En Centroamérica, acostumbrada a presidentes vistos como intocables hombres fuertes, esta imagen es de una rareza extraordinaria: Juan Orlando Hernández cabizbajo, apretado por un chaleco antibalas, esposado de pies y manos, fue capturado por la policía del Estado hondureño que hace unos meses comandaba. Un Estado atravesado por el narcotráfico y la corrupción, dos de los males por los que el expresidente fue detenido este martes 15 de febrero, tras un pedido de extradición hecho por Estados Unidos.
La caída de JOH, como se le conoce, ha sido convulsión en Honduras, porque supone un mensaje contundente a las organizaciones que se mueven en la ilegalidad al amparo del poder, de acuerdo a Víctor Meza, director del Centro de Documentación de Honduras. El analista sostiene en esta entrevista con DIVERGENTES que la captura del expresidente también se convierte en un parteaguas en cuanto a la visión que tiene la sociedad catracha sobre el significado del poder.
Aunque la extradición de JOH está en ciernes, por ahora le compete a la cuestionada justicia hondureña activar de manera definitiva el trámite. Una posibilidad casi segura, afirma Meza, ya que la figura de JOH se volvió apestada e incómoda para el nuevo Gobierno de Xiomara Castro, quien gana popularidad con esta detención. El analista Meza explica en esta conversación las implicaciones que tendrá para Honduras la caída del expresidente al que le esperan tres delitos asociados al narcotráfico en Estados Unidos.
La captura de JOH ha sorprendido a la región, sobre todo al verlo esposado de manos y pies, tomando en cuenta que fue un presidente que ostentó el poder de manera arrogante, según sus críticos… ¿Cómo se vivió esa detención entre los hondureños?
Ya te podrás imaginar: Si ha sorprendido a la región, cómo no habrá sorprendido a la adormecida sociedad hondureña al ver esposado a un hombre que hace apenas unos meses era, posiblemente, el más poderoso del país. Encadenado, humillado, capturado en su propia casa y encerrado en una prisión militar. Pues, ¡caramba!, que es una impresión no sólo inolvidable, históricamente importante, sino que se convierte casi en un parteaguas en cuanto a la visión que tiene la sociedad sobre el significado del poder.
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¿Qué implicaciones tiene la caída de JOH en una Honduras permeada por el narcotráfico y la corrupción? ¿Calará el mensaje de la captura en esas redes?
Totalmente. Es una captura que se convierte en mensaje, pero también se convierte en advertencia. Los círculos del poder político vinculados a las redes criminales del narcotráfico serán ahora más cautelosos. No digo que se van a retirar de un negocio tan rentable, pero seguramente tendrán más prudencia en el manejo de la droga y en la utilización del territorio hondureño para sus operaciones criminales. Eso en el caso concreto de las redes comerciales, las redes criminales que operan en Honduras, dentro y fuera del Estado, pero también para los políticos que practican actos de corrupción, aunque no sean directamente vinculados al narcotráfico, pero que estén relacionados con el lavado de activos. Lo que le está pasando a Juan Orlando es una advertencia muy clara de que la lucha contra la corrupción va en serio y de que los Estados Unidos le darán un respaldo total a las iniciativas anticorrupción de la nueva administración hondureña.
Hay suspicacias por la manera sumisa en la que se entrega JOH y surgen una serie de inquietudes, cuando muchos creían que había huido a Nicaragua: ¿Negoció con Estados Unidos? ¿O se siente más seguro preso que libre por su vinculación con el narcotráfico?
Puede ser una combinación de todos estos elementos, pero no hay duda de que, según la información que tenemos, Juan Orlando pensaba escabullirse un día antes y no le fue posible porque había una vigilancia satelital sobre su presencia y sus movimientos, de tal manera que estaba prácticamente muy controlado. Eso por un lado. Luego no hay duda de que al presentarse ante los tribunales norteamericanos lo hace con el ánimo de negociar. No tiene más alternativa ante la gravedad de los cargos que se le imputan, ya que apuntan en el sentido de una condena muy severa. Puede ser una condena de prisión perpetua como la que padece ya su hermano menor.
