Tamara Taraciuk Broner es la directora en funciones para las Américas del organismo defensor de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Su trabajo es vigilar de cerca las violaciones a los derechos humanos que ocurren en los países de la región. Taraciuk dice que HRW no hace un ranking de los peores países, pero ella no duda en afirmar que “en Nicaragua hay una dictadura pura y dura”.
Taraciuk es venezolana de nacimiento, pero criada en Argentina. Habló con DIVERGENTES a propósito de los cuatro años que se cumplieron desde la rebelión que inició en abril de 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios respondieron con una represión sin precedentes en tiempos de paz: se registran al menos 355 personas fallecidas, cientos de detenciones arbitrarias, decenas de heridos y miles de exiliados. Todos estos crímenes están en la impunidad y el país se encuentra en crisis desde entonces.
“Lamentablemente, y gracias al control que ejerce Ortega sobre el poder judicial, no hay mayores esperanzas de que los responsables por estas atrocidades sean juzgados en Nicaragua bajo este gobierno”, dice Taraciuk en esta entrevista. Sin embargo, considera que el grupo de expertos independientes formado a finales de marzo por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) “abre la puerta a la rendición de cuentas”.
Aun sin la cooperación del régimen, Taraciuk dice que este grupo de expertos tiene un mandato de un año para “documentar y preservar evidencias de violaciones a los derechos humanos, e identificar a los responsables por dichos abusos”.
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Ante este panorama convulso en el que se encuentra América Latina, y particularmente Centroamérica, Taraciuk dice que el problema es que a veces las situaciones más prolongadas como lo que ocurre en Nicaragua quedan en el olvido. “Debemos asegurarnos que eso no ocurra”, agrega.
Después de 4 años de crisis política y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, ¿cómo se ve la situación desde HRW?
Con enorme preocupación. La situación de derechos humanos en Nicaragua es una de las más graves de América Latina. Desde la brutal represión del régimen de las protestas en 2018, la crisis nicaragüense no ha hecho más que agravarse. El régimen de Ortega y Murillo, que controla todos los poderes del estado, se ha atornillado al poder mediante el uso de la violencia y el miedo para disuadir cualquier expresión crítica.
De cara a las elecciones presidenciales, el régimen intensificó la represión política mediante una campaña de detenciones y procesamientos arbitrarios en contra de críticos y opositores. Más de 40 personas fueron arrestadas, la mayoría enviadas a El Chipote bajo condiciones inhumanas de detención, como alimentación insuficiente e incomunicación prolongada. Desde febrero, los tribunales han condenado a la mayoría por cometer “menoscabo a la integridad nacional”, en juicios donde se violaron todas las garantías del debido proceso y en los cuales la Fiscalía cita como hechos acciones protegidas por la libertad de expresión. Además, otras 130 personas percibidas como críticas permanecen detenidas en condiciones similares.
La Asamblea Nacional, controlada por Ortega, también ha sancionado con leyes y reformas diseñadas para perseguir penalmente a cualquiera que cuestione al régimen y ha avanzado con iniciativas para extinguir, en la práctica, a organizaciones de la sociedad civil. A la fecha, el régimen ha clausurado más de 160 organizaciones, incluyendo organizaciones humanitarias y recientemente, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la última organización de defensa de los derechos humanos que operaba en el país.
La situación regional en Centroamérica se ha vuelto convulsa en los últimos años. ¿Qué lugar de preocupación ocupa Nicaragua?
Desde Human Rights Watch no hacemos rankings de los peores violadores de derechos humanos. En Nicaragua hay una dictadura pura y dura, pero efectivamente, la situación en Centroamérica es complicada por distintos motivos. En El Salvador existe un gobierno que ha decretado un régimen de excepción ante un aumento de homicidios cometidos supuestamente por pandillas limitando derechos fundamentales, luego una serie de leyes que directamente violan derechos humanos, y la implementación está siendo desastrosa. Todo esto, en un contexto sin instituciones democráticas en pie que le pongan un freno a un presidente que gobierna arbitrariamente por Twitter. En Guatemala, existe una persecución contra jueces y fiscales independientes que hicieron su trabajo de investigar la corrupción; varios se encuentran en el exilio. La selección de quién ocupará el cargo de Fiscal General en el país puede ser determinante para el Estado de derecho en Guatemala. En Honduras, un nuevo gobierno llegó con una agenda más favorable a los derechos humanos y la anticorrupción, pero enfrenta grandes desafíos para implementarla. Cada país tiene sus problemas y todos merecen atención – el problema es que a veces, en la práctica, las noticias que se llevan los titulares son las que se conocen y las situaciones más prolongadas, como lo que ocurre en Nicaragua, quedan en el olvido. Debemos asegurarnos que eso no ocurra.
