En las últimas semanas medios de comunicación nacionales informaron sobre una arremetida en contra de Alba Luz Ramos, entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El desalojo de Ramos, según estas publicaciones, fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, ahora asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
También se informó del desalojo de Yadira Centeno González, magistrada de la Sala Civil de la CSJ, y de la destitución de facto de un tercer magistrado de la Corte, Virgilio Gurdián, quien además era uno de los cuatro integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuerpo colegiado que era la máxima autoridad administrativa de ese poder del Estado, y del que solo quedan Marvin Aguilar y la magistrada Juana Méndez.
Estos movimientos han terminado de descabezar la CSJ. Solamente siguen en funciones siete magistrados, de los 16 que encabezan el máximo órgano de justicia de Nicaragua. Se espera que en las próximas semanas, el régimen proceda a la elección de las diez plazas faltantes.
Con la caída de Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián, los magistrados que quedan operando en la CSJ son: Marvin Aguilar, Juana Méndez, Armengol Cuadra López, Gerardo Arce Castaño, Armando Juárez López y Ellen Joy Lewin Downs (todos del partido Frente Sandinista), y José Manuel Martínez Sevilla (liberal). Este último no puede ser reelegido, ya que se encuentra en edad de jubilación, pasando los 75 años que permite la ley.
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Los magistrados que dejaron de ser eternos
En 2010, el orteguismo no tenía los votos para extender el mandato de los magistrados y lo hizo a través de decreto pasando por encima de la Constitución Política.
El 10 de abril de 2014, la Asamblea Nacional nombró a 16 magistrados y ocho conjueces de la Corte Suprema de Justicia. Entre los magistrados reelectos figuraban: Alba Luz Ramos, Rafael Solís, Armengol Cuadra, Francisco Rosales, Yadira Centeno, Marvin Aguilar, Ligia Molina, Armando Juárez, José Manuel Martínez, José Antonio Alemán, Ellen Lewin Downs, Gerardo Arce Castaño. Mientras que entre los nuevos magistrados se encontraban Juana Méndez, Carlos Aguirre Hurtado, Virgilio Gurdián y José Adán Guerra.
El 10 de abril de 2019, se vencieron los períodos constitucionales de cinco años de 12 de los 16 magistrados de la CSJ. Hasta esa fecha, ya se encontraban cuatro sillas vacantes, una por muerte (José Antonio Alemán) y tres por renuncia (Rafael Solís, José Adán Guerra y Carlos Aguerri Hurtado).
La magistrada Ligia Molina falleció el 19 de noviembre de 2014. Ileana Pérez fue propuesta por Daniel Ortega para asumir una de las vacantes en enero de 2015, con el respaldo de 63 votos de los diputados sandinistas.
Pérez fue democionada por los Ortega-Murillo en septiembre de 2022, quitándole las funciones como magistrada de la Corte y dejándola sólo como asesora. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que ella evitó eso, y también que fuera enviada a la cárcel, renunciando.
Esto, luego de verse involucrada en varios escándalos de corrupción, principalmente el referido a su gestión para que una propiedad decomisada a un narcotraficante, fuese asignada a un hermano suyo, que era juez de lo civil en Rivas. Finalmente, renunció a su cargo el 22 de octubre de 2022, mediante una carta enviada a la Asamblea Nacional.
El magistrado Carlos Aguerri Hurtado dejó su cargo en agosto de 2018 alegando razones personales. A pesar de ello, los diputados en la Asamblea Nacional aceptaron por unanimidad la renuncia irrevocable hasta el 23 de enero de 2019.
Mientras, José Adán Guerra Pastora, entregó su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 9 de abril de 2019, un día antes de que se venciera su período constitucional de cinco años.
Rafael Solís renunció como magistrado el 8 de enero de 2019 a través de una carta dirigida a la pareja presidencial, en la que denunció la represión del régimen, un golpe duro para el orteguismo viniendo del que fue uno de sus más cercanos colaboradores desde las altas estructuras del Poder Judicial.
