Las instituciones estatales nicaragüenses finalizaron 2024 con uno de los períodos más grandes de omisión de informes anuales y privación de la información pública. Mientras que algunas de estas entidades pararon la divulgación de información hace algunos años, especialmente después del inicio de la crisis sociopolítica en 2018, otras detuvieron la divulgación de datos a partir de los despidos de funcionarios públicos a finales de 2023, y la reestructuración estatal que se dio a partir de estas “barridas”.
La falta de información oficial abarca temas fundamentales para el crecimiento general del país que van desde la seguridad ciudadana, salud pública, situación de la pobreza, las necesidades insatisfechas de la población, el estado de las viviendas, o las matrículas escolares. Además, la poca información disponible sobre las condiciones que vive el país cada vez es más desfasada y menos útil para hacer comparaciones, análisis o proyecciones.
Aunque la dictadura Ortega-Murillo ha mantenido una política de secretismo estatal y ocultamiento de la información oficial desde su llegada al poder hace 17 años, especialmente con aquellas instituciones subordinadas directamente a la Presidencia, el cese de la difusión de información se ha extendido a otras entidades del Estado independientes del Ejecutivo, indica la socióloga, Elvira Cuadra.
“Me refiero al Poder Judicial y a otras instituciones relacionadas. De tal manera que es bastante difícil encontrar datos de instituciones públicas que antes publicaban los anuarios, informes, reportes y mediciones estadísticas sobre temas que competen a la población”, explica.
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Poca información es brindada de forma desordenada
La información oficial sobre asuntos vitales para el país se limitan casi únicamente a los datos que la vocera del régimen, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador Daniel Ortega, brinda de manera desorganizada y sin ninguna planificación, a través de las televisoras bajo control de la dictadura.
También se pueden encontrar algunos datos en notas informativas de los canales oficialistas, pero que lejos de estar sistematizados y analizados, son presentados únicamente como parte de la propaganda política del régimen sobre su supuesta gestión eficiente, pese a que el Estado nicaragüense está obligado a rendir cuentas de su gestión de manera imparcial y hacer públicos los resultados de esta, de acuerdo con la Contraloría General de la República, instancia también sometida a Ortega y Murillo.
El objetivo de esta omisión de información y la distorsión de los pocos datos que brindan es presentar la administración Ortega-Murillo como eficaz, y a presentar una imagen del país en el que se encuentra en normalidad, señala Cuadra.
“Muchas de las instituciones manipulan los datos para dar a la población ideas falsas de que todo está bien y no existe crisis en el país. Es un sesgo muy grave y le quita toda la credibilidad a los datos que debería generar el Gobierno; que cabe destacar, se trata de un derecho fundamental la rendición de cuentas y a la transparencia en toda la gestión pública”, explica.
La recolección de estos datos por parte de instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Mined), el Instituto Nacional de Información (Inide), entre otras entidades que recogen información importante sobre el desarrollo nacional, son el fundamento de la formulación de las políticas públicas eficientes sobre las cuales el Estado nicaragüense se debería de basar para contrarrestar las problemáticas del desarrollo del país.
“Se necesita información rigurosa, real y constantemente renovada para formular buenas políticas públicas. Sin eso no se puede y es algo que no estamos viendo en Nicaragua”, indica Cuadra.
Sin embargo, no contar con datos públicos, veraces y actualizados sobre estos aspectos, no permite formular estas políticas públicas de forma pertinente y viable, ni fiscalizar su eficacia. Es decir, no se sabe bajo qué información el Estado de Nicaragua ejecuta sus programas, y con qué datos decide crear estrategias y planes. Además, la ciudadanía tampoco puede darles seguimiento.
Falta de datos permite construir narrativas falsas
Por su parte, el sociólogo e investigador Juan Carlos Gutiérrez, advierte que la dictadura también aprovecha esta falta de información para construir narrativas falsas sobre asuntos medulares como la seguridad ciudadana, en la que aseguran que hay una disminución de criminalidad, pero sin presentar alguna documentación que lo compruebe.
La última información que existe en el país sobre el estado de la seguridad nacional data de casi cuatro años, ya que la última vez que la Policía Nacional publicó su Anuario Estadístico fue en 2021.
Este anuario incluía 44 indicadores sobre la seguridad nacional, en el que contenía la cantidad de denuncias realizadas por año, la variación y comportamiento histórico de estas, así como la respuesta policial a esas denuncias.