Si bien el trámite de extradición ya se activó, primero debe resolverlo la justicia hondureña, pero ha sido nombrado un juez ligado al Partido Nacional, propuesto por magistrados que responden a JOH. ¿Puede el expresidente capear la extradición en esta instancia nacional?
Es muy difícil. En primer lugar, porque ya está arrestado. En segundo lugar, porque hay una presión muy grande, no solamente de los grupos de oposición política, sino también cámaras empresariales, grupos de influencia, grupos de opinión que pesan en la sociedad hondureña. Están todos ansiosos porque este capítulo se cierre con la partida de Juan Orlando hacia Estados Unidos, conducido el proceso, por supuesto, por las autoridades norteamericanas. Por otro lado, no dudo que JOH va a intentar una negociación para conseguir una pena menos rigurosa, pero no la tiene fácil. La tiene muy difícil, porque los jueces, concretamente los fiscales de Nueva York, que son muy tenaces, que están investigándolo desde hace muchísimos años, y que tienen un cúmulo de pruebas abundantes en contra de él, van a presentar esto y lo van a aplastar prácticamente en el tribunal.
¿Qué tanta presión cree que ha metido Estados Unidos al nuevo Gobierno de Xiomara Castro sobre este tema, tomando en cuenta que la llegada de Kamala Harris a Honduras no fue del todo protocolaria, sino que fue un mensaje de la Administración Biden para que Honduras deje de ser epicentro del narco?
La verdad es que la nueva Administración hondureña ha encontrado muchos puntos de conexión, de empatía, de coincidencia con el Gobierno de Biden. Afortunadamente, eso ha permitido entrar en un proceso de rediseño de la naturaleza de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Honduras. Honduras aparece como el país centroamericano más apropiado para una alianza fuerte en virtud de los problemas que presentan las relaciones bilaterales con otros países de la región.
Honduras está aprovechando eso, está rediseñando su agenda bilateral con los Estados Unidos y hay una coincidencia total en la necesidad de reforzar la lucha anticorrupción. De hecho, se están ya dando los primeros pasos para traer una nueva Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Y bueno, van por buen camino. De tal manera que en este caso, de Juan Orlando, se presenta como un ejemplo icónico de la colaboración que debe existir y que va a existir sin duda entre los órganos de persecución del delito en Honduras y los Estados Unidos.
¿Cree que esta captura de JOH puede marcar de manera positiva el inicio del Gobierno de Xiomara Castro, tomando en cuenta la primera crisis política que hubo en el Congreso antes de que ella asumiera el poder?
Sin duda que esto recupera la imagen del Gobierno de Libre; el vigor y el entusiasmo al interior del equipo de Xiomara Castro. No hay duda que es saludable para la nueva Administración. Juan Orlando, voluntaria o involuntariamente, se había convertido en una especie de factor de convulsión, de creciente crispación en las relaciones políticas en la sociedad hondureña. Y era un factor de inmovilismo y de intranquilidad para la nueva Administración. Ahora el panorama está más despejado. Las fuerzas que apoyaban a Juan Orlando están en retirada, están debilitadas y se sienten virtualmente acorraladas por la ofensiva anticorrupción que hay en el país.
¿Considera que este vigor del que habla va a ser suficiente en el Gobierno de Xiomara Castro para arrinconar estas redes de corrupción, de narcotráfico en virtud de la podredumbre que caracteriza al Estado hondureño?
No, lamentablemente no. No creo que sea suficiente para eso. Quizás el paso más importante sería el que se está empezando a diseñar, en el sentido de desmontar toda la infraestructura normativa y jurídica que Juan Orlando había creado a lo largo de los últimos años, para garantizarse impunidad y blindar a los grupos corruptos y a los grupos criminales del narcotráfico. Entonces se trata de desmontar esa infraestructura y suplantar con una nueva arquitectura jurídica que asegure el funcionamiento aceptable de un Estado de Derecho plural, democrático, respetuoso de los derechos humanos y, por lo menos, un Estado más gobernable.