La reciente declaración de Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del dictador Daniel Ortega, sobre la creación de una “nueva forma de funcionamiento de las ONG en Nicaragua” es un ataque directo y descarado contra la esencia misma de la sociedad civil. 

Bajo el pretexto de reorganizar el sector, el régimen pretende construir una arquitectura jurídica que anule cualquier forma de participación ciudadana independiente, sometiendo a las organizaciones no gubernamentales a un control totalitario. Esto no es más que la culminación de un proceso represivo que ha llevado al cierre de más de 3,600 ONG en el país, incluyendo universidades, centros académicos y misiones humanitarias.

En la mente paranoica de Ortega y Murillo, cualquier organización que mantenga un mínimo de independencia es vista como una amenaza. La intención del régimen es clara: solo permitirán la existencia de organizaciones que permanezcan completamente sumisas, dispuestas a actuar como meros intermediarios de la cooperación internacional, sin atreverse a cuestionar las políticas autoritarias ni denunciar las violaciones de derechos humanos. Esta “nueva forma” es, en realidad, una sentencia de muerte para la sociedad civil en su sentido más sagrado: el de una ciudadanía libre, participativa y crítica.

Lo más lamentable es que, ante esta nueva realidad, muchas agencias de cooperación internacional, especialmente aquellas que trabajan con los sectores más vulnerables de la población, podrían verse obligadas a aceptar las reglas del régimen para poder continuar brindando la ayuda urgente que tanto se necesita en Nicaragua. Sin embargo, al hacerlo, estas agencias estarían validando un esquema que no sólo silencia a la sociedad civil, sino que también refuerza el control absoluto de Ortega y Murillo sobre el país.

El régimen sabe que cometió un error al cerrar ONG que atendían las necesidades de millones de nicaragüenses. Nicaragua, como uno de los países más pobres de la región, sigue siendo receptora de importantes montos de cooperación para el desarrollo, fondos que necesitan canalizarse a través de organizaciones de la sociedad civil. Pero, en lugar de enmendar su error, Ortega y Murillo buscan ahora asegurarse de que cualquier organización que opere en Nicaragua lo haga bajo su puño de hierro, renunciando a la misión de representar verdaderamente los intereses y derechos de la ciudadanía.

La comunidad internacional debe rechazar categóricamente esta nueva maniobra del régimen de Ortega y Murillo. No se puede permitir que, en aras de la urgencia humanitaria, se sacrifique la independencia y la libertad de la sociedad civil. La verdadera justicia y el desarrollo sostenible sólo se alcanzarán en un entorno donde las voces críticas puedan ser escuchadas y donde la sociedad civil pueda operar sin temor a la represión.

Esta “nueva forma de funcionamiento” es otra maniobra en el camino hacia el control total de la sociedad nicaragüense y es inaceptable para todos aquellos que tienen estándares altos sobre lo que realmente debe ser la sociedad civil. Cualquier otro modelo es simplemente inaceptable y debe ser condenado con la mayor firmeza por todos aquellos que defienden los principios democráticos y los derechos humanos.