El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció por medio de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el retiro de Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre inmediato de su representación en el país.
La medida fue comunicada en una carta enviada al director general de la FAO, Qu Dongyu, fechada el 3 de febrero de 2025. La dictadura argumentó que la decisión responde a la publicación del informe “El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024”, el cual, según el régimen, contiene “información falsa y carece de objetividad y rigor metodológico”.
Las autoridades sandinistas calificaron el documento como “injerencista, agresivo y malintencionado con fines políticos”. Según la carta firmada por el canciller Valdrack Jaentschke, el informe de la FAO presentó datos sobre Nicaragua que no fueron “consultados ni validados por las instituciones nacionales, lo que constituye una violación a la soberanía del país”. En este sentido, el Gobierno orteguista denunció que el organismo internacional incumplió con la obligación de obtener el consentimiento previo del Estado antes de divulgar información oficial.
La carta enviada a la FAO enfatiza que la publicación del informe es utilizada para “desprestigiar al Gobierno de Daniel Ortega y sus políticas de lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y la seguridad alimentaria” y afirma que la postura del organismo multilateral es “inaceptable, inadmisible e irrespetuosa”.
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La decisión de Nicaragua de expulsar a la FAO se suma a una serie de acciones gubernamentales contra organismos internacionales en los últimos años. Varias entidades de la ONU y ONG extranjeras han sido expulsadas o han visto limitadas sus operaciones en el país, bajo acusaciones similares del régimen de injerencia en asuntos internos.
Hasta el momento, la FAO no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a la decisión de Nicaragua. Sin embargo, la expulsión del organismo podría tener repercusiones en la cooperación internacional y en los programas de apoyo a la seguridad alimentaria que la FAO implementa en el país.
Irónicamente, el organismo en su sitio referido al capítulo de Nicaragua establece que “la soberanía y seguridad alimentaria es un eje transversal con todos los planes de desarrollo de Nicaragua, y es de los pocos países que cuenta con una ley de Soberanía y Seguridad alimentaria, la cual contó con la asistencia técnica de la FAO”.