Ortega y Rosario se han atornillado en el poder a través de unas elecciones sin competencia y legitimidad. Se auto-adjudicaron 75% de los votos. La ciudadanía dio un portazo a “la farsa” con una abstención sin precedentes. Los próximos cinco años se presentan dramáticos para los nicaragüenses que deben soportar la represión del régimen, pero también, a decir de analistas políticos, más pobreza y la agudización de la crisis económica. El presidente Joe Biden sostuvo que la pareja presidencial “orquestó una elección pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”. Ahora quedan “sin un mandato democrático”, advierte la Casa Blanca.
La hora para anunciar como ganadores a Daniel Ortega y Rosario Murillo sólo fue una formalidad. Una de las pocas en un proceso de votaciones sin elección, cuya convocatoria para celebrar “el triunfo sandinista”, a las 11 de la noche de este domingo, la hicieron las estructuras desde el viernes pasado. Y como si de un trámite se tratara, sin ningún ápice de sorpresa, la pareja de mandatarios, acusada de crímenes de lesa humanidad, ha sellado su reelección por cinco años más, hasta 2027, sin importar el portazo que la ciudadanía dio al no acudir a las urnas.
En la tarde de este lunes, la presidenta del controvertido Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, leyó un segundo informe con los resultados de la votación. Con un 97.74% de los votos escrutados, Ortega y Murillo se declaran virtuales “vencedores” con 75.2% de los votos. No hay novedad en ello. Sin embargo, la cifra que más atención tuvo fue la de participación. Mientras los medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales registraron una abstención que no había ocurrido en décadas, el Poder Electoral asegura que la participación fue de 65.23%, un número que no corresponde a lo visto en los Centros de Votación desérticos. La organización Urnas Abiertas por su parte calculó el porcentaje de abstención en 81.5%.
Los resultados publicados por el CSE no corresponden con la escasa participación que hubo de partidarios del Frente Sandinista, que llegaron en la mañana para intentar copar los centros de votación. Sin embargo, la afluencia baja de votantes quedó en evidencia antes del mediodía. Se pudo constatar que las Juntas Receptoras de Voto (JRV) lucían desérticas, con solamente los miembros de juntas y fiscales presentes en los lugares de votación. El apuro por intentar maquillar la participación rala de votantes fue evidente al implementar la llamada: “Operación Repela”, una estrategia de última hora para acarrear votantes. Y así, en un ambiente marcado por la presencia de policías y paramilitares, la pareja Ortega-Murillo se perpetuó en el poder.
Una dictadura de partido único, como en Cuba y Corea del Norte, con un periodo más en los que se espera impunidad por los crímenes que se han cometido en el país desde 2018. Cinco años que representan obstáculos para combatir la pobreza y reducir las brechas de desigualdad. Cinco años en los que aumentará la polarización entre sandinistas y opositores, y se esfumará cualquier amago de proyecto democrático en Nicaragua. “Cualquier gobierno autoritario que se mantenga en el poder es un peligro y obstáculo para la sociedad”, dijo la socióloga María Teresa Blandón, y agregó: “Es una mala noticia para Nicaragua, pero también para Centroamérica”.
Mientras que el sociólogo e investigador, Óscar René Vargas, cree que “esta farsa electoral terminará sepultando a la dictadura”. Considera que la agudización de la crisis económica, “dará el último empujón para la caída de la dictadura”. Por eso ve dos escenarios: o el régimen Ortega-Murillo “implosiona o busca una salida negociada que, quizás, no sea del agrado de sus intereses estratégicos”.
Pero antes de entrar en detalles, hay que hacer un recorrido por la ruta que condujo a este punto. Un trayecto que se construyó a base de represión, con armas, pero también con leyes, y que aseguró que la pareja Ortega-Murillo se mantuviera en el poder. ¿Qué implica esto? ¿Qué repercusiones tendrá para los ciudadanos? ¿Se mantendrá un régimen sin reconocimiento nacional e internacional? Son las interrogantes que se abren después de una elección espuria.
Unas elecciones que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó como “pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, justo después que se cerraran las Juntas Receptoras de Votos a las 6 de la noche, de este siete de noviembre. “La familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferente de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”, agregó Biden en su declaración pública.
A esa misma hora, la Policía Nacional empezaba a resguardar la Plaza de las Victorias, donde el partido de gobierno ha celebrado sus últimas victorias electorales. En la parte sur, un camión estaba parqueado en horas de la tarde con estructuras de una tarima. Los preparativos de la celebración empezaron desde antes que cerraran las urnas.
En la tarde de este domingo, después de depositar su voto, junto a su esposa y compañera de fórmula, Rosario Murillo, el comandante Daniel Ortega dio un discurso para despotricar contra los ciudadanos que se manifestaron a partir de abril de 2018. “El voto no mata a nadie”, dijo Ortega, y agregó: “el voto no llama a hacer tranques, a que se paralice la economía y no llama al terrorismo”, agregó el mandatario, quien justificó el arresto de los siete precandidatos, líderes opositores y el proceso sin competencia que se desarrolla con una baja participación de electores.
Ortega dijo que los más de 150 presos políticos, que todavía mantiene en las cárceles son “terroristas que siguen conspirando”, porque “no quieren la paz y son sembradores de muerte, de odio, de terror”. El mandatario dijo que los presos políticos, entre ellos los 39 detenidos en este periodo electoral, “no querían que se realizarán estas elecciones, el día de hoy”.
Salvo los vehículos estatales que recorrieron los barrios en las últimas semanas para convencer a ciudadanos de asistir a los centros de votaciones, las carreteras de Managua lucían normales: ni desérticas ni festivas. Los militantes sandinistas caminando, como hormigas, de una casa a otra para conminar a sus simpatizantes o advertirles: “te esperamos el domingo temprano”. Una estrategia que culminaría este domingo a última hora de la tarde con la “Operación Repela”.
En algunas avenidas transitadas colgaban algunas mantas de los seis partidos cómplices, que era lo único que daba la apariencia de unos comicios normales. El país estaba tan sosegado que la Policía Nacional, a última hora, a mediodía del sábado, suspendió la Ley Seca, que prohibía la venta de bebidas alcohólicas desde este sábado hasta el martes nueve de noviembre. Así borraron la única anormalidad que iba a ocurrir este fin de semana en el que se definió el futuro del país.
Lo que hubo fue un ambiente preelectoral inédito en Nicaragua, marcado por la crisis política en la que está inmerso el país desde 2018, cuando estallaron las protestas que pidieron la renuncia de los mandatarios y que dejaron más de 300 muertos, centenares de encarcelados y miles de exiliados. A partir de entonces, las organizaciones defensoras de derechos humanos califican que el país vive en un estado policíaco, con patrullas policiales recorriendo las calles y apresando a ciudