Una nueva herramienta jurídica impulsada por 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses pretende ser el nuevo canal para investigar a profundidad algunos hechos violentos cometidos durante las protestas de abril de 2018 en Nicaragua. El Mecanismo por Nicaragua de las Naciones Unidas tendrá un mandato para exigir la rendición de cuentas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el fin de acumular pruebas para un futuro proceso judicial contra los perpetradores que se logren identificar.
“Una premisa importante de la rendición de cuentas es que hay una investigación mucho más detallada de violaciones de derechos humanos”, explicó Raphaël Viana, miembro del Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés). El experto afirma que el Mecanismo retomará las alegaciones que ya existen en la ONU y va a verificar los hechos a través de testimonios de todas las fuentes posibles de investigación.
Esta herramienta fue aprobada el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de una resolución en la que se determinó “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos” que han ocurrido en el país tras el estallido social de 2018. La propuesta fue presentada por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay. Su aprobación contó con 20 votos a favor y siete en contra.
“No solo se va a identificar, sino que se van a conservar las pruebas en un nivel estándar que permitirá procesos criminales en el futuro, y esta documentación se preserva justamente con este fin”, agregó Viana.
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Este nuevo instrumento llega en medio de una de las escaladas represivas más brutales que ha ejecutado la dictadura desde la represión durante las protestas de 2018. A partir del segundo semestre de 2021, el régimen de Ortega y Murillo desató una cacería contra precandidatos presidenciales, líderes opositores y voces críticas. Todo con el fin de asegurar un nuevo periodo presidencial de cinco años en el poder. El régimen radicalizó todas sus acciones al perseguir a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y, más recientemente, al cuerpo diplomático radicado en Nicaragua.
A diferencia de otros mecanismos de seguimiento que han surgido en el país, este tiene un alcance de tipo más jurídico, que servirá para la recolección de pruebas en el futuro. Viana explicó que es un instrumento cuyos efectos se podrán apreciar a largo plazo.
Un muro de negativas
Sin embargo, este grupo de expertos se puede topar con un muro de negativas que el régimen de Ortega aplica en todos los casos para negar la verdad sobre la masacre de 2018. Esto también ha sido contemplado en la propuesta del mecanismo como herramienta de rendición de cuentas e investigación. “Por eso nos enfocamos mucho más en si aceptamos que a corto plazo esto no va a generar un cambio fundamental. Mejor entonces invertimos nuestras energías en enfocarnos en el mediano y largo plazo. Es decir, cuando se abra un cambio que permita abrir la puerta para procesos de justicia. Tenemos que estar listos para que esto ocurra”, explicó el especialista en derechos humanos.
Viana reiteró que pese a las negativas del régimen de brindar alguna información cuando sea solicitada. El verdadero traspié –que también se contemplan algunas formas de llegar a una solución– estriba en la falta de acceso de los expertos al país.
“Esto no impide que se haga una investigación a fondo con un estándar de prueba bastante alto. Ya lo han demostrado casi todos los mecanismos de investigación que han sido creados por el Consejo de Derechos Humanos, porque en casi todas las situaciones los expertos no han podido acceder al país”, mencionó.
El Mecanismo para Nicaragua surgió de la iniciativa de un colectivo de organizaciones enfocadas en la defensa de los derechos humanos, y que han monitoreado el cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al régimen en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Su trabajo consiste en “documentamos e informamos a la comunidad internacional sobre las acciones y falta de acciones del Gobierno de Nicaragua para atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las preocupaciones de la comunidad internacional en este ámbito”, según aseguran en su sitio web.
La aprobación en el Consejo de Derechos Humanos fue considerada como una gran victoria por los defensores nicaragüenses, quienes también han recibido persecución por parte de la dictadura.
ONU sigue la situación de Nicaragua
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó en marzo de 2022 su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua, en el que reiteró el incumplimiento de las recomendaciones realizadas por el organismo en 2018. “Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018. La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de derecho”, aseguró.
A finales de ese mes se aprobó la resolución, que implementará las investigaciones a través de tres expertos con un mandato de un año.
“Se puede intentar encontrar formas creativas de explorar y de obtener la evidencia, de recrear espacios como centros de detención con base en testimonios y sobre todo en el caso de Nicaragua, que es algo muy importante, es que mucho se puede obtener de la comunidad en exilio, muy presente en Costa Rica, en Panamá y en otros lugares, y ahí también hay evidencia suficiente”, finalizó Viana.