La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) determinó este lunes que las políticas, actos y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “irrazonables” y constituyen una “carga o restricción al comercio estadounidense”, según una resolución emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La USTR concluyó que los abusos a los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, junto con el desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua, “imponen una carga o restricción al comercio de Estados Unidos”. Por ello, el documento declara que dichas prácticas son “accionables”, es decir, susceptibles de medidas de respuesta comercial.
“La Sección 301 autoriza al Representante Comercial a tomar todas las acciones apropiadas y viables, sujetas a la dirección del presidente, para lograr la eliminación de dichos actos, políticas y prácticas”, indica la resolución publicada en el Federal Register.
Basada en esta determinación, la oficina abrió un proceso de consulta pública hasta el 19 de noviembre de 2025 para recibir comentarios sobre un conjunto de medidas propuestas que podrían adoptarse “para obtener la eliminación de los actos, políticas y prácticas investigados”.
Entre las opciones planteadas por la USTR destacan:
- Suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR, incluyendo concesiones arancelarias y el reconocimiento del contenido nicaragüense en los intercambios con otros socios del tratado.
- Suspender parcialmente los beneficios del CAFTA-DR, limitando el impacto a ciertos sectores.
- Aplicar aranceles de hasta 100 % a todas las importaciones nicaragüenses, de inmediato o gradualmente durante un periodo de hasta doce meses.
- Imponer aranceles de hasta 100 % a sectores específicos, con implementación escalonada en el mismo periodo.
“Con base en la información anterior, la USTR puede solicitar comentarios públicos sobre un rango de acciones propuestas para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas investigados”, dice el texto oficial.
Una fuente cercana al entorno de Washington relató a DIVERGENTES que Estados Unidos ha estado negociando aranceles con países de la región sin la participación de Nicaragua. Eso, dice la fuente, apunta a una posible suspensión de Nicaragua de los beneficios con su principal socio comercial, es decir Estados Unidos.
La resolución de la USTR se produce meses después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitara Costa Rica y declarara que la administración de Donald Trump mantiene “sobre la mesa” la posibilidad de remover a Nicaragua del CAFTA-DR, un tratado que —según dijo— “fue concebido para premiar a la democracia”. En una conferencia conjunta con el presidente Rodrigo Chaves, Rubio advirtió que Washington aún estaba evaluando “qué papel debe tener Nicaragua dentro de un acuerdo comercial que no puede beneficiar a una dictadura”. El funcionario también calificó a los regímenes de Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel como “enemigos de la humanidad”, al responsabilizarlos de provocar la crisis migratoria regional.
El cierre de una investigación iniciada en 2024
Esta determinación cierra una investigación iniciada el 10 de diciembre de 2024 durante la administración de Joe Biden. Ese proceso recopiló más de 160 comentarios públicos y testimonios de expertos, organizaciones y ciudadanos, además de evidencia sobre “violaciones graves a los derechos humanos”, que la USTR remitió al Departamento de Estado “para su investigación, acción y promoción de medidas” en esos casos.
“La Representante Comercial de Estados Unidos ha determinado que los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el Estado de derecho son irrazonables y constituyen una carga o restricción al comercio estadounidense”, concluye el informe.
Estados Unidos representa el 55 % de las exportaciones nicaragüenses, con una fuerte dependencia del CAFTA-DR, en vigor desde 2006. Los sectores textil, agrícola y agroindustrial serían los más afectados por cualquier suspensión o aumento arancelario.
“Si Washington aplica una de estas medidas, Nicaragua enfrentará una contracción inmediata de su balanza comercial”, advierte un economista consultado por DIVERGENTES. La resolución también tiene una dimensión política: fue firmada en los últimos meses del gobierno de Biden, pero la implementación recaerá en el presidente Donald Trump.
La Sección 301 le otorga al mandatario amplios poderes para aplicar “todas las acciones apropiadas y factibles” que considere necesarias para eliminar las prácticas señaladas.
A diferencia de las sanciones individuales impuestas en años recientes, esta resolución tiene alcance estructural: busca presionar al régimen desde el comercio, no solo desde los derechos humanos.
Más allá del impacto económico, el mensaje de Washington es inequívoco: “Las prácticas del Gobierno de Nicaragua son injustificables, irrazonables y discriminatorias, y representan una carga para el comercio de Estados Unidos”, insiste el informe.
Para la USTR, los abusos de Ortega y Murillo “no solo violan derechos humanos fundamentales”, sino que “socavan la competencia leal y desestabilizan la región centroamericana”.