El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha designado este miércoles al director de Máxima Seguridad de la cárcel La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, por “su participación en una violación grave de derechos humanos contra un preso político”. Es decir, se trata de una sanción, pero diferente a las que ha impuesto a otros funcionarios sandinistas el Departamento de Tesoro.
En este caso, una designación es un acto formal mediante el cual el Secretario de Estado identifica públicamente a una persona u organización bajo una autoridad legal específica, lo que activa consecuencias jurídicas automáticas, como restricciones migratorias, prohibiciones de transacciones y, en ciertos casos, el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense.
A diferencia de las sanciones tradicionales del Departamento del Tesoro —que suelen centrarse en congelamiento de activos y restricciones financieras a través de la OFAC—, estas designaciones pueden implicar principalmente inelegibilidad de visas, prohibiciones de ingreso y efectos penales relacionados con apoyo material, dependiendo de la base legal invocada.
Es decir, no todas las designaciones son sanciones económicas plenas, pero sí conllevan consecuencias legales y diplomáticas significativas. Además, es la primera acción de este tipo que toma la segunda administración del presidente Donald Trump contra un funcionario sandinista. Otra novedad es que se aplica por la violación grave de un solo preso político. Antes, en 2017, el fallecido magistrado electoral, Roberto Rivas Reyes, fue designado por corrupción.
“Hoy, el Departamento está tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de la dictadura Murillo-Ortega contra presos políticos, al designar al director de Máxima Seguridad de la prisión La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, en virtud de la Sección 7031(c), por su participación en una violación grave de los derechos humanos de un preso político. Estados Unidos insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”, dice el breve comunicado firmado directamente por el secretario Rubio.
Juan Sebastián Chamorro, excandidato presidencial en el exilio, insistió que enfocarse en un solo preso político en esta designación “es una precisión que no es casual”. Podría indicar que Washington está respaldando una denuncia o acusación específica contra el funcionario, y por extensión contra el régimen copresidencial, ante alguna instancia judicial en Estados Unidos.
Incluso, señala, el comunicado deja abierta la posibilidad de que exista una acción impulsada por el propio Departamento de Justicia, aunque eso no se explicita. El énfasis en un caso concreto podría estar vinculado a alguno de los testimonios documentados, incluidos los de ciudadanos estadounidenses que han sido encarcelados, torturados o incluso asesinados en La Modelo.
El segundo elemento clave, subraya Chamorro, es el cierre del comunicado: el “llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”. A su juicio, este mensaje confirma que la presión no solo se mantiene, sino que escala al más alto nivel diplomático, al provenir directamente del Secretario de Estado. Para el opositor, el pronunciamiento reafirma la continuidad de la política estadounidense de exigir la excarcelación total de los presos políticos y de sostener la presión internacional contra lo que él denomina la dictadura Murillo-Ortega.
En una actualización del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), Guevara Gómez fue identificado entre los 54 responsables de graves violaciones a derechos humanos, señalado específicamente por su papel en la desaparición forzada y actos de tortura contra personas presas políticas bajo custodia en el sistema penitenciario. El documento, presentado ante instancias de Naciones Unidas, detalla su conocimiento y participación en la negativa de información sobre el paradero de detenidos, así como en la perpetuación de su situación de desaparición, consolidando un señalamiento internacional formal en su contra.
Entre las personas que han estado o permanecen bajo la custodia del carcelero en el régimen de máxima seguridad figuran Manuel Urbina Lara, Walner Ruiz, Efrén Vílchez, Jaime Navarrete, ocho guardabosques criminalizados, ocho presos vinculados al caso 2014 y Marvin Vargas, detenido desde 2011, casos que han sido denunciados públicamente por organismos de derechos humanos.
La dictadura “Murillo-Ortega”
Otra característica inusual de la designación firmada por Rubio, sobre todo a nivel y lenguaje, es que por primera vez llama a la administración copresidencial “régimen Murillo-Ortega”. Antepone el apellido de la copresidenta, en una estrategia que Washington ha tomado, según fuentes consultadas por DIVERGENTES. Es decir, personificar en la figura de Murillo las críticas y acciones en contra de su proyecto de sucesión dinástica.
La semana pasada, en un análisis publicado por esta redacción, se advirtió que Estados Unidos ha decidido recalibrar su foco sobre la copresidenta, ya que la identifican como el poder efectivo del régimen frente a un “Ortega muerto en vida”. Declaraciones del Departamento de Estado y del Congreso marcan el giro de tuerca. La presión se extiende al plano legislativo y financiero, y en Managua ya se perciben efectos del nuevo tono estadounidense haciendo concesiones políticas unilaterales, por inercia, para tratar de esquivar la presión norteamericana.