Luego, el 28 de mayo de 2021, murió Francisco Rosales, el magistrado orteguista y presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, que falleció por síntomas supuestamente vinculados a la covid-19.
A finales de octubre de este año, distintos medios de comunicación reportaron las destituciones de Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián. Ramos era la magistrada con más tiempo en la CSJ: 35 años en ese poder del Estado.
Las funciones de las salas del Poder Judicial
El Poder Judicial está dividido en cuatro salas: Penal, Constitucional, Civil y de Contencioso Administrativo. Cada una de ellas debe estar conformada por seis magistrados.
Sin embargo, en la actualidad cada sala solo tenía cuatro magistrados en vez de seis. Y algunos de ellos se encontraban integrados hasta en tres salas, cuando lo normal es que estén solo en dos. La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que las sentencias son válidas con cuatro de las seis firmas de los miembros de las salas, por lo tanto, cada sala estaba trabajando con el mínimo de magistrados.
El último acuerdo establecía que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial estaba presidido por la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas e integrado por los magistrados Marvin Ramiro Aguilar García, Juana Méndez Pérez y Virgilio Gurdián Castellón.
Cabe destacar que el 31 de octubre de este año, la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo, derogó el inciso cuatro del artículo 165, que señalaba que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un organismo de la CSJ con autonomía técnica y funcional, tenía la facultad de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
La Sala Constitucional de la Corte estaba presidida por el entonces magistrado Francisco Rosales Argüello, e integrada por los magistrados José Manuel Martínez Sevilla, Armando José Juárez López e Ileana del Rosario Pérez López.
La Sala de lo Civil estaba presidida por la magistrada Ileana del Rosario Pérez López, e integrada por los magistrados Yadira Centeno González, Armengol Cuadra López y Gerardo Arce Castaño.
La Sala de lo Penal estaba presidida por el magistrado Armengol Cuadra López, e integrada por los magistrados José Manuel Martínez Sevilla, Armando José Juárez López y Ellen Joy Lewin Downs.
La Sala de lo Contencioso Administrativo estaba presidida por la magistrada Yadira Centeno González, e integrada por los magistrados Francisco Rosales Argüello, Gerardo Arce Castaño y Ellen Joy Lewin Downs.
Lo que dice la Constitución Política
En las próximas semanas se espera la elección de diez de los magistrados que deben llenar las plazas vacantes. Según la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 161, establece que para ser magistrado de los Tribunales de Justicia se requiere:
1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella, al menos, cuatro años antes de la fecha de elección.
2) Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión, por lo menos, durante diez años o haber sido magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años cuando se opte para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles.
4) Haber cumplido 35 años de edad y no ser mayor de 75 años al día de la elección.
5) No haber sido suspendido en el ejercicio de la Abogacía y del Notariado por autoridad competente.
6) No ser militar en servicio activo, o habiéndolo sido, no haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección; esto no será aplicable para el nombramiento de jueces y magistrados de la jurisdicción militar.
7) Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores a la fecha de su elección, salvo que durante dicho período cumpliere misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.
El artículo 162 decreta que el período de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de cinco años. “Únicamente podrán ser separados de sus cargos por las causas previstas en la Constitución y la ley. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan de inmunidad”, ordena.
Por último, en su artículo 166 determina que los magistrados y jueces en su actividad judicial, son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán entre otros, por los principios de igualdad, celeridad y derecho a la defensa. “La justicia en Nicaragua es gratuita y pública. La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular que será determinada por las leyes”, finaliza.
La comisión de la Asamblea Nacional
El 25 de julio de este año la Asamblea Nacional creó una comisión para la elección de funcionarios públicos con cargos vencidos empezando por la fiscal general Ana Julia Guido, que finalmente fue reelecta.
Aun habiendo atravesado el Poder Judicial una de sus peores crisis internas desde el año 2022, la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, descartó convocar a elecciones de nuevos magistrados.
La comisión creada en julio de 2023, cuya vigencia se extendió hasta diciembre, podrá ser utilizada para la presentación de ternas a nuevos magistrados del Poder Judicial.