La nueva era del presidente Rodrigo Chaves se ha materializado en cambios profundos en la política migratoria de Costa Rica, a través de una serie de medidas que, un analista consultado por DIVERGENTES, resultan “desesperadas” y rompe la tradición de un país de puertas abiertas para quienes huyen de la represión de sus respectivos gobiernos.
“Los gobiernos de Costa Rica reiteradamente han venido tratando de enfrentar esto y la manera que han encontrado es la vía de la regularización, como el Gobierno de (Carlos) Alvarado, o la vía de la ilegalización como la que está usando el gobierno de (Rodrigo) Chaves”, manifestó el analista político Eliseo Núñez, nicaragüense exiliado en Costa Rica.
Para el también exdiputado, este viraje de un lado hacia otro, ha sido “un péndulo que lo encontramos a lo largo de varios gobiernos de Costa Rica”.
Visado por seguridad nacional
Las medidas se evidenciaron recientemente, a través de una serie de decisiones que reiteran la narrativa del gobierno de Chaves hacia la migración. El 10 de octubre, Costa Rica estableció la exigencia de una visa consular a los hondureños que deseen ingresar al país. Las razones que alegaron las autoridades responden a un tema de “seguridad nacional”.
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Honduras se suma a otros cuatro países de Latinoamérica que requieren un visado para ingresar al país, como lo son Colombia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.
Como efecto colateral, la nueva disposición podría afectar los negocios entre ambos países, en un momento en que la región se recupera de la recesión provocada por la pandemia de Covid-19.
“Aunque la medida está gestionada o direccionada específicamente hacia las personas hondureñas por un tema de seguridad, llama la atención que el Gobierno no tuviese el cuidado suficiente para darse cuenta que efectivamente estaba dañando o perjudicando a personas con intereses económicos para viajar”, explicó el politólogo costarricense Gustavo Araya, quien ha seguido de cerca el fenómeno político de Chaves.
Emergencia nacional por crisis migratoria
De telón, Costa Rica atraviesa un desbordamiento de los servicios migratorios debido al éxodo masivo de personas que huyen de la violencia y represión en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití y, recientemente, Ecuador.
Ante esto, Chaves ha reiterado en diversos foros internacionales que su país atraviesa una enorme presión de migrantes y el 26 de septiembre emitió un decreto declarando “emergencia nacional” por la oleada migratoria.
“Presión sobre nuestras comunidades, sobre la seguridad pública, sobre la gestión de residuos, sobre los servicios de salud y, especialmente, sobre nuestro presupuesto”, dijo el mandatario en una entrevista a la cadena CNN.
Araya ve el enorme contraste entre esta administración y las anteriores: “A diferencia de otros gobiernos, especialmente en las últimas cuatro administraciones, en donde efectivamente se ha tenido una política muy abierta de parte de Costa Rica a la migración y entre estas, una migración importante de personas que vienen huyendo del régimen dictatorial Ortega-Murillo, en esta hay una propuesta muy distinta de abordaje”.
Buses para trasladar a los migrantes
15 días después que Chaves estableciera el decreto de emergencia nacional, se anunció la disposición de una flota de 200 buses para trasladar a los migrantes que llegan a Costa Rica por la selva del Darién, para luego dirigirse hacia la frontera con Nicaragua.
El régimen de Ortega no ha manifestado ninguna postura ante estas medidas. De acuerdo con datos oficiales de Costa Rica, en septiembre han ingresado 60 000 migrantes desde Panamá, a través del puesto fronterizo de la comunidad de Paso Canoas.
Mientras que por el Darién, un territorio selvático y peligroso que conecta Colombia y Panamá, han cruzado en lo que va del año 390 000 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela.
“La perspectiva es que todo esto va para mal. Es necesario que haya la observancia de países, incluso de la región centroamericana, pero más allá de nuestras fronteras para que efectivamente se aborde de alguna manera articulada e integral el fenómeno migratorio desde políticas públicas”, reiteró Araya.