En otro retorcido e insólito acto jurídico, la Fiscalía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo citó a periodistas y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios a una entrevista por el supuesto lavado de dinero en el caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y luego, al salir del Ministerio Público, lo hicieron en calidad de imputados.
Eso fue lo que le sucedió a la corresponsal de Univision, María Lilly Delgado, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, estos dos últimos extrabajadores de la Fundación Violeta, clausurada en febrero pasado debido a la ley de Agentes Extranjeros aprobada por el gobierno.
De acuerdo a los ahora imputados, los fiscales a cargo del caso les dijeron que habían sido citado en calidad de “testigos”. Sin embargo, cuando Delgado y compañía pidieron que sus abogados los acompañaran en la entrevista, en un tono exaltado los fiscales se lo prohibieron. Alegaron que si los abogados los acompañaban, automáticamente se convertirían en imputados.
La periodista de Univision y extrabajadores de la Fundación Violeta se negaron a pasar solos a la entrevista, y desde ese momento la citatoria se tensó. “Se nos informó en la recepción que estábamos en calidad de testigos. Según ellos, de acuerdo al marco jurídico no iban a permitir que ingresara con mi abogado. Nos dijeron que si insistíamos en que nuestros abogados estuvieran ahí, nos iban a cambiar la situación de testigos a investigados”, informó María Lilly Delgado. “La fiscal que está viendo el caso nos dijo que es posible que nos vuelvan a citar. Yo soy reportera como ustedes y vengo aquí con mi coraza que es la verdad”.
Los abogados recomendaron a Delgado y a los extrabajadores de la Fundación Violeta invocar el artículo 34 de la Constitución Política, que establece que tienen derecho a una tutela jurídica efectiva y a no declarar contra sí mismos. Lourdes Arroliga catalogó la situación como “completamente irregular”, porque al convertirlos ahora en imputados, no saben qué delito les achacan. Denunciaron también que los fiscales les hicieron firmar una declaración jurada, pero no les entregaron copia.
Astrid Valencia, investigadora encargada del organismo Amnistía Internacional para Nicaragua, dijo que la estrategia represiva de Daniel Ortega se ha caracterizado por realizar ataques permanentes y continuos a la libertad de prensa. “Recientemente hemos tomado notas de hechos de intimidación, acoso, la reciente confiscación de nuevo de los bienes de Confidencial, y esto significa que Ortega no se va a detener en sus ataques al periodismo nicaragüense y no va a permitir que se ejerza la libertad de prensa.
Valencia resaltó que las citas de los periodistas a la Fiscalía es una nueva forma de intimidar, amedrentar y silenciar a los medios independientes en Nicaragua. “Las respuesta de los medios de comunicación ante la embestida de Daniel Ortega ha sido seguir haciendo periodismo”, agregó Valencia.
La investigadora dijo que la comunidad internacional debe continuar con esfuerzos sólidos, robustos, para que el gobierno de Daniel Ortega detenga la represión en este contexto electoral, “donde la estrategia represiva se ha intensificado, diversificado y todo indica que continuará durante todo el ambiente pre electoral”.
Valencia dijo que el mundo espera seguir informado por el valiente gremio de periodistas nicaragüenses. “Son momentos difíciles, la hostilidad y la represión directa hacia el periodismo nicaragüense se mantienen sin tregua”, agregó.
La citatoria de Delgado estuvo marcada por la fuerte presencia de policías de las fuerzas especiales de la policía.
Más periodistas citados
Para la tarde de este martes se prevé que acudan a la Fiscalía la exdirectora ejecutiva del confiscado Canal 100% Noticias, Verónica Chávez, y el propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla. También se conoció que las citatorias contra periodistas se siguen extendiendo. Roberto Mora, periodista de la emisora ABC Stereo de Estelí, fue convocado por los fiscales sandinistas este miércoles. El comentarista Jaime Arellano fue llamado de igual forma.
La corresponsal de Univision Noticias dijo que estas citatorias que los vinculan con el supuesto caso de lavado de dinero de Cristiana Chamorro están dentro de un plan del gobierno para silenciar y para intimidar todo tipo de voz crítica. “Todo tipo de voz que denuncie la crisis que vive Nicaragua, las sistemáticas violaciones de derechos humanos”, sostuvo Delgado.
El operador político sandinista, William Grisbsby, en su programa radial Sin Fronteras amenazó el pasado viernes que “la revolución lo que está haciendo es desmantelando el aparato propagandístico y organizativo de Estados Unidos para torpedear las elecciones”. Agregó que la “idea es golpear el aparato de los Chamorro para dejarlo inutilizable”.
Pedro Vaca, relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que “cuesta creer que en un Estado democrático de derecho, la Fiscalía cite a periodistas en una causa por ‘lavado de dinero’ de un día para otro”. Agregó que: “Nicaragua sufre un descomunal atropello a las libertades civiles.”
El exrelator de Libertad de Expresión para la (CIDH), Edison Lanzas, dijo que pareciera que en Nicaragua “todos los periodistas independientes y las organizaciones de la sociedad civil que no se achican son involucrados en procesos penales”.
En esta escalada contra la libertad de prensa sobresale la segunda confiscación y asalto de la redacción de Confidencial en menos de tres años. Cristiana Chamorro también denunció este lunes que la dictadura le ha congelado sus cuentas bancarias y ha levantado sigilo bancario. “Rechazo y denuncio esta arbitrariedad”, escribió en su cuenta de Twitter.
Cristiana Chamorro acudió la semana pasada a Gobernación y a la Fiscalía a presentar la documentación legal que, según ella, contradice el caso de lavado de dinero. La ex directora de la Fundación Violeta cataloga el caso “como una monstruosidad jurídica” en su contra, y sostiene que ha sido diseñado para inhibirla como candidata presidencial, quien goza de mayores simpatías en las encuestas.
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