La cúpula empresarial de Guatemala calificó este lunes como “ilegítimas” y una “afrenta a la democracia” las elecciones celebradas el domingo en Nicaragua, donde Daniel Ortega renovó su mandato presidencial por cuarta ocasión consecutiva.
“No es posible reconocer a un Gobierno emanado de unos comicios desarrollados en un clima de persecución política y afrenta a la libertad”, puntualizó en un comunicado de prensa la cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
De acuerdo con la gremial, las elecciones celebradas el domingo con la victoria de Ortega son “ilegítimas” pues “no representan la decisión libre del pueblo nicaragüense” y representan una “afrenta a la democracia”.
El Cacif también hizo un “llamado a la pronta liberación de los presos políticos” que existen en el vecino país centroamericano y el “restablecimiento de una auténtica democracia” en Nicaragua.
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De igual forma, otra gremial en Guatemala, el Consejo Nacional Empresarial (CNE), también condenó la “farsa electoral” desarrollada desde su perspectiva por el régimen del presidente nicaragüense.
Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido con el 74,99 % de los votos en los comicios generales del domingo, un proceso marcado por la ausencia de candidatos de la oposición, la mayoría encarcelados, y discrepancias sobre la participación.
El exguerrillero sandinista, que el jueves cumple 76 años de edad, buscaba su quinto mandato presidencial de cinco años y cuarto consecutivo, entre cuestionamientos a su legitimidad por los arrestos de siete aspirantes a la presidencia de la oposición, la eliminación de tres partidos políticos y la detención de periodistas, empresarios, dirigentes sociales y otras figuras de la oposición.
El líder sandinista, que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, partía con ventaja para ser reelegido junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, debido a la detención de los precandidatos presidenciales, entre ellas Cristiana Chamorro.