Este martes, la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo, le quitó la atribución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, nombrar a Registradores Públicos, así como de sancionarlos por faltas disciplinarias, a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política de Nicaragua.
A su vez, se creó la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), que establece que esta instancia ejercerá la dirección, control y supervisión del SINARE, además de ser el representante legal del Estado en los negocios que se desarrollen en los tribunales de justicia.
La reforma deroga el inciso cuatro del artículo 165, que señalaba que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, un organismo de la CSJ con autonomía técnica y funcional, tenía la facultad de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.
Esta reforma también modifica los incisos cinco y seis que anteriormente atribuían al Consejo la autoridad de nombrar a Registradores Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como de instruir, conocer y resolver de las denuncias por faltas disciplinarias leves, graves y muy graves, imponiendo las sanciones que establece la ley.
Recibe nuestro boletín semanal
Expertos aseguran que en países democráticos, la tendencia en materia registral apunta a la descentralización y autonomía funcional, contrario a lo que está ocurriendo en Nicaragua, donde estas medidas apuntan a la concentración de un poder absoluto sobre los registros públicos desde El Carmen.
Los registros públicos existen en Nicaragua desde 1904 y, por mandato legal, han sido una dependencia del Poder Judicial, con facultades de organismo supervisor y de control administrativo, con responsabilidad de nombrar y destituir a los registradores públicos.
Sin embargo, no es la primera vez que los registros son quitados al Poder Judicial y trasladados a la Procuraduría, ya que en 1980, por decreto de ley de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), los registros públicos se trasladaron bajo la dependencia del Ministerio de Justicia del poder ejecutivo, que después desapareció, y, en 1988, los registros estuvieron bajo supervisión del Ministerio de Finanzas (Mifin).
En 1990, los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil recupera su estado original de dependencia orgánica y administrativa del Poder Judicial.
Marvin Aguilar, ¿nuevo presidente de la CSJ?
Este martes 31 de octubre de 2023, también se difundió una circular de la CSJ en la que el secretario Rubén Montenegro, dio a conocer a los trabajadores del Poder Judicial que el día jueves 2 de noviembre es asueto con goce de salario y el día viernes 3 es asueto a cuenta de vacaciones.
Sin embargo, la circular inicia de la siguiente manera: “Con instrucciones del doctor Marvin Ramiro Aguilar García, magistrado presidente en funciones de este Supremo Tribunal”.
Esto deja entrever que el magistrado orteguista Marvin Aguilar está fungiendo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la ausencia de la presidenta de ese poder del Estado.
Hasta el momento no existe ningún comunicado oficial en donde se informe sobre la destitución o motivos de la ausencia de la magistrada presidenta Alba Luz Ramos, así como la oficialización en el cargo de presidente del magistrado Marvin Aguilar.
La salida forzada de Alba Luz Ramos
El 24 de octubre, el abogado Yader Morazán dio a conocer la arremetida en contra de Alba Luz Ramos. El desalojo de Ramos fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
Según distintas fuentes dentro del Poder Judicial, al menos 72 horas antes de que se bajara la orden de dar “el tiro de gracia” a la todavía magistrada presidenta de la CSJ, comenzó un operativo, que incluyó la intervención e inmovilización de cuentas bancarias y del sistema informático, así como la democión del secretario administrativo Berman Martínez y del director de Informática Martín García. En esta área también fueron despedidos Juan Carlos Zeas y Haziel Canda.
Entre los más de cien destituidos según el medio Confidencial se encuentran: Edgar Solórzano, director de Relaciones Públicas; Esperanza Fonseca, directora de Inspectoría Judicial; Marlin Jarquín, directora general de Registro y Control de Abogados y Notarios; y Ángela Rosa Acevedo, secretaria técnica de Género.
Por otro lado, Pablo Corea quien estuvo pocos días en el cargo que ostentaba Berman Martínez, luego de ser designado como secretario general administrativo interino de la Corte Suprema de Justicia, también fue despedido.
Morazán afirma que desde hace mucho tiempo el régimen Ortega-Murillo le venía cerrando el círculo de poder de Alba Luz Ramos, esto como consecuencia del encarcelamiento y posterior destierro del jefe de prensa del Poder Judicial, Roberto Larios y de sus asesores María José Camacho Chévez, Han Camacho Chévez y Moisés Astorga.
Lo que se maneja hasta ahora es que la caída de las fichas más importantes del Poder Judicial podría estar relacionada con la filtración de información sobre actos de corrupción cometidos desde la dirección administrativa-financiera que dirigía Berman Martínez.
Los magistrados destituidos
Dos días después del desalojo de la magistrada Alba Luz Ramos, la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la CSJ, también fue desalojada y enviada a su casa. Su hija Carla Lucía Flores Centeno corrió con la misma suerte.
El 29 de octubre fue destituida la magistrada de la sala penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes de Managua, Adda Benicia Vanegas Ramos, sobrina de Alba Luz Ramos. Asimismo su hija, que laboraba como asistente, fue destituida. Igualmente fueron destituidos dos sobrinos más de la magistrada Ramos Vanegas: Abelardo Alvir Ramos, juez de Distrito Penal de Audiencia, de Managua y Egberto Ramos, juez de Distrito de Familia de Managua.
Luego, en la noche del 31 de octubre, se dio a conocer que también fue destituido de facto el tercer magistrado de la Corte, Virgilio Gurdián, quien además era uno de los cuatro integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuerpo colegiado que era la máxima autoridad administrativa de ese Poder del Estado, y del que solo quedan Marvin Aguilar y Juana Méndez.
Gurdián llegó a la CSJ en 2014, traicionando a su antiguo partido el extinto Partido Liberal Independiente (PLI) de Eduardo Montealegre. Se mantuvo en el cargo con período vencido desde 2019.
Dentro de las “ausencias” y las “renuncias voluntarias” se encuentran las magistradas Martha Quezada Saldaña y Martha Leiva Ayón. Quezada fue quien rechazó el proceso de desadopción que pidió Zoilamérica en contra de Daniel Ortega.
Quezada fungía como presidenta de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y Leiva como presidenta del Tribunal de Apelaciones de Masaya.