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El Salvador ante el bicentenario: Un experimento autoritario de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha echado mano al militarismo como parte de su estrategia. EFE.

El Salvador se entregó a Nayib Bukele como su único líder y salvador en febrero de 2019 cuando, acabando con el bipartidismo, lo eligió como presidente. En cuestión de  dos años, y cobijado por sus altos índices de popularidad, el gobernante más joven en la historia de este país se ha hecho del poder total.  Se valió de la confianza de la población que lo ve como un mesías de la política para tomar el control de la Presidencia, de la Asamblea Legislativa, del Ministerio Público y del Órgano Judicial.

Las señales del  creciente autoritarismo son claras. El Gobierno salvadoreño, que dice llamarse democrático, se comporta a imagen y semejanza a una dictadura: coopta todas las instituciones de control, tuerce las reglas a su medida para buscar perpetuarse en el poder, acosa a la prensa y a los medios de comunicación independientes y  persigue a los opositores políticos por la vía judicial.

Bukele impulsa el desmontaje de una institucionalidad democrática que se forjó luego de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992. Ha desmantelado el sistema de pesos y contrapesos teniendo a la Fuerza Armada como su principal aliado. El Ejército ha asumido un rol protagónico, con un incremento presupuestario sin precedentes y con el reclutamiento de 20 mil nuevos efectivos que harán que El Salvador vuelva a tener la milicia que tuvo durante la guerra civil. 

Los signos fueron claros desde el primer día. Bukele empezó por  agregar 14 estrellas al escudo nacional de El Salvador en el logo de Gobierno. Aquello sería el presagio de lo que consumaría después: una cruzada por el control total. El aparato de comunicaciones del presidente ha uniformado los tres Órganos del Estado con logos y colores similares. Pero más allá de la semiótica visual, la principal coincidencia es la obediencia a los mandatos del funcionario.

El primero de mayo de 2021, luego de que su partido Nuevas Ideas arrasara en las elecciones legislativas y ganara mayoría en la Asamblea Legislativa, Bukele desmanteló la Corte Suprema de Justicia, donde el bloque oficialista ya colocó 10 de 15 magistrados. Ese mismo día, el oficialismo tomó el control de la Fiscalía General de la República, donde puso a un fiscal que sepultó las investigaciones que había realizado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y empezó a promover causas penales contra opositores políticos.

El país del experimento

Un hombre sostiene una bandera de El Salvador durante una protesta en contra del presidente Nayib Bukele. EFE/ Rodrigo Sura

La crisis política va a la par de la crisis económica. El Salvador atraviesa una nueva era de incertidumbre económica por los altos niveles de endeudamiento y la entrada en vigor de la Ley Bitcóin, que obliga al uso del criptoactivo como moneda de uso legal. Es el quinto país más endeudado de toda América Latina, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y ya debe todo lo que produce.

En medio de una debacle económica, el presidente milenial decidió experimentar con el uso del bitcóin.  Su Asamblea aprobó una ley que desde el siete de septiembre convirtió esta criptomoneda en una moneda de uso legal, para lo cual destinó 205 millones de dólares. La ‘bitcoinización’, como se le ha llamado en el país, ha sido la única medida que, según las últimas encuestas de opinión pública, generó un descontento de la población y una disminución en la evaluación del presidente. Otras revelaciones importantes, como la negociación que el Gobierno de Bukele mantiene con las tres principales pandillas (maras), no han generado la misma indignación colectiva que sí ocasionó la imposición de una nueva moneda.

Y mientras El Salvador se convertía en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de uso legal, el Ejecutivo también terminaba de consumar la toma del poder judicial. El oficialismo aprobó un decreto el pasado 31 de agosto para destituir a todos los jueces mayores de 60 años, un tercio de todo el sistema de justicia, lo que le permitirá reemplazarlos con abogados afines al oficialismo.

Estas últimas dos medidas han significado un punto de quiebre en este Gobierno. Diferentes grupos de la sociedad civil se manifestaron, por primera vez en las calles, en contra del bitcóin y de la purga judicial. Cientos de personas, afines a agrupaciones de izquierda como de derecha, marcharon en San Salvador.

Imagen panorámica del centro histórico de San Salvador. EFE/Vladimir Chicas

Ruth López, abogada constitucionalista y defensora de derechos humanos, considera que el principal reto al que se enfrenta hoy la sociedad salvadoreña es la consolidación del movimiento social. “Hay que trabajar para configurar una plataforma mínima de acuerdo nacional desde la sociedad civil. Hay que revelar la inoperancia de la Asamblea Legislativa, sobre todo de la bancada oficialista, que teniendo las mayorías necesarias se esconden en un reemplazo constitucional para no asumir los compromisos electorales efectuados”, dice López.

La abogada se refiere a otra que se avecina. El manual de Bukele también incluye una reforma a la Constitución. El 24 de agosto de 2020, designó al vicepresidente de este país, Félix Ulloa, para que dirigiera un equipo ad hoc que estudiara las reformas. Los primeros abogados que se integraron a este análisis terminaron desertando. Tres de ellos lo hicieron después del primero de mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General.

Este 15 de septiembre, cuando se cumplan los 200 años de independencia de Centroamérica de España, el presidente  de El Salvador recibirá formalmente el primer borrador elaborado por lo que queda del equipo ad hoc. Una propuesta de cambios en 215 de los 274 artículos con la que, según el análisis de diferentes constitucionalistas, está rediseñando el Estado para tener más control. 

La propuesta de reforma constitucional, por ejemplo, plantea la eliminación de la Sala de lo Constitucional, la que en el pasado sirvió de contrapeso para decisiones del Ejecutivo, y del Tribunal Supremo Electoral. También propone nuevos métodos de participación como el plebiscito, el referéndum revocatorio de mandato y las iniciativas ciudadanas.

La Sala de lo Constitucional impuesta por el Gobierno el primero de mayo ya habilitó el camino para que Bukele, que en 2013 reconocía la prohibición constitucional de reelegirse, pueda competir en las elecciones presidenciales de 2024. Contra prohibiciones expresas de cuatro artículos de la Constitución, los magistrados del oficialismo han dicho que no hay impedimento para que Bukele pueda buscar un nuevo periodo. Y él, contrario a su estilo de reaccionar por todo en redes sociales, no ha publicado ni una sola palabra sobre el tema.

El presidente que en dos años se hizo de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República y del Instituto de Acceso a la Información Pública, ahora tiene la posibilidad de gobernar por cinco años más. Todo depende de él. No hay instituciones que puedan fiscalizarlo. Todo el poder se concentra en él y en su aparato.  El Salvador ahora sólo depende de sus designios y de la Constitución que le confeccione su partido.

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