, hace dos días un grupo de 27 familiares de presos políticos hicieron un llamado a “los gobernantes, fuerzas vivas de la nación y a la Iglesia católica” para que “encabecen un proceso de unificación ciudadana”, con el fin de liberar a los 170 reos detenidos por razones políticas. 

“Ante esta situación, apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mútua que por siglos nos ha dividido”, aseguraron los familiares en una conferencia de prensa. 

En la lectura de la carta estuvieron familiares de Pedro Joaquín Chamorro Barrios, José Adán Aguerri, Arturo Cruz, Lesther Alemán, Francisco Aguirre Sacasa, William Caldera Navarrete, Mauricio Díaz Dávila, Marcos Fletes, Walter Gómez, Violeta Granera, Samantha Jirón, Max Jerez, Medardo Mairena, Pedro Mena, Miguel Mendoza, Néstor Montealto Núñez, María Oviedo, José Pallais, Yader Parajón, José Antonio Peraza, Róger Reyes, Fanor Alejandro Ramos, Richard Saavedra Cedeño, Víctor Hugo Tinoco, Pedro Vásquez Cortedano y Freddy Navas.

“Indiscutiblemente todos anhelamos una paz duradera y unidad genuina, pero esa paz y unidad nos van a eludir mientras no se dé la liberación de nuestros 170 presos”, aseguró Martha Urcuyo de Chamorro, esposa de Chamorro Barrios durante la lectura. 

En anteriores ocasiones los procesos de liberación de presos políticos surgieron en medio de diálogos y mesas de negociación entre el régimen, empresarios y algunos actores de oposición. Sin embargo, la mayoría de los interlocutores que participaron en conversaciones con la dictadura están detenidos. Una parte de la oposición mira con resquemor estos procesos y ha decidido mantenerse al margen, incluso la misma Iglesia quien fungió como intermediaria en el primer diálogo nacional que fracasó en 2018. En los últimos meses, funcionarios sandinistas han hecho alusión a posibles nuevos acercamientos con actores todavía desconocidos. Uno de ellos fue el diputado Wálmaro Gutiérrez quien, en octubre pasado, aseguró que, tras la toma de posesión de los Ortega-Murillo, “se abre un gran diálogo nacional, donde van a caber todos”. 

Para algunos especialistas, un nuevo diálogo nacional buscaría “validar la farsa electoral” que el régimen llevó a cabo el siete de noviembre, en la que no participaron los candidatos de la oposición, pues casi todos fueron encarcelados a mediados de 2021. 

Iglesia y CxL anuentes, según Cosep

Un cartel que demanda la liberación de los presos políticos. EFE

Uno de los empresarios en la reunión del Cosep dijo que “debemos ver cómo hacer el diálogo porque esa es la salida”. Mientras que Zamora reveló que han expresado a estar dispuesto al diálogo: la Cámara de Comercio de Nicaragua, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Iglesia y además familiares de los presos. “Estamos con un interlocutor bien complejo”, reconocieron en la reunión los empresarios.  

Al ser consultados sobre su anuencia al diálogo, el vicepresidente del CxL, José Adán Bermúdez, lo negó. “No hombre, nada de eso es cierto. Bueno, que yo sepa”, dijo. Después de nuestra publicación, la presidenta nacional de CxL, Kitty Monterrey, publicó un tuit en el que negó la reunión con el Cosep. «Puedo asegurar que ni mi persona ni el Comite Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad hemos sostenido encuentro alguno con ellos (Cosep)», expresó Monterrey.

Después de la publicación de DIVERGENTES, el Cosep publicó un comunicado por la tarde confirmando que el miércoles 26 de enero su consejo directivo resolvió por unanimidad “considerar el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia”.

Según el Cosep, con esto están acogiendo el pronunciamiento que hicieron el pasado 25 de enero algunos familiares de los presos políticos. “Nos sumamos a este llamado llenos de esperanza, con la confianza de que apoye un proceso que unifique a toda la ciudadanía nicaragüense”.

El gremio empresarial se comprometió “de manera franca, a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones, que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación”.

Tras bambalinas políticas y empresariales, el tema del diálogo se está moviendo con fuerza desde hace algunas semanas. El 25 de enero, el diario La Prensa publicó unas declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt, quien afirmó que “se mantienen abiertos al diálogo con el régimen, siempre y cuando, los convoquen para tratar temas meramente económicos y no políticos”.

“Si a nosotros nos llaman para ver temas tributarios, creo que es una responsabilidad hacerlo; pero nosotros no vamos a un diálogo, porque no vamos a ir a dialogar temas meramente políticos. Nosotros vamos a dar nuestro punto de vista sobre temas económicos”, dijo Hilleprandt.

Entre 2008 y 2018 Daniel Ortega y los empresarios desarrollaron un modelo político y económico llamado “diálogo y consenso” en el que el gran capital adquirió grandes beneficios fiscales y económicos a cambio de su silencio cómplice mientras el mandatario destruía la institucionalidad del país. Al igual que la disposición que señaló Hilleprandt, el modelo se sustentaba en la necesidad de un entendimiento entre las partes público privadas para lograr mejores índices de crecimiento económico. Sin embargo, el apoyo de los privados sirvió para consolidar el modelo autoritario de Ortega y Murillo.

El gran capital, con el Cosep como intermediario, participaba en 43 instituciones estatales y dio el visto bueno en la legislación de 124 de 326 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional durante esa década. Es decir, tuvo incidencia en casi cuatro de 10 leyes que aprobaba el régimen.

La crisis de 2018 fracturó esta relación, a tal punto que el Cosep abandonó su incidencia en las instituciones estatales. Uno de los millonarios más grandes del país, Carlos Pellas, dijo el 30 de mayo de 2018, que “el modelo que traía el país se agotó”. Fue una declaración en el calor de las protestas y el mismo día que el régimen ejecutó la masacre del Día de las Madres, uno de los episodios más sangrientos de la represión.

Aguerri admitió que “los empresarios nos equivocamos con Daniel Ortega” y casi un año después sufrió un atentado, en el que un miembro de las turbas sandinistas disparó contra su vehículo.

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