La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó este martes la legalización de “agentes encubiertos digitales” que serán utilizados por la Policía y la Fiscalía para intervenir dispositivos electrónicos de los imputados en procesos penales con la autorización de un juzgado. La Asociación de Periodistas, expertos en derecho y diputados de la oposición mostraron preocupación por la reforma al Código Procesal Penal, ya que temen que sirva como una forma de legalizar el espionaje gubernamental. Lo más alarmante es que la medida es adoptada semanas después que medios de comunicación independientes denunciaron espionaje masivo con el programa israleí Pegasus. Si bien no se ha podido atribuir al responsable del espionaje de reporteros y hasta miembros del partido oficial, la empresa NSO Group ha dejado claro que el software solo “es vendido a gobiernos”.
La reforma al Código agrega cinco nuevos artículos que otorgan nuevas facultades a la Policía y a la Fiscalía para celebrar acuerdos públicos o privados con otros países, para recibir y documentar información sobre supuestos hechos delictivos. También incluye un apartado de medidas cautelares a través del cual el juez del caso podrá ordenar la restricción o el bloqueo de cuentas, perfiles o sitios de internet y el aseguramiento de la información ahí contenida.
Esta reforma se da luego de que un peritaje realizado por Citizen Lab y Acces Now confirmaran la intervención telefónica a 35 periodistas y miembros de organizaciones civiles, a través del programa Pegasus, un software que solo es vendido por la agencia israelí NSO Group a los gobiernos. Según el informe, la intervención afectó a integrantes de los medios de comunicación salvadoreños El Faro, La Prensa Gráfica, Gato Encerrado, Diario El Mundo, El Diario de Hoy y Revista Disruptiva.
César Castro Faoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), considera que esta reforma es atentatoria al ejercicio periodístico y abre las puertas para que la persecución a periodistas sea mayor.
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“Lo que nos preocupa son los abusos de la Fiscalía, porque no es ningún secreto que responden a la casa presidencial. También que lo que la Policía pueda hacer con estas investigaciones”, dijo Castro Faoaga en conferencia de prensa.
Fagoaga señaló que la reforma no establece por cuánto tiempo ni por qué delitos la Fiscalía y la Policía podrán usar a sus “agentes digitales encubiertos”. Además, señaló que la reforma podría ser inconstitucional, porque el artículo 24 de la Constitución salvadoreña prohíbe las intervención de las telecomunicaciones.
Principio constitucional violado
Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad y violencia, asegura que con la reforma se viola un principio constitucional que protege el derecho a la intimidad y a la libertad de expresión. “Esto abre un abanico de arbitrariedades en la medida de que no se establecen los límites, no se establecen controles y en un contexto en el que todo el sistema judicial está cooptado por el gobierno de Bukele, y su grupo deja en un gran nivel de protección a cualquier ciudadano”, agregó.
Aguilar considera que esta reforma es un retroceso en materia penal y lamentó que no se respeten las reformas que abrieron paso a procesos judiciales más garantistas, que fueron implementados luego de los Acuerdos de Paz. “Alineados todos los operadores del sistema y sin contrapesos esto queda a voluntad del ejecutivo y su grupo”, remarcó.
La experta en temas de seguridad también planteó un retroceso significativo en los derechos y garantías fundamentales que rigen el debido proceso penal y dijo que la reforma entra en conflicto con el marco internacional de derechos humanos.
Juan Pappier, investigador de la División de las Américas de Humans Rights Watch reaccionó con preocupación a la aprobación de la reforma: “Nos preocupan las facultades amplias que se otorgan a la Fiscalía, incluyendo para emplear agentes encubiertos digitales”.
Diputados de oposición cierran filas
La reforma fue aprobada con 63 votos a favor del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). 17 legisladores de oposición votaron en contra en la Sesión Plenaria Ordinaria número 41. Durante la sesión, Walter Coto, diputado del partido promovido por Bukele, dijo que “los que se oponen a esta reforma al Código Procesal Penal, para regular la incorporación y producción de evidencia digital en los procesos judiciales, solamente son los delincuentes”.
Para la legisladora opositora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Anabel Belloso, la reforma busca legalizar el espionaje y subrayó que hay fuertes indicios e investigaciones periodísticas que han demostrado cómo se persigue a las voces incómodas al gobierno a través de las tecnologías de la información.
Por su parte, Claudia Ortíz, diputada del partido Vamos, dijo durante la sesión plenaria que no apoyaba la decisión de darle más poder al Estado para entrometerse en la privacidad de la ciudadanía, sobre todo cuando el gobierno está siendo señalado de violentar derechos humanos. “No podemos acompañar este tipo de reformas en un momento donde los ojos del mundo están viendo a un país que violenta a la libertad de prensa a través de prácticas de espionaje”, zanjó.
Antes de la votación, la fracción del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ya había sentado posición negando su voto a la reforma, al igual que el diputado Johnny Wright de Nuestro Tiempo.