Leyendo la reciente nota de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Nicaragua, no puedo evitar sentir una profunda indignación. Como economista, recuerdo haber cursado una asignatura fundamental: ética. No solo la llevé en la universidad, sino también en la secundaria, en la maestría y en el doctorado. Y en cada una de esas etapas nos enseñaron a reflexionar sobre los principios que rigen el ejercicio profesional, especialmente en el ámbito económico y político.

Uno de los pensadores más relevantes en esta discusión es Max Weber, quien distinguió entre dos dimensiones de la ética: la ética de las responsabilidades y la ética de las convicciones. En términos simples, la primera nos obliga a considerar las consecuencias de nuestras decisiones, mientras que la segunda nos insta a actuar conforme a nuestros principios, sin importar el costo.

Al leer el comunicado del FMI, me pregunto: ¿qué tipo de ética rige a quienes redactaron ese informe? Porque hay maneras de decir las cosas sin perder el cargo o sin comprometer la publicación de un documento, pero lo que no es admisible es el descaro, porque este no forma parte de la ética en ninguna de sus dimensiones.

Un informe que insulta la realidad

El FMI afirma que “el desempeño económico de Nicaragua sigue siendo robusto, soportado por políticas macroeconómicas prudentes y flujos de remesas muy fuertes. La economía continúa siendo abierta y resiliente, en un contexto de transferencias de propiedad privada al Estado, sanciones internacionales y reorientación de los flujos oficiales de financiamiento.”

“Robusto”, ¿para quién? ¿Para el pueblo que ha sido despojado de derechos, libertades y bienes? ¿Para las miles de familias separadas por la migración, el exilio y el destierro? Si alguien ha sido resiliente en Nicaragua, es su gente, que sigue resistiendo frente a la represión y la injusticia.

Y aquí es donde surge la pregunta más alarmante: ¿cómo puede el FMI referirse a las “transferencias de propiedad privada al Estado” sin llamar las cosas por su nombre? Esto no es una simple transferencia, es confiscación ilegítima, un acto arbitrario que viola principios fundamentales del derecho y la economía. ¿Desde cuándo el saqueo institucionalizado se blanquea con términos tecnocráticos?

El FMI menciona además las sanciones internacionales impuestas sobre Nicaragua, pero lo hace con una ligereza sorprendente, casi como si estas fueran un inconveniente burocrático más que el resultado de un régimen que ha destruido las bases del Estado de derecho.

La cereza del pastel: el Estado de derecho según el FMI. El informe culmina con una afirmación que raya en la ironía: “…el deterioro del Estado de derecho también puede incidir en el desempeño económico, ya que podría elevar los costos de hacer negocios.”

¿Deterioro? ¿A qué deterioro se refieren? ¿Han leído La Prensa, The New York Times, The Washington Post, El País? ¿No se han dado cuenta de que en Nicaragua no hay Estado de derecho?

Aquí no estamos ante un deterioro progresivo, sino ante la aniquilación total de cualquier vestigio de un Estado funcional. La dictadura ha desmantelado el concepto moderno de gobierno, erradicando los pesos y contrapesos (“check and balance”) que garantizan la separación de poderes. ¿De qué Estado de derecho hablan? ¿Qué intentan justificar con este eufemismo?

El FMI y su complicidad silenciosa

Este tipo de comunicados no son inocuos. Con su lenguaje calculado y su retórica ambigua, el FMI legitima la narrativa de un régimen que ha desmantelado la democracia, violado derechos humanos y saqueado los recursos de la nación. Al suavizar la realidad con tecnicismos, no solo falta a la verdad, sino que también se convierte en cómplice indirecto de un sistema opresivo.

Si el FMI quiere ser tomado en serio como una institución que vela por la estabilidad económica global, debe asumir su responsabilidad ética y llamar las cosas por su nombre. De lo contrario, seguirá siendo solo una entidad que, bajo el pretexto de la neutralidad, permite que regímenes autoritarios se perpetúen con el aval de su silencio o, peor aún, con la validación implícita de sus informes.

Porque al final del día, la verdadera ética no es solo un curso universitario: es un principio que se ejerce en cada palabra, en cada decisión y en cada omisión.