Costa Rica sometió a una nueva prueba su tradición de democracia electoral con los comicios municipales en los 84 cantones del país de este domingo 4 de febrero, aunque sin la participación clara del movimiento popular que llevó al ‘outsider’ Rodrigo Chaves al poder en las presidenciales del 2022, como una promesa de cambio radical al sistema político costarricense.
El diagnóstico apunta a alertas que nunca antes se habían mencionado sobre el aparato democrático, centradas en un descenso en la participación popular y el clima hostil inédito, aunque siempre lejos del descalabro promedio centroamericano.
Lo que pudo ser una primera prueba del “chavismo costarricense”, a pesar de las diferencias abundantes entre la política de gobiernos locales frente a la escala nacional, acabó convertido en un examen a la vocación electoral de casi 3.5 millones de ciudadanos, en tiempos de cuestionamiento a las tradiciones democráticas.
El resultado general más notorio, es por mucho preocupante: el abstencionismo se agravó al crecer desde 63.7% en las elecciones municipales de 2020, a 68% en los comicios que se celebraron este domingo, un retroceso de ocho años en términos de la participación ciudadana en procesos electorales de autoridades locales.
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Luego vienen otras confirmaciones de la nueva configuración política de Costa Rica, como el mayor debilitamiento del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), la muerte del Partido Acción Ciudadana (PAC, centrista) que gobernó entre 2014 y 2022 y la fragilidad de la fuerza neopentecostal que fue protagónica en el 2018.
También sobresale el ascenso de fuerzas de escala cantonal incluso en el sobrepoblado municipio de San José, cuya alcaldía hasta ayer fue siempre un feudo del PLN y ahora pasa a manos de un grupo liderado por un joven historiador, conocido por sus denuncias sobre corrupción en el ayuntamiento capitalino.
Sin embargo, son dos las conclusiones válidas para la escala nacional y ninguna es del todo sorpresiva. La primera es ese aumento en el desinterés de la población por aprovechar un sistema electoral que envidian miles de vecinos centroamericanos, a pesar de las señales de advertencia que lanza el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el clima de creciente hostilidad.
La segunda es una que habría sido impensable un año atrás y que ahora está más que probada: la ausencia del movimiento pro Chaves como un competidor de peso político por los 6212 cargos municipales en juego (alcaldes, regidores, síndicos) para avanzar en el “cambio de rumbo nacional” invocado por el mandatario.
La ausencia del factor polarización
Ambas conclusiones pueden estar relacionadas. Especialistas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) probaron recientemente que la polarización es un factor que eleva la participación electoral y en esta ocasión hubo confusión y focos de conflicto, pero no escenarios polarizados entre dos partes.
Chaves no fue un factor determinante en estas campañas por la prohibición legal que Costa Rica impone a sus presidentes para participar en política electoral, pero sobre todo por las disputas del mandatario y su gente más cercana contra el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que los llevó al poder en 2022, debido a la incapacidad del movimiento chavista para organizarse en un solo partido, y por los incumplimientos de los requisitos legales que impidieron postular candidaturas para alcaldías a dos agrupaciones chavistas, sobre todo el grupo Aquí Costa Rica Manda (ACRM).
Esta organización es presidida por un estratega de imagen electoral del mandatario y asesor informal suyo durante el Gobierno, llamado Federico Cruz, ahora envuelto en polémicas por casos de aparente corrupción en asuntos estatales.
Chavismo perdió oportunidad
Así, el chavismo dejó pasar la oportunidad de demostrar que el éxito del 2022 fue más que un favorable accidente en un país que intenta el malabarismo de romper con la política tradicional sin romper con su historia democrática, salvo por algunos atrevimientos.
Chaves, que comenzó su gobierno con un 79% de respaldo ciudadano y ha ido cayendo hasta un 50%, acabó haciendo en víspera de los comicios un llamado políticamente correcto por la necesidad de salir a votar, para frenar los efectos nocivos del abstencionismo y por la urgencia de alimentar la democracia como una planta, “porque lo que no se usa, se atrofia”, dijo.
Ya no llamaba a sacar a los políticos tradicionales o a renovar el juego de poder en el país, como hizo meses atrás, cuando se creía que el chavismo iba a ser la novedad en estas elecciones municipales y que estas iban a ser un ensayo para las presidenciales del 2026, aunque Chaves mismo no podría reelegirse de manera consecutiva.
El movimiento de apoyo a Chaves se fue diluyendo entre distintos partidos que intentaban recoger algo de esa popularidad inutilizada. La referente chavista, la diputada oficialista Pilar Cisneros, se retiró hace unas pocas semanas de la agrupación ACRM, a la que había identificado como el “vehículo propio”, y sus videos con mensajes de invitación a votar los usaron al menos seis partidos, contó ella casi con orgullo.
La legisladora y antigua directora del principal noticiario del país, ha sido una de las que cuestiona al TSE y aboga por eliminar la obligación de estar en un partido para postularse a cargos públicos.
Confusión entre los votantes
La confusión en el público fue extendida. Algunos electores votaron por el PPSD porque lo hicieron en 2022 para apoyar a Chaves y creían que aún era la carta chavista. Otros evitaron votar por ese partido, porque creían que estaban apoyando al oficialismo. “Le soy sincero, no supe por quién votar y no fui”, dijo Ulises Fallas, un hombre jubilado que acompañó a su hija primeriza a votar en San José “por uno de esos tantos nuevos que hay, uno morado”.
