La estrategia de presión de la administración estadounidense ha dado un giro táctico. Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cinco piezas fundamentales del esquema de control social y financiero en Nicaragua. A diferencia de rondas anteriores centradas en el círculo familiar, estas designaciones impactan la operatividad de agencias clave: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), TELCOR, el Ministerio del Trabajo y la Inteligencia Militar.
El golpe a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es, quizás, el más significativo en términos de asfixia económica. La OFAC designó a su director, Denis Membreño Rivas, y a su subdirector, Aldo Sáenz Ulloa. Según el Tesoro, bajo su mando, la UAF ha dejado de perseguir el lavado de dinero real para convertirse en una “armas de persecución patrimonial”.
La UAF es la entidad que facilita el congelamiento de cuentas y la confiscación de bienes de opositores, ONGs y voces críticas, utilizando el sistema bancario como un garrote político. En el contexto regional, este uso instrumental de las leyes contra el blanqueo de capitales ha sido denunciado por organismos como el GAFI, pero en Nicaragua se ha normalizado como parte del “ajuste dinástico”.
La sanción a Celia Margarita Reyes Ochoa, subdirectora de TELCOR, refleja la preocupación de Washington por la vigilancia digital. TELCOR no solo ha revocado licencias a medios locales, sino que ha operado como el “gran hermano” que monitorea el tráfico de datos y las comunicaciones de los ciudadanos, un modelo de control que se asemeja cada vez más a los sistemas de vigilancia de regímenes autoritarios fuera del continente.
A esta designación se suma además la referencia a Nahima Janett Díaz Flores, quien ya había sido sancionada por Estados Unidos el 9 de enero de 2022 bajo la misma autoridad legal de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por su papel como directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
En ese momento, Washington incluyó a Díaz en la lista de Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) por ser funcionaria del gobierno de Nicaragua y por su supuesta participación en actividades que facilitaron la represión política y el control de la información en el país.
Díaz es hija del primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, director de la Policía Nacional y consuegro del presidente Daniel Ortega, lo que la ubica dentro de una red familiar estrechamente vinculada con el núcleo de poder del régimen.
Bajo su dirección, TELCOR —el ente regulador de las telecomunicaciones y servicios postales en Nicaragua— fue señalado por Estados Unidos, la Unión Europea y terceros por servir como herramienta de vigilancia estatal y represión de voces disidentes, participando en la retirada de licencias a medios independientes, la censura de emisoras y el uso de redes de “trolls” para influir en la opinión pública y acosar a adversarios políticos.
La inclusión del General de Brigada Leonel José Gutiérrez López, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, confirma que el Ejército de Nicaragua sigue bajo la lupa. La inteligencia militar ha sido señalada por la oposición en el exilio de realizar espionaje político y amenazas directas contra activistas, desvirtuando su labor de seguridad nacional.
El control del empleo público como castigo
La sanción a la ministra del Trabajo, Johana Vanesa Flores Jiménez, pone el foco en la instrumentalización del Estado nicaragüense. Desde 2024, el Ministerio del Trabajo ha sido la entidad encargada de ejecutar las “purgas” de empleados públicos sospechosos de deslealtad, un mecanismo de control social que mantiene a miles de familias bajo la amenaza del hambre si no demuestran obediencia absoluta al partido.
“La dictadura de los Ortega-Murillo continúa su campaña de represión y tiranía para intimidar y sofocar a los opositores”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estas sanciones envían un mensaje claro a Centroamérica: la colaboración con el aparato represivo nicaragüense conlleva riesgos financieros sistémicos. Para los bancos de la región, operar con instituciones ligadas a los sancionados hoy representa una amenaza de “sanciones secundarias”, lo que profundiza el aislamiento financiero de Managua en el istmo.
Las designaciones de hoy se suman a una nueva oleada de acciones unilaterales de Estados Unidos contra altos funcionarios del régimen nicaragüense y a la presión sostenida que Washington ha venido ejerciendo sobre Managua.
La semana pasada el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la designación del director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su supuesta implicación en graves violaciones de derechos humanos contra presos políticos y reiteró la exigencia de la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por razones políticas en el país, advirtiendo que el gobierno sandinista —al que ha calificado como “dictadura Murillo-Ortega”— seguirá siendo objeto de medidas individuales orientadas a restringir el acceso a Estados Unidos y a aumentar el aislamiento diplomático de sus líderes. Estas acciones se inscriben en una estrategia más amplia de Washington para responsabilizar al círculo oficialista por abusos, represión y falta de libertades en Nicaragua.