El régimen “copresidencial” de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha cesado su política represiva de impedir el ingreso a Nicaragua tanto a ciudadanos nacionales, con doble nacionalidad o extranjeros. Si en enero pasado las fuentes migratorias y del sector de tour operadoras calculaban sólo ese mes más de 200 prohibiciones, ese número a la fecha “ha aumentado drásticamente”, pero cada vez es menos rastreable porque los afectados deciden no hacerlo público con la esperanza de conseguir ante las autoridades sandinistas una concesión de retorno, algo de lo que –hasta ahora– no se tiene registro. Sin embargo, las fuentes coinciden en que los oficiales de Migración y Extranjería “están saturados”. “Revisan más de mil nombres al día”, dicen, en referencia a las listas que a diario son actualizadas en dependencia de los ingresos al país, especialmente en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.
Las aerolíneas que aterrizan en Nicaragua están obligadas a enviar tres días antes el manifiesto para que los agentes migratorios los pasen por el filtro represivo. En las últimas dos semanas, DIVERGENTES ha corroborado la negativa de ingreso de 17 personas, entre ellas Fabiola Ibarra de Santos, la nuera del excanciller de la dictadura y actual asesor para Políticas y Asuntos Internacionales del Ejecutivo sandinista, Samuel Santos.
Entre los otros casos confirmados por medios de comunicación están personas sin vinculación política y se trata más bien de nicaragüenses radicados hace décadas en Estados Unidos. Una familia impedida de ingresar simplemente venía de vacaciones a celebrar una fiesta familiar, pero tuvieron que cancelar el evento. Ejemplos así abundan.
“Ahora están haciendo tres depuraciones de las listas de pasajeros: primero a las 72 horas, después a las 48 y el mismo día del vuelo. Por eso han habido personas que los bajan en la puerta del avión. Por ejemplo, uno venía de Houston y en la conexión en Miami lo bajaron. Es para evitar que se les cuele a alguien a última hora, que ha pasado, pero no es lo habitual”, dice una fuente cercana a la industria de viajes.
“La gente cree que se han calmado con esto de no dejar ingresar, pero es mentira: todos los días siguen impidiendo el ingreso de viajeros. Lo que pasa es que no se denuncian, sólo se sabe de casos de personas medianamente conocidas. Y algunas líneas aéreas que dejan más gente. No podés comparar los dos vuelos que Copa tiene hacia Managua con los siete que tiene Avianca. Avianca maneja más pasajeros”, agrega.
“Es como la serie El Juego del Calamar”
Según las fuentes consultadas por DIVERGENTES, como los nombres en los listados se han quintuplicado (“son tendaladas de nombres nuevos a diario”, describen), es más difícil el manejo de la información para decidir quién entra y quién no. Este medio de comunicación también conoce casos puntuales de personas que compraron un vuelo en Avianca y les han notificado que no tienen autorización para ingresar. Sin embargo, cuando compran en otra aerolínea como COPA y Spirit han tenido suerte.
“Pero esos son casos bien aislados y es una cuestión aleatoria, porque como están gestionando demasiados nombres a diario, se les pueden escapar. Pero no crean que pasa siempre. No hay que confiarse de eso, porque la norma es que no los dejen entrar. Por ejemplo, yo tengo un caso que le pasé comprando tres meses pasajes en las tres aerolíneas, y a través de todas les negaron el ingreso. De nuevo es bien aleatorio y en las listas hay diferentes tipos de alertas. Hay gente sin duda que tiene más bandera roja que otros”, describe otra fuente del sector de viajes. “Es como la serie El Juego del Calamar”, agrega, en referencia a la serie surcoreana de Netflix para describir lo aleatorio de las decisiones de Migración y Extranjería.
Una fuente de Migración y Extranjería también relató a DIVERGENTES que otra táctica que está empleando el régimen es retrasar las visas de salida de menores de edad. “Yo trato de decirles a los papás que no sigan intentando, porque no hay autorización, porque en Migración están checando hasta quiénes son los abuelos de los menores para decidir si les entregan la visa de salida”, dice la fuente.