También registraba la actividad delictiva nacional y departamental, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, la tasa de robos con intimidación, el riesgo de ser víctima de delincuencia y los delitos de mayor frecuencia e impacto social, así como otros tipos de violencia ocurridos en el país.
Añadía otros temas como el comportamiento de los accidentes de tránsito, el número de suicidios por año, las características de estos y datos sobre la violencia intrafamiliar y sexual. Sin embargo, ahora la Policía Nacional se limita a brindar conferencias semanales o quincenales e informan sobre supuestos logros en materia de seguridad.
“Esconder ese tipo de datos permite construir inventos sobre estabilidad y seguridad. Al final, la gente al final construye una perspectiva de la realidad dividida y contrastada entre lo que viven y lo que escuchan de las noticias oficialistas”, manifiesta Gutiérrez.
El sociólogo destaca que la nula actualización de esto será un problema en un futuro, ya que no se podrán hacer comparaciones y estimaciones del comportamiento de la inseguridad ciudadana.
Más instituciones dejan de publicar informes
Las instituciones circunscritas al Poder Judicial también fueron de las que se unieron a la privación de información pública este 2024. Si bien esta instancia ya había detenido poco a poco la divulgación de documentos, como la Memoria Institucional —cuya última publicación fue en 2021—, que registra todas las causas judiciales realizadas por año y a las personas usuarias y funcionarias involucradas, entidades como el Instituto de Medicina Legal (IML), que publicaba sus boletines y anuarios regularmente, también se detuvieron.
Después de casi cuatro años sin información sistematizada por parte de la Policía Nacional, los boletines y anuarios del IML eran la única fuente oficial de información para monitorear la situación de violencia que vive la población, a través del registro de los peritajes médicos legales.
A raíz de la persecución que ejecutó el régimen Ortega-Murillo contra sus propios funcionarios pertenecientes al Poder Judicial a finales de 2023, la institución detuvo la producción de sus notas informativas y la publicación de sus informes, dejando sin actualizar su anuario, cuya última publicación fue en 2022, y dejando difundir boletines en todo 2024.
Los boletines del IML reflejaban que las mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia, ya que encabezaban tres de los cuatros tipos de violencia analizados por la institución, entre ellos, lesiones físicas dentro de la familia, violencia sexual y lesiones psíquicas.
Mientras, los anuarios contenían información más detallada de los peritajes médicos legales contemplados en los boletines mensuales, que brindaba datos importantes, tanto de las víctimas como de los agresores. Estos documentos también contemplaban el registro de otros tipos de muertes y violencias.
“Eso implica que no sabemos la dimensión de los tipos de muertes accidentales, por homicidio, suicidio o asesinatos que están ocurriendo en el país”, señala Gutiérrez.
De acuerdo con Gutiérrez, la ausencia de los informes del IML conlleva a que se carezca de elementos comprobables para establecer juicios sobre la eficiencia y transparencia de las investigaciones forenses.
“El secretismo político no va a lograr tapar los huecos que está ausencia de datos crea”, señala Gutiérrez. Sin embargo, advierte que la desactualización de estos datos permite al régimen Ortega-Murillo presentar mensajes a nivel internacional sobre un estado del país que no es real.
Los datos oficiales brindados por las instituciones estatales se utilizan en los análisis comparados de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que dan seguimiento a las estadísticas globales.
“Por ejemplo, ponen en comparación los datos de homicidio entre los que genera Costa Rica y los que genera Nicaragua, pero en la realidad no es así porque hay una opacidad de los datos que surgen de Nicaragua. Por tanto, no puede ser fácilmente comparable”, explica.
Instituciones no cumplen sus funciones
Otra forma de manipulación de la información pública por parte de la dictadura es a través de la publicación excesivamente tardía de informes, ya que los datos presentados sobre los aspectos abordados no son simultáneos con la realidad. O con la realización de estudios que tienen una gran diferencia de tiempo entre uno y otro.
Gutiérrez pone de ejemplo el Censo de Población y Vivienda, el cual casi cumple dos décadas de no actualizarse. Aunque la dictadura realizó la ejecución de este censo en abril de este año, no ha publicado los resultados finales.
La privación de esta información impide tener claridad acerca de la población con la que cuenta Nicaragua, sus características socioeconómicas, sus desafíos y oportunidades de desarrollo. “Es como que el Estado trabaje a ciegas”, dice.
A pesar que el propósito del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) es precisamente brindar acceso a la ciudadanía sobre la información pública, la institución ha perdido el carácter y uso que debería de tener para que un Estado responsable tenga medición sobre las políticas públicas que formula e implementa.