Así la incertidumbre se fue extendiendo, como un elemento clave en estas elecciones municipales de por sí “complejas”, como las había calificado el TSE por tratarse de 84 jurisdicciones distintas, 666 papeletas distintas, más de 6000 cargos, casi 40 000 candidaturas y una cantidad de partidos por encima de 70.
Pero, estos números sólo explicaban una parte de la complejidad, porque faltaban las acusaciones de ACRM contra magistradas del TSE y la incertidumbre que se agregó ante informaciones falsas sobre una supuesta orden internacional de suspender las elecciones.
Esto porque dirigentes de ese partido habían acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar por la postura del TSE de dejarlos fuera del juego, por incumplimiento de la regla de paridad entre hombres y mujeres.
Proceso caracterizado por la campaña en contra del TSE
Por eso la magistrada presidenta del TSE, Eugenia Zamora, este mismo domingo por la noche recordó que el calificativo “desafiante” se quedó corto. “Nunca antes de una elección habíamos sido objeto de una ofensiva digital de desinformación tan agresiva, llena de calumnias y discursos de odio contra magistradas y magistrados de este Tribunal”, expuso.
“Nunca antes se habían formulado tantas gestiones expresamente dirigidas a impedir la celebración de estas elecciones. Sabemos que en distintos países el ataque sistemáticos a autoridades y las campañas de desacreditación de funcionarios y teorías de la conspiración para promover la desconfianza y la violencia política son una lamentable tendencia, pero ustedes saben que el TSE siempre cumplirá su mandato constitucional”, añadió.
Después, enfatizó un mensaje que se pudo leer también como válido para la política nacional y el estilo de confrontación del presidente Rodrigo Chaves, con sus cuestionamientos a instituciones ajenas a su control, y medios de comunicación que considera obstáculos para su Gobierno.
“Costa Rica no merece una dirigencia política enfrascada en una estéril y permanente confrontación, sino más generosidad, más altura de miras y esfuerzo compartido que honre nuestro pasado”, pronunció Zamora.
Horas antes, por la tarde, una votante del cantón Desamparados llegaba al recinto enfundada en una camisa sobre la que pagó imprimir una declaración política de calado: “Yo defiendo el Estado Social de Derecho; la institucionalidad democrática; la libertad de prensa; la igualdad y respeto para la mujer”. “El que quiere entender, que entienda”, justificó.
Alcaldes no pueden reelegirse dos veces
El TSE probó en esa elección un sistema de voto electrónico en 8% de las juntas que parece haber pasado la prueba. También se aplicó por primera vez una ley que impide a alcaldes reelegirse para un tercer mandato consecutivo (el tiro de gracia para el eterno alcalde de San José, Johnny Araya) y la regla de que los partidos deben presentar igual cantidad de candidaturas de hombres y de mujeres.
Esta norma, que mejoró la presencia femenina en los gobiernos locales (cuota de alcaldesas pasó de 11% a 26%), fue la que incumplieron las agrupaciones de reivindicación chavista y provocaron su exclusión, lo que después las motivó a dirigir sus críticas contra el TSE.
Los problemas de Costa Rica, sin embargo, parecen intactos. La última encuesta de CIEP-UCR revela que la mayoría de la población señala como mayor preocupación la inseguridad en el país y en los cantones. Le sigue el desempleo, (a pesar de indicadores macroeconómicos favorables que ha llevado a Chaves a calificar la economía como “milagro”) y en tercer lugar la corrupción, que fue una bandera de campaña del actual mandatario y que no ha podido cumplir.
El deterioro del tejido social, sin embargo, se cruza entre los variados problemas y aparece en el trasfondo de la situación de violencia y narcotráfico que se manifestó con un nuevo récord de homicidios en 2023, con más de 900 homicidios, 38% más que en 2022.
En Costa Rica sólo algunos cantones tienen policía municipal, pero no son cuerpos relevantes en la situación de inseguridad actual. La fuerza de las organizaciones criminales parece desbordar incluso a los cuerpos de policía nacional y ha sido un actor de cuya influencia en esta campaña poco se ha hablado, pese a que desde años atrás hubo advertencias sobre el peso del financiamiento sucio a candidatos en zonas costeras o amenazas a políticos que intentan afectarles los negocios.
En Garabito, cantón turístico del Pacífico central que en semanas recientes ha deparado noticias relacionadas con narcotráfico, el alcalde ganador de la elección denunció semanas atrás amenazas de muerte de parte de un grupo criminal, y desde entonces ha recibido protección. Al lado, en Puntarenas, un candidato a reelección como regidor se permitió decir que hay que asesinar a otros que se opongan a proyectos de su partido, y él sigue en funciones.
“El panorama está turbio en todo el país”, resumió en San José, Norma Graham, una exfuncionaria jubilada que votó en Hatillo, un distrito populoso de San José. “Necesitamos volver a darle valor a lo que tenemos, a aprovechar muchas cosas buenas y pensar en el bien del país en este momento de inseguridad, hacerlo desde las comunidades”.
Alrededor de la escuela donde estaban las mesas electorales, sin embargo, sólo se veía un paisaje urbano de clase media y baja con casas cubiertas por portones metálicos y alambres puntiagudos, más algunos lotes baldíos.
La mañana soleada invitaba a salir, pero la devoción por el voto en Costa Rica ahora está bajo dudas y los pequeños grupos de militantes con banderas multicolores no lograron esta vez atraer a los votantes en la cantidad que querían. Entre ellos, Lidieth Monge, que ondeaba una bandera naranja junto a sus dos nietos. “No entiendo cómo la gente desaprovecha la posibilidad de votar y hasta lo dicen orgullosos. Eso antes no se veía así. Para mí es un pecado”.