La fuente de Migración relató que después de 2018 se crearon listas de personas vetadas, pero ahora la lista es más amplia. “Basta con buscar en Internet información del pasajero, sobre todo en redes sociales, y si tiene alguna publicación contraria al Gobierno se le niega automáticamente el ingreso. No sé cuál es la razón, pero es lo que han instruido”, asegura la fuente ligada al entorno migratorio.
Esta política represiva también genera zozobra en nicaragüenses que se fueron a Estados Unidos con Parole humanitario y que, tras vencerse el permiso de dos años, deben regresar. Aunque todavía no se trata de un fenómeno masivo, ya se registró el primer caso con la ciudadana Heylin de los Ángeles Chavarría Gutiérrez, a quien le impidieron el ingreso. A eso se le suma los malos augurios adelantados por la administración de Donald Trump: que los paroleados serán deportados, incluso antes de tiempo, o sin importar que hayan solicitado cualquier ajuste migratorio.
Cañas hace cambio para afilar mecanismo ante “fallas”
En 2022, el Departamento de Despacho y Control Migratorio era el encargado de “analizar” a cada pasajero que entraba y salía de Nicaragua. A la cabeza de ese ente estaba Luis Cañas, el viceministro de Gobernación, ahora conocido como Ministerio del Interior. Sin embargo, luego de varias fallas en el “análisis” de los pasajeros el funcionario todopoderoso llegó al departamento para orientar que el departamento cambiaría de nombre y lo bautizó como “Oficina de Recopilación de Información”. “Análisis no estaban haciendo si se les había pasado varia gente”, relata una fuente del Ministerio del Interior que explica a qué se debió el cambio.
Las oficinas de recopilación de información están en el edificio de Gobernación en Managua, Migración Central y en el Aeropuerto de Managua. La información proporcionada por las aerolíneas pasan un primer filtro en el Aeropuerto, luego pasan a Migración Central y una tercera revisión en Gobernación. La información de cada persona debe ser chequeada por los tres departamentos y triangular los nombres para identificar a opositores que publicaron en alguna ocasión contenido en contra del régimen, como ha sucedido con algunas personalidades de la televisión local.
Las listas revisadas tres veces por el Departamento son supervisadas por el subcomisionado y jefe de fronteras, Edgar Gerardo Acevedo Cruz, quien además es el hombre de confianza de Cañas. Acevedo hace una primera selección de quiénes pueden regresar y Cañas da el visto bueno final. En caso de que el viceministro dude, se le pregunta finalmente a la “copresidencia”.
“Se les ha pasado gente porque es demasiada información. Solo en el aeropuerto hay que revisar listas de más de mil pasajeros. A todos los vuelos hay que revisar”, detalla la fuente, que coincide con lo expresado por otra ligada al sector de viajes. “De los puestos terrestres también le llegan los nombres a Acevedo, pero como es tanta afluencia, los jefes de puestos fronterizos son los que deciden quién entra y quién no, principalmente en Peñas Blancas”.
Prosigue la fuente migratoria: “En las últimas semanas le han llamado la atención a varios funcionarios que se les pasa información. Por ejemplo, si en el Aeropuerto se les pasa que Panchito publicó contra el gobierno y en Migración encuentran un post, le cae regaño a los del Aeropuerto (…) Y lo que han estado haciendo es rotar a todos los inspectores. El mismo que te chequea en el counter, ese mismo está buscando información. Entre medio de los vuelos los meten a la oficina y ahí comienzan a buscar en redes y Google”.
El régimen Ortega-Murillo ha utilizado la negativa de ingreso a Nicaragua como una herramienta de represalia política contra opositores, críticos y exiliados, pero desde finales del año pasado lo han ampliado. A través de la cancelación de pasaportes, revocación de nacionalidades y prohibiciones de entrada, el Gobierno ha impedido el retorno de ciudadanos nicaragüenses, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos y exfuncionarios que han manifestado su descontento con la dictadura. Esta estrategia no solo castiga a quienes han denunciado los abusos del régimen, sino que también envía un mensaje de temor a quienes aún se encuentran en el país, dejándolos en un estado de exilio forzado y desarraigo.