Más de una veintena de trabajadores de la Universidad Nacional Agraria (UNA), entre ellos docentes y del área administrativa, fueron despedidos de manera expedita por las autoridades de esa casa de estudios por haber apoyado la lucha de los estudiantes durante las protestas contra la dictadura Ortega-Murillo en 2018. La “barrida” de los empleados públicos se da en momentos en que dicho recinto inició abiertamente un proceso de “alineamiento político” a favor del régimen de Daniel Ortega, después de varios años de resistencia, describen fuentes del alma máter.
La “barrida” de trabajadores comenzó en junio de este año, cuando las autoridades de la universidad obligaron a los directores de las áreas de Planificación, Adquisiciones, Biblioteca, Comunicación y Deportes a poner su renuncia, sin recibir al menos una explicación de la medida.
“El despido de los directores fue a solicitud del rector Alberto Sediles”, dijo una fuente universitaria a DIVERGENTES. “Él solicitó a los directores que pusieran su renuncia y que no le preguntaran por qué… es decir, solo tenían que renunciar. Aparentemente, los cargos en las direcciones que ocupaban estas personas son puestos de confianza y las despidieron porque habían evidencias de que habían apoyado a los estudiantes en el 2018”, detalló la fuente.
A raíz de esas renuncias obligatorias, las autoridades educativas comenzaron a despedir a personas de otros departamentos, alcanzando un aproximado de entre 20 a 25 empleados con contratos cancelados, según calculó la fuente interna de la universidad. “Solo el martes (19 de julio) en la mañana me escribió otro profesor de la Facultad de Agronomía y me dijo que le cancelaron su contrato. Las cancelaciones son inmediatas, es decir, no hay chance de hacer los 15 días”, afirmó la fuente universitaria.
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A una secretaria del departamento de Veterinaria la despidieron recientemente por el hecho de haber preguntado en un grupo de WhatsApp quién era José Francisco Paguagua, un sujeto descrito en la universidad como “líder y héroe estudiantil” de la entonces Escuela Nacional de Agricultura (ENAG), antecesora de la UNA. “A partir de eso han sido despedidos varios, tanto administrativos como docentes”, insistió la fuente.
Otro de los afectados fue “Juan”, cuya identidad verdadera la omitimos por razones de seguridad, quien dijo a DIVERGENTES que él laboró para la UNA por casi una década, pero sorpresivamente las autoridades le entregaron la carta de despido inmediato sin brindarle ninguna justificación. Aunque no precisa una cantidad de personas despedidas, asegura que la medida alcanzó a “todos los niveles”, desde directores, jefes de departamentos, docentes, administrativos, áreas verdes hasta conserjes.
“Todos, o por lo menos hablo de mí, fueron despidos injustificados. Solo aplicaron el (artículo) 45 (del Código del Trabajo), aunque en la carta de despido no se refleja”, se quejó Juan. El artículo 45 del Código del Trabajo establece que toda empresa que prescinda de los servicios de un empleado deberá pagar una liquidación que el mismo artículo establece, aunque el despido sea de forma injustificada. “A otros, como directores y jefes de áreas, departamentos, docentes los renunciaban”, agregó.
“O se alinean o se van”
Otra fuente interna de la UNA señaló que, durante una reunión entre autoridades y colaboradores de diferentes facultades, el siete de julio pasado, la vicerrectora de la UNA, Ivette Sánchez, sentenció que quienes “no están alineados con el partido sandinista no podían seguir laborando para la universidad”.
Los colaboradores recibieron la noticia con sorpresa, porque si bien estaban conscientes de que laboran para una institución pública, hasta ese momento las autoridades no habían declarado abiertamente su partidismo al régimen Ortega-Murillo.
“(La vicerrectora) comenzó a hablar que las universidades públicas son del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), porque el Frente las peleó. Luego comentó que esto no era atentar contra la autonomía… nos reunieron en un laboratorio y nos dijeron que el mismo discurso se había implementado en las demás facultades, y que el que no quiera trabajar con los sandinistas que se fuera o que igual iban a hacer que se vayan”, recordó la fuente consultada por DIVERGENTES.
Mientras la Universidad Nacional Agraria oficializa abiertamente su partidismo con el FSLN, el régimen Ortega-Murillo en los últimos meses ha cancelado las personerías jurídicas de ocho universidades privadas del país, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que durante las protestas de 2018 funcionó como bastión de resistencia de los estudiantes que se enfrentaban con las fuerzas represoras de la dictadura.
