Las homilías del sacerdote Manuel Salvador García en la iglesia El Calvario, en Nandaime, llevaban siempre críticas para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por esa razón, coinciden los fieles de esta parroquia que venera a la preciosa imagen de Jesús Nazareno, que el párroco fue condenado este jueves a dos años de cárcel y a 200 días de multa.
Es el primer sacerdote arrestado y enjuiciado por el régimen Ortega-Murillo, en un caso repleto de irregularidades y testimonios contradictorios. La condena llega en medio de persecuciones contra la Iglesia Católica, una de las pocas instituciones dentro del país que mantiene su postura crítica contra la dictadura.
El cura fue declarado culpable por el delito de “amenaza con arma contra” cinco personas, en perjuicio de Derek Santiago Rueda, Manuel Alfredo López Torres, Kevin José Espinoza Rueda, Lester Javier Chavarría Miranda y Cristian David Torres Romero. Todos ellos son reconocidos sandinistas de Nandaime, cercanos al alcalde Róger Acevedo. Dos de las supuestas víctimas son nietos del cronista deportivo sandinista Pedro Torres y los otros son relacionados por los testigos del barrio El Calvario como “antisociales”. Sin embargo, antes de esta acusación, García fue detenido tras una denuncia realizada por Martha Candelaria Rivas Hernández, por supuesta violencia.
Para el abogado Juan Diego Barberena, experto en temas jurídicos, este es otro montaje del sistema judicial controlado por el régimen. “El mensaje de intimidación pone de relieve desde el lugar donde está detenido el padre, que es en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, mejor conocida como El Chipote), y no en la celda preventiva de Granada, que es donde está siendo procesado en principio. Eso también reviste el carácter eminentemente político de la detención”, dijo.
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“Es un mensaje de intimidación hacia la jerarquía de la Iglesia, es decir, hacia los obispos de la Conferencia Episcopal que han tenido una posición beligerante”, agregó.
La trama, acompañada de un gran despliegue propagandístico del régimen, inició el 30 de mayo. En su primer relato, Rivas apareció con moretones en ambos ojos y acusó al sacerdote de haberla golpeado con un candado. La mujer de 44 años sostuvo que mantenía una relación de “amistad íntima” con el cura, y llegó ese día a la iglesia con sus dos hijos para conversar con él.
El relato se tornó confuso cuando Rivas aseguró que ambos empezaron a tomar ron. Tras varios tragos –según sigue la narración de ella–, la mujer tomó el celular del sacerdote y empezó a revisarlo, lo que provocó el “enfado” del padre García. “Se fue al portón, yo voy detrás y él está de espalda, yo estoy a su izquierda, y él me dijo a eso viniste a hacerme un reclamo… en eso levantó la mano, yo me agacho y veo que me sale sangre y yo llamé a mi hija y le dije: vení que me golpeó el padre”, dijo Rivas en los videos publicados en redes sociales por los medios del régimen.
La narración de los hechos apunta que, minutos después llegaron a las afueras del templo un grupo de personas simpatizantes del gobierno (los considerados ahora víctimas) a lanzar piedras y gritarle al padre. “Vení pegame como le pegaste a la mujer, hijueputa”, le dicen, entre otros insultos. García sale del templo con un machete en mano, enfadado por la escena. Una patrulla de la Policía Nacional llegó a las afueras, pero García les respondió que en el templo él mandaba. La mujer y su hija durmieron dentro de la iglesia por temor a que las personas que estaban afuera les hicieran algo.
Una versión divulgada por el diario La Prensa, relatada a través de entrevistas con pobladores de la localidad, asegura que Rivas llegó al templo con el fin de pedir ayuda tras haber sufrido violencia por parte de su pareja en la ciudad de Diriá. En el testimonio, la mujer asegura que el cura alzó el brazo con el candado y le dio en uno de sus ojos. Sin embargo, en las imágenes aparece con morados en ambos ojos. Rivas no relató cómo sucedió el otro golpe.
La detención y el juicio
El cura fue detenido el dos de junio, mientras se encontraba en su casa ubicada en Carazo. El arresto sucedió un día después de que la propaganda del régimen desplegara una campaña masiva contra el padre y lo tachara en redes sociales de “cura machetero”.
El siete de junio fue presentada la acusación por el Ministerio Público. Mientras que la audiencia especial para el anticipo de pruebas se realizó el 17. Según el acta redactada ese día, Rivas cambió su versión y aseguró que el golpe del sacerdote fue “accidental”. “Yo me opuse a poner la denuncia ya que no me siento agredida, ya que fue accidental y por eso no firmé denuncia alguna”. El fiscal le preguntó si consideraba que fue violentada por el señor García. La mujer le respondió que “en ningún momento”.
Finalmente, Rivas fue acusada también por el delito de “falso testimonio” y guarda prisión preventiva, convirtiendo el caso contra García en uno de los más aberrantes desde el punto de vista jurídico, según expertos consultados.
“El falso testimonio concurre en circunstancias dentro de la testificación, como evacuación de una prueba testifical ante la autoridad judicial, que no era el caso, porque estamos hablando de que la audiencia inicial no era la audiencia de juicio público, que es donde se evacúa la prueba”, detalló Barberena.
La persecución contra la Iglesia
El régimen ha desplegado desde las protestas de abril de 2018 toda una campaña contra la Iglesia Católica que abrió los templos para garantizar canales de ayuda humanitaria. La embestida ha provocado el exilio de los sacerdotes más críticos contra la dictadura, como lo son monseñor Silvio Báez y el padre Edwin Román, de Masaya.
Tras la escalada represiva de 2021, cuando la dictadura apresó a más de cuarenta líderes de oposición, activistas y empresarios, el foco represivo se ha puesto en los sacerdotes. Los casos más recientes fueron contra monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Estelí; y el del padre Harving Padilla.
Monseñor Álvarez estuvo resguardado en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, ubicada en Las Colinas y administrada por monseñor Carlos Avilés tras denunciar el asedio policial contra él y su familia. “Al final de la tarde, encontrándome en la casa de mi sobrina, he ido directamente a preguntarle a los oficiales por qué me persiguen. Ellos me han informado que obedecen órdenes. Les he dicho que se comunicaran con el primer comisionado que ya por hoy era suficiente esta persecución”, aseguró el obispo en un video difundido por redes sociales.
El 20 de junio la dictadura a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó la eliminación del canal 51, Canal Católico, de la parrilla televisiva. El comunicado lo dio a conocer la empresa Claro, una de las principales compañías que ofrece servicios de telecomunicaciones. El medio era administrado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y gran parte de su programación consistía en contenido religioso. No obstante, tras la censura impuesta por la dictadura acogió a segmentos como Doble Play y también prestó su señal al Comité Científico Interdisciplinario para que los expertos alertaran sobre el avance de la pandemia de Covid-19.
Los ataques de Ortega y Murillo continúan hasta la publicación de este artículo. En una comparecencia realizada por Ortega este 23 de junio, en conmemoración a Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandinista, tildó a los sacerdotes de falsos.
“Cristo dando su vida por el pueblo, por los pobres, por los humildes, siendo insultado, calumniado por los falsos sacerdotes que estaban en los templos, que eran los que tenían la legitimidad, como Cristo no tenía templo, no le reconocían legitimidad alguna y creían que Cristo venía a sacarlos de los templos para hacerse dueño de los templos”, agregó el caudillo.