El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estableció una política de cobros de hasta 6000 dólares a ciudadanos nicaragüenses a los que le ha negado la entrada al país, señalándolos de tener supuestamente vínculos con opositores o comentar en sus redes sociales mensajes en contra de la dictadura.
De acuerdo a testimonios de nacionales que han pagado esta suma de dinero y que hoy están dentro del país-aunque con restricciones-la dictadura les hace esperar hasta un mes para responder su petición de ingreso.
“Primero pagué 1000 dólares para que ‘revisaran’ mi caso. Casi un mes después, me dijeron que debía abonar 5000 dólares más y que solo así podía entrar al país. Me advirtieron que no hiciera alboroto y que me iban a entregar algunos de mis documentos en los siguientes días”, relató Gabriela, quien solicitó el anonimato para evitar represalias del régimen sandinista.
A Gabriela le ayudaron sus familiares en el exterior a pagar la multa impuesta por las autoridades del régimen Ortega-Murillo. Ella salió del país a visitarlos y un mes después, se enteró de que no podía ingresar a Nicaragua. Con ayuda de algunos amigos, consiguió un contacto en la oficina de Migración que le indicó los pasos para que estudiaran su caso.
Fue una espera angustiante, que se alargó por varias semanas. Después de varios correos enviados y un “análisis” hecho por las autoridades de la dictadura sandinista, Gabriela finalmente pudo entrar al país, pero con restricciones. Le despojaron de documentos esenciales como la cédula de identidad y la licencia de conducir, además de la incertidumbre de si podría mantener su vida como la llevaba antes de salir del país.
“Hay muchas personas que han pasado por esto. Yo conozco por lo menos a tres que pagaron lo mismo y que se quedaron en el aire. De hecho una no aguantó, se fue del país y pidió asilo en otro lado”, afirmó Gabriela, quien detalló que la otra institución con la que tuvo contacto para solicitar su ingreso al país, además de Migración, fue el Ministerio del Interior.
Fuentes migratorias y del sector de tour operadoras indicaron a DIVERGENTES que en enero de 2025 calcularon más de 200 prohibiciones de ingreso al país. Los afectados, con la esperanza de conseguir ante las autoridades sandinistas una concesión de retorno, han guardado silencio y algunos han decidido pagar el anticipo de 1000 dólares que las autoridades solicitan para analizar el caso. Sin embargo, esa “revisión”, no asegura que permitan su ingreso al país.
DIVERGENTES conoció de otro caso en el que el afectado pagó la revisión, pero un mes después, en lugar de tener noticias positivas, le fue comunicado que no tenía permitido el ingreso al país. Esta persona prefirió no brindar declaraciones sobre lo ocurrido y actualmente está solicitando refugio en un país de Centroamérica.
El apoyo económico que pide “$in pre$ión” el régimen
Los cobros por entrar al país no son los mismos para todos. Si bien se pide un anticipo de 1000 y luego, si el régimen lo permite, otros 5000 dólares para poder entrar al país, han existido casos en los que la dictadura, a través de sus instituciones, también realizan peticiones de participación o patrocinio para sus actividades como prueba de “buena voluntad” hacia el régimen.
Josseling, una nicaragüense que entró al país y que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato, explicó que en su caso las autoridades sandinistas le solicitaron su apoyo para algunas actividades del “partido”. Según la entrevistada, aunque no fue una “exigencia”, la forma en cómo le pidieron el “apoyo” se sintió como un requisito para poder entrar al país.
“Mi aporte fue un pago”, refirió Josseling, quien señaló que cada cierto tiempo tuvo que mostrar su “apoyo”, sin poder hacer mayores preguntas. Aunque no estuvo a gusto con este tipo de “colaboración”, afirmó que esto le permitió continuar en el país con un poco de tranquilidad.
Sin embargo, frente a la incertidumbre de si este pago sería de por vida, Josseling decidió finalmente abandonar el país con algunos de sus familiares. No informó a las autoridades, simplemente entendió que el costo de estar en Nicaragua iba a salir muy alto financieramente, aunque contaba con los recursos para sostener económicamente el aporte exigido por el régimen.
“La lista es pesada. El Gobierno conoce cuál es la situación de cada ciudadano y basado en sus finanzas, solicitan este tipo de ‘aportes’. Un amigo íntimo de la familia está pasando por esto, pero no puede hacer mucho porque él sí tiene más arraigo al país. O sea, negarse a dar ese ‘apoyo’ no es una opción”, explicó Josseling.
Este medio de comunicación contactó con cuatro personas más a quienes les habían bloqueado la entrada al país. Tres confirmaron el primer pago de 1000 dólares para analizar el caso. No mencionaron nada sobre el pago restante, porque están en “revisión”.
El mecanismo extorsivo del régimen
Para garantizar que los agentes migratorios del régimen sandinista revisen uno a uno los casos de los ciudadanos que regresan hacia Nicaragua, la dictadura obliga a las aerolíneas a enviar tres días antes la lista de pasajeros. En la primera semana de marzo DIVERGENTES corroboró la negativa de ingreso de 17 personas, entre ellas Fabiola Ibarra de Santos, nuera del excanciller de la dictadura y actual asesor para Políticas y Asuntos Internacionales del Ejecutivo sandinista, Samuel Santos.
Entre los otros casos confirmados por medios de comunicación están personas sin vinculación política y se trata más bien de nicaragüenses radicados hace décadas en Estados Unidos. Una familia impedida de ingresar simplemente venía de vacaciones y participar en una celebración especial con sus seres queridos, pero tuvieron que cancelar el evento. Ejemplos así abundan.
Un caso particular que llamó mucho la atención de los medios de comunicación y los nicaragüenses en general fue el de la “influencer” Valeria Sánchez, a quien la dictadura le negó la entrada al país, aunque un mes después apareció en su casa en Managua, sin explicar por qué existió tal retraso en su ingreso a Nicaragua.
Sánchez pasó de ser una mujer activa en redes sociales con marcas de empresas muy respetadas en el país, a solo compartir su día a día con su familia. Según la “influencer”, se está tomando un respiro porque está enfocada en proyectos personales con su esposo y por eso no estaba compartiendo contenido como antes.
“Cada persona conoce su caso. Yo tuve que pagar porque necesitaba estar en el país sí o sí. Otros no pagan porque no tienen dinero o porque ven una oportunidad allá afuera. Solo uno sabe lo que tiene que pasar. Pero lo que están haciendo no es justo”, reafirmó Gabriela.
Una fuente de Migración relató a DIVERGENTES que después de 2018 se crearon listas de personas vetadas, pero ahora, estas son mucho más amplias. “Basta con buscar en Internet información del pasajero, sobre todo en redes sociales, y si tiene alguna publicación contraria al Gobierno, se le niega automáticamente el ingreso. No sé cuál es la razón, pero es lo que han instruido”, asegura la fuente ligada al entorno migratorio.