El gobierno de Donald Trump anunció este lunes restricciones de visa contra más de 100 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus familiares como respuesta directa a la muerte del preso político Brooklyn Rivera, líder indígena miskitu y fundador del movimiento YATAMA, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo.
En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que el funcionario sancionado Lumberto Campbell Hooker participó directamente en la negación de atención médica a Rivera y bloqueó que su familia pudiera sepultarlo. Campbell es diputado sandinista y otrora compañero de lucha de Rivera; estuvo presente en el entierro que el régimen organizó sin la familia del líder indígena.
Con esta medida, el gobierno estadounidense eleva a 2.350 el número de funcionarios sandinistas y sus familiares afectados por restricciones de entrada al país, en aplicación de la Proclamación Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos de quienes formulen, ejecuten o se beneficien de políticas que socavan las instituciones democráticas.
Rivera murió después de 971 días de desaparición forzada bajo custodia del régimen. La copresidenta Rosario Murillo insistió en que la familia participó en su agonía, muerte y entierro. Su hija, Tininiska Rivera, lo desmintió en forma categórica desde su exilio en España.
Lo que ocurrió después de la muerte agravó la persecución. Siete familiares y allegados viajaron a Managua a reclamar el cuerpo. El diputado sandinista Gustavo Porras les negó la entrega en Medicina Legal. Cuando el grupo se movilizó para hacer más gestiones, la policía los retuvo. A partir del 31 de mayo, los contactos cesaron por completo. Días después, personeros del régimen confirmaron la detención de seis de ellos y advirtieron que “se prepara una acusación” en su contra, sin precisar los cargos.
Los detenidos son: Alda López Bryan, hermana de Rivera; Kurney Valle Bushy y Jorbis Hendy López, sobrinos; Jorge Webster Rojas, amigo; Florencia Sarmiento, su cocinera; y Glenis Panting Coleman. Wailan Rivera, hijo del líder indígena, logró escapar de la policía y permanece bajo resguardo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado también condenó de forma explícita la detención de los familiares. “Alda, Korney, Jourbes, Jorge, Florencia y Glenis merecen poder llorar libremente una pérdida tremenda, perpetrada por la crueldad descarada de Murillo y Ortega”, publicó la oficina en su cuenta de X, y exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos en Nicaragua.
El régimen impuso también su voluntad sobre el entierro: sepultó a Rivera la noche del 31 de mayo en la funeraria Sierras de Paz, en Managua, sin su familia, sin el responso en la iglesia morava que estaba previsto y lejos de Sandy Bay, el pueblo del Caribe Norte donde nació y donde yace enterrada su madre. Murillo dispuso el lugar, el ataúd y los asistentes.
Desde Ginebra, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, deploró la muerte bajo custodia y exigió una investigación pronta, imparcial y efectiva. Su oficina documentó que desde agosto de 2025 se han registrado otras tres muertes bajo custodia en Nicaragua, todas vinculadas a condiciones precarias de detención y atención médica insuficiente.
Rivera es el octavo preso político fallecido en manos del régimen Ortega-Murillo.