La crueldad política no se acaba con la muerte. Bajo la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega, esa crueldad se extiende hasta el momento final de una vida: ese rito de despedida que le pertenece a las familias dolientes, el entierro que cumple una función humana básica, el derecho a llorar al muerto como uno quiera y devolverlo a su tierra. Algo que la familia de Brooklyn Rivera no pudo este 31 de mayo. El régimen secuestró su cuerpo, el rito, y dispuso dónde enterrarlo, con un grupo de plañideras sobre su féretro. Preso político, aún en la muerte. Fue sepultado en una tumba que el líder indígena nunca quiso, en Managua, lejos de su Sandy Bay, ese pueblito perdido en los litorales del Caribe donde yace enterrada su madre.
Desde que la dictadura confirmó la muerte de Rivera, más de doce horas después de ocurrida en una cama del Hospital Fernando Vélez Paiz, donde estuvo postrado por no recibir atención médica oportuna por estar prisionero en una celda de La Modelo, se negaron a entregarle el cuerpo a su familia. A pesar de los reclamos de Tininiska Rivera, hija del líder de Yatama, por el cadáver de su padre, Murillo decidió mantenerlo bajo secuestro. Aunque estaba previsto un responso en la iglesia morava de Managua, todo se canceló de improviso. Decidieron que su entierro, bajo custodia oficial, se realizara en la funeraria Sierras de Paz, sin su familia.
Al menos siete familiares y allegados de Rivera fueron retenidos cuando intentaban llegar a Managua para reclamar su cadáver. El régimen no brindó información oficial sobre su situación ni sobre las circunstancias de su retención. Hasta el momento, DIVERGENTES conoció de la liberación de seis de ellos. El paradero del séptimo permanece sin confirmar.
Tras un breve velatorio la tarde del domingo, el líder indígena fue sepultado de noche en una tumba de Sierras de Paz, con algunos diputados sandinistas plantados como claveles hipócritas en la pesadumbre del panteón, sin decir palabra alguna de su excolega legislador que murió como consecuencia de una prisión política impuesta por los copresidentes Ortega-Murillo.
Una presencia “cínica”, sobre todo la de Lumberto Campbell, costeño como Rivera y otrora su compañero de lucha, dicen allegados de la víctima a DIVERGENTES. Y el silencio de Gustavo Porras y Edwin Castro presenciando un entierro bajo secuestro, quizás masticando la posibilidad de correr algún día con la misma suerte del exdiputado, deshumanizados hasta la muerte en una mazmorra, cuando al poder se le antoje.
Fuentes sandinistas aseguraron que la decisión de Murillo de secuestrar el entierro tuvo que ver con “el temor” de movilizaciones de repudio contra el régimen en la Costa Caribe, donde la víctima era su “Taupla”, su líder.
Ni la tumba ni el ataúd
Brooklyn Rivera falleció de noche, como fue enterrado, a las 8:30 del Día de las Madres, en una fecha que desde 2018 carga sobre el amor el peso de la masacre de ese día en Managua. Su desenlace fue clínicamente complejo: una traqueotomía, un ventilador que lo mantuvo en su agonía y un fallo multiorgánico. Bacterias en su aparato respiratorio, Covid-19, dijo el régimen en su comunicado oficial. Así murió un hombre con una larga trayectoria de lucha y reivindicación de los pueblos indígenas, a pesar de algunas decisiones políticas cuestionadas, entre ellas haberse aliado con quienes terminarían convirtiéndose en sus verdugos. UNAMOS, partido político en el exilio, lo califica como un “asesinato”, uno de Estado.
El líder indígena fue apresado en septiembre de 2023 y lo mantuvieron en desaparición forzada por ocultamiento de paradero durante 971 días. Cuando lo presentaron el 27 de mayo, tras las presiones de familiares y de Estados Unidos, Rivera era un hombre cadavérico y en coma. Con su muerte, el castigo político no terminó: continuó con el entierro, con una familia que no pudo escoger ni el ataúd ni la tumba para su Taupla. A pesar de que el régimen asegura que su hijo Wailan lo acompañó en su agonía hospitalaria, Tininiska Rivera lo desmintió desde su exilio en España.
En su comunicado, Tininiska Rivera expresó “profundo dolor y preocupación por las circunstancias en las que se produjo su muerte” y aseguró que durante meses la familia vivió “en la incertidumbre, sin acceso a información directa, sin poder verlo, hablar con él o acompañarlo”. Ni en su entierro pudieron estar. El Comité Internacional de la Cruz Roja establece que la gestión digna de los cuerpos debe respetar las preferencias familiares, culturales y religiosas, que los lugares de entierro deben ser accesibles para familias y comunidades, y que devolver los restos permite hacer el duelo según sus creencias. Con Rivera, como con otros presos políticos en Nicaragua, nada de eso ocurrió.
No es la primera vez que Ortega y Murillo disponen de los muertos que matan en sus prisiones o cautiverio político. Los restos del general en retiro Hugo Torres fueron entregados a sus familiares sin derecho a practicarle una autopsia. El entierro exprés del preso político Mauricio Alonso Petri, cuya familia no pudo velarlo y estuvo acosada por oficiales con fusiles.
O si se regresa a 2018, a las profanaciones de tumbas de víctimas de la masacre de abril. La crueldad política extendida sobre la muerte no respeta ni a los propios: otro funeral secuestrado fue el del general Humberto Ortega, hermano de Daniel y cuñado de Rosario. Y más allá de las prisiones, esa crueldad alcanzó también la misa de cuerpo presente del padre Ernesto Cardenal, profanada por el régimen.
El entierro es el último derecho del muerto y el primer paso del duelo para quienes sobreviven. A los presos políticos de la dictadura copresidencial, ese derecho también les fue negado.
EE.UU: “La dictadura de Ortega-Murillo es responsable”
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, responsabilizó directamente a la dictadura Ortega-Murillo por la muerte de Rivera. “Murió este fin de semana como prisionero del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”, escribió en su cuenta de X. Washington expresó solidaridad con quienes, como Rivera, “están comprometidos con una Nicaragua libre”.
Por su parte, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Muskitia denunciaron que el régimen Ortega-Murillo impuso un entierro exprés para impedir que su cuerpo fuera trasladado a su territorio ancestral. También acusaron a las autoridades de manipular el funeral, dispersar a comunitarios miskitus que intentaban despedirlo y usar su imagen con fines de propaganda oficial, por lo que exigieron detener esa instrumentalización y permitir justicia para su familia y su pueblo.
Casi en simultáneo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua expresó “profunda consternación” por la muerte bajo custodia estatal de Rivera, y advirtió que el Estado nicaragüense está obligado, bajo el derecho internacional, a realizar una investigación independiente, garantizar una autopsia transparente y devolver sus restos mortales a la familia sin demora. Los expertos señalaron además que no investigar ni entregar el cuerpo refuerza la presunción de responsabilidad estatal, especialmente tras más de dos años de desaparición forzada, aislamiento familiar y falta de atención médica independiente.
El Grupo también alertó que la muerte de Rivera no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón más amplio de violaciones contra pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe de Nicaragua. Recordó que aún se desconoce la suerte y el paradero de otras nueve personas detenidas arbitrariamente, y llamó a la comunidad internacional a prestar atención urgente a la situación, investigar el caso y exigir rendición de cuentas por una muerte que, según los expertos, puede constituir un crimen internacional.