Uno de los aspectos que más preocupa es la impunidad que persiste 4 años después, ¿hay esperanza en que exista justicia algún día? ¿En qué puede ayudar el reciente grupo de expertos aprobado por la ONU para investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua?
Ciertamente, la impunidad por graves violaciones de derechos humanos constituye la norma. A la fecha, no conocemos de ninguna autoridad que haya sido sancionada por los abusos cometidos durante las protestas, que dejaron un saldo de más de 350 muertos, miles de heridos, y cientos de detenciones arbitrarias. Lamentablemente, y gracias al control que ejerce Ortega sobre el poder judicial, no hay mayores esperanzas de que los responsables por estas atrocidades sean juzgados en Nicaragua bajo este gobierno.
Ortega además ha expulsado del país a los organismos que monitoreaban la situación de derechos humanos como al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH y a la Oficina de la ACNUDH. Recientemente, expulsó al representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en el país, decisión que una vez más demuestra la falta de tolerancia con cualquier escrutinio internacional en materia de derechos humanos.
Afortunadamente, a fines de marzo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó, con una mayoría abrumadora, la creación de un grupo de expertos independientes para Nicaragua, lo cual abre la puerta a la rendición de cuentas. Este grupo de expertos tiene un mandato de un año para documentar y preservar evidencias de violaciones a los derechos humanos, e identificar a los responsables por dichos abusos. Aun sin la cooperación del régimen, el mecanismo va a tener margen para realizar su trabajo gracias a su amplio mandato. Si bien estos esfuerzos llevan tiempo, son este tipo de iniciativas las que permiten ir armando el récord de evidencias que permitirán eventualmente garantizar acceso a la justicia y la reparación para las víctimas.
¿Qué le ha impresionado más de la situación de derechos humanos en Nicaragua?
La feroz represión de las protestas en 2018 por parte de la policía y grupos armados afines al gobierno reveló la verdadera cara de la dictadura de Ortega. Pero el ensañamiento en contra de las personas percibidas como críticas, varias de ellas con graves condiciones de salud, así como la absoluta desarticulación de la sociedad civil, incluyendo organizaciones humanitarias cuyo trabajo ha sido central para el desarrollo del país, demuestra la crueldad y el cinismo de la dictadura.
Los actuales presos políticos están sufriendo malos tratos, según sus familiares. Están aislados, mal alimentados, no se les da ni siquiera colchas o sábanas para soportar el frío, ni medicamentos ni libros; tienen las luces permanentemente encendidas o apagadas totalmente, entre otras situaciones. ¿Cómo se puede calificar este tratamiento?
El tratamiento que reciben los presos del régimen en las cárceles de Ortega es brutal. Hemos documentado que están sujetos a condiciones inhumanas de detención, incluyendo interrogatorios recurrentes, falta de alimentación adecuada y tratamientos médicos, incomunicación durante semanas y meses. Varios detenidos sufren de graves enfermedades que requieren tratamiento médico especializado. En la mayoría de los casos, las duras condiciones de detención parecen haber agravado el estado de salud de los detenidos.
Estas circunstancias, que podrían calificarse de malos tratos, violan los estándares internacionales de derechos humanos sobre las condiciones de detención. Asimismo, en algunos casos, los detenidos han sido sujetos a aislamiento prolongado, lo cual puede constituir tortura.
Al régimen de Ortega y Murillo se le ha aislado internacionalmente, lo han sancionado, incluso su propio embajador lo denunció ante la OEA. ¿Qué otras medidas o postura puede tomar la comunidad internacional para que se frenen al menos las violaciones a los derechos humanos?
Como mencioné anteriormente, la creación de un mecanismo de investigación es un gran paso para lograr la rendición de cuentas en Nicaragua. Pero por sí solo no alcanza. Es necesaria la presión internacional de manera concertada y sostenida en el tiempo, de todos los actores democráticos, para que regresen mecanismos internacionales de monitoreo al país y se logre la liberación de los presos políticos, que representan la esperanza de una transición democrática para Nicaragua. Además, es fundamental que la comunidad internacional respalde a la sociedad civil y a la prensa independiente que está siendo ahogada por el régimen.