Tras la confiscación de los ocho centros de educación privada, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), ente regulador de la educación superior en Nicaragua, creó otros centros de educación superior de carácter público en las mismas infraestructuras de los recintos confiscados, pero bajo los lineamientos del régimen de Ortega-Murillo. Con esto, el CNU amplió su cobertura de adoctrinamiento político en las universidades, teniendo no solo el control de las instituciones sino sujetando el pensamiento crítico de los estudiantes.
De hecho, una estudiante, miembro del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de la UNA, confirmó que la universidad inició un proceso de alineamiento político, algo que por años las autoridades no habían podido conseguir por la resistencia impuesta por los docentes y estudiantes. “Sin embargo, hace como tres semanas hubo despidos masivos de personas que apoyaron las protestas en el 2018”, detalló la estudiante sin precisar una cifra.
“Juan” dijo que si bien desconoce los verdaderos motivos por el cual las autoridades tomaron esta decisión, no descartó que sea por razones “políticas”. “No podés ser neutral en todo esto. O estás o no estás”, dijo.
A partir de la presión de los directivos del alma máter muchos de los colaboradores se han visto en la obligación de afiliarse al partido sandinista, unos por temor a perder sus trabajos y otros porque están próximos a jubilarse. “Sé que después de esa reunión renunciaron muchos de los decanos de las facultades de Recursos Naturales, y un secretario académico que renunció porque no le pareció, pero los demás están en el proceso de afiliación”, dijo la fuente interna de la universidad.
Las publicaciones que la UNA ha realizado en redes sociales durante las últimas semanas evidencian dichas denuncias, pues para en mayo la universidad todavía compartía en su perfil de Facebook contenido meramente académico. Sin embargo, a partir de junio esta red se ha visto inundada de publicaciones rojinegras y hasta han llegado al punto de desactivar la opción de “comentar”, para evitar mensajes de rechazo o de burlas, principalmente de su comunidad estudiantil.
Asimismo, las autoridades realizaron arreglos pomposos alusivos a la celebración del 43 aniversario del triunfo de la insurrección popular sandinista. Los trabajadores también fueron obligados a participar de las marchas y actividades promovidas por el partido de gobierno.
“Ni cuando estaba el ingeniero Telémaco (Talavera) pasó eso (proselitismo político)”, lamentó “Juan”, el colaborador recién despedido, quien reconoció que, aunque la universidad siempre ha trabajado de cerca con las instituciones del Estado, nunca había mostrado “su amorío con el partido gobernante” de forma tan abierta.
Control absoluto para evitar levantamiento
A consideración de un especialista en temas de educación superior, quien también solicitó el anonimato para evitar represalias del régimen Ortega-Murillo, el objetivo de la UNA con estos despidos es tener un control absoluto para evitar un nuevo levantamiento desde las universidades, como ocurrió en el 2018 cuando los estudiantes salieron a las calles a protestar. El experto cree que la idea es tener marcada la ideología desde lo laboral, y contar única y exclusivamente con personas que muestren fidelidad absoluta al partido gobernante.
“Si están despidiendo tardíamente a muchos trabajadores, es porque se han dado cuenta que es la única manera de reformar la técnica que tenían de ‘hoy trabajas si eres fiel’, o ‘si no aceptas lo orientado, ahí está la calle’. Son algunas frases que solapadamente y con temor cuentan muchos que siguen anclados en lo laboral desde las universidades. No ser fiel, es motivo de despido”, planteó el experto.
Añadió que, si bien la propaganda de los Ortega-Murillo siempre han existido en esos espacios, ahora se percibe con mayor auge, “al punto que han desbaratado la autonomía universitaria, han socavado la institucionalidad, y han callado hasta su mínima expresión cualquier muestra de crítica desde las universidades”. “La voz es de UNEN, de los decanos que siguen orientaciones claras del partido hacia los trabajadores que han sucumbido ante las amenazas. Quienes no hacen caso son despedidos. Ese es su castigo”, manifestó la fuente ligada a la docencia.
Por su parte, Adrián Meza Soza, rector de la Universidad Paulo Freire (UPF), radicada ahora en Estados Unidos como corporación educativa y con expresión institucional en Costa Rica, presume que el giro partidario expreso de la UNA en favor del Gobierno de Ortega podría obedecer a la “culminación de una reyerta política”, que se agudizó con el final del rectorado de Telémaco Talavera, quien renunció a su cargo en el 2018 por problemas de salud.
“Una vez que Telémaco desaparece de la escena, es presumible que, en la batalla política entre estos sectores, finalmente se haya impuesto el sector ortodoxo quien seguramente ha tomado ya las riendas totales del poder en la universidad. Debemos recordar que el orteguismo se caracteriza por las reyertas políticas entre sus seguidores de cara a la hegemonía”, planteó Meza.