Tras el golpe de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo al Poder Judicial, ocho meses han transcurrido desde que el Instituto de Medicina Legal (IML) actualizó sus boletines. Estos contenían los únicos datos oficiales sobre las estadísticas de violencia en Nicaragua.
Ante el cierre masivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, actualmente no existen otras fuentes que lleven este registro. El IML era la única institución que todavía brindaba esta información, pues los anuarios estadísticos de la Policía Nacional, que eran otra fuente que emitía datos sobre la violencia, dejaron de publicarlos desde 2021.
Defensoras de derechos humanos consultadas por DIVERGENTES en anonimato, temen que la discontinuidad de los boletines del IML sea indefinida, ya que no habría datos sobre estadísticas de violencia en el país y porque pueden tener un impacto negativo en la respuesta del Estado ante esta problemática.
“Estos registros son muy importantes, porque brindan un panorama de cómo está la situación de violencia contra las mujeres. Si no hay información, habrá un impacto en las estrategias nacionales para acabar con la violencia. Si antes no había estrategias efectivas para prevenir la violencia, aún teniendo los registros, será mucho difícil sin un análisis de esta información”, explica Ligia, defensora y socióloga.
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Desde la destitución de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, ocurrida en octubre de 2023, así como los despidos y detenciones de otros funcionarios del CSJ y otras instituciones del Poder Judicial, ninguna página web del Poder Judicial ha sido actualizada.
La última publicación emitida por este poder del Estado fue el 13 de noviembre de 2023, pese a que era uno de los sitios web institucionales más activos y en el que más se difundía propaganda política de la dictadura.
Por su parte, el sitio web del IML, que igualmente solía ser bastante activo, publicó su última noticia hace 10 meses ―el 11 de octubre de 2023― y subió el último boletín el pasado diciembre.
El anuario de 2023 del IML, el cual contiene información más detallada de los peritajes médicos legales contemplados en los boletines mensuales, tampoco ha sido publicado hasta la fecha.
Mujeres y niñas principales víctimas de violencia machista
Los boletines de esta institución reflejan que las mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia en el país, ya que la mayoría de los peritajes médicos legales eran realizados a ellas, a un promedio de tres de los cuatro tipos de violencia analizados por el IML, precisamente lesiones físicas dentro de la familia, violencia sexual y lesiones psíquicas.
De los 8363 peritajes médicos legales por lesiones físicas por violencia dentro de la familia realizados en 2023, el 81.2% fueron realizados a mujeres (6797 peritajes). La mayoría de los agresores fueron las parejas de las mujeres, seguido de exparejas y parientes cercanos, como los padres.
La violencia sexual es la principal que sufren las menores de edad. El año pasado, el IML registró 5 361 peritajes por esta violencia, de la cuales el 72.3% fueron únicamente a niñas y adolescentes, sin contar a mujeres adultas. Los principales agresores fueron personas cercanas a la víctima como conocidos, familiares y novios.
Las lesiones psíquicas es la violencia que más registra peritajes a mujeres, con 17 441 casos de los 21 350 realizados en 2023. Según el IML, las principales víctimas de lesiones psíquicas, son víctimas de violencia dentro de la familia, seguido de la violencia sexual. Las amas de casas y las estudiantes son las más denuncian esta lesión.
Las lesiones físicas por violencia fuera de la familia es el único peritaje realizado principalmente a hombres, cuyas lesiones se dan primordialmente por violencia vecinal y accidentes de tránsito.
Mayte, defensora feminista y psicológica que solicitó el anonimato, indica que el régimen Ortega-Murillo siempre ha tenido una política de secretismo, pero con la situación de violencia contra las mujeres ha sido peor.
Por ejemplo, el Estado nicaragüense no tiene un registro oficial de femicidios, intentos de femicidios o alertas de personas desaparecidas, a diferencia de otros países que sí tienen estos datos de forma oficial y pública.
Organizaciones que llevaban registros de violencia machista fueron cerradas
Las organizaciones de mujeres han sido son las únicas instancias que han documentado estas formas de violencia, con denuncias realizadas por la misma población. Sin embargo, muchas de estas han sido canceladas por el régimen Ortega-Murillo o han tenido que disolverse.
Una de las organizaciones que llevaba un registro de mujeres y niñas reportadas como desaparecidas era la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila, que hasta 2022 dejó el registro debido a la falta de recursos.
Hasta la fecha, Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) es la única organización no gubernamental que lleva un conteo de femicidios a través de lo que reportan los medios de comunicación. El número de muertes violentas de mujeres durante este año se eleva a 52 hasta la segunda semana de agosto.
Si bien las instituciones estatales siempre han sido herméticas respecto a la información que recaban, siempre han guardado silencio frente a los datos relacionados a la violencia machista. Si los boletines del IML no vuelven a ser actualizados, la violencia machista será una epidemia silenciosa, que seguirá ocurriendo, pero de la que no se tendrán datos. “Ya no se podrá monitorear la violencia”, señala Mayte.
“La poca información que el Estado brindaba, daba elementos para la denuncia de un Estado negligente ante los derechos humanos y la seguridad de las mujeres y la niñez. Esto nos evidenciaba el mal trabajo investigativo de las instituciones, de las irregularidades en los procesos judiciales y el poco interés en la prevención de la violencia, para evitar las agresiones de los hombres”, expresa Mayte.
“No solo nos quedamos sin los números, sino también sin el análisis para entender la violencia machista en este país, para ver un mínimo de las investigaciones que se hacen. Es una muestra de lo poco que a este Estado le importa la vida y la seguridad de las mujeres, que ya ni siquiera se registra y no pasan informes”, agrega.
Aunque la Policía Nacional en sus conferencias semanales sobre los “éxitos” de sus planes de seguridad exponen algunas cifras de denuncias por violencia y de detenciones de agresores, estos datos no son sistematizados o desagregados, ni organizados de alguna manera que puedan ser analizados de forma apropiada.
Compactación del Estado afecta trabajo de las instituciones
Marvin Aguilar, quien asumió la “presidencia en funciones” de la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Alba Luz Ramos, fue destituido meses más tarde de su irregular nombramiento. Divergentes | Archivo
Mayte señala que una de las razones por las cuales el IML ya no brinda información es porque forma parte de la práctica de secretismo del régimen Ortega-Murillo, para no brindar cuentas sobre la situación de seguridad de las mujeres a nivel nacional, ni internacional.
Sin embargo, también es una consecuencia del desmantelamiento del Poder Judicial, y en general, de la purga desatada por la dictadura en el Estado en los últimos meses. “Esto está relacionado a los despidos masivos, las barridas dentro del Estado y esto afecta enormemente a los hogares nicaragüenses”, expone.
El pasado 12 de agosto, el régimen Ortega-Murillo por medio de un comunicado advirtió que habría una reorganización dentro de las instituciones para “generar mayor disponibilidad de recursos del Presupuesto General de la República”, lo que en realidad se ha traducido en cientos de despidos de diferentes instancias estatales.
Por su parte, Ligia señala que las reestructuraciones están afectando a las mujeres. “Hay un hermetismo exacerbado dentro del país. Si antes no le daban respuesta a las mujeres, ahora menos. En la actualidad, sabemos que ni siquiera están respondiendo otros casos mínimos como robos o abigeato. Con estos cambios, no hay quien registre”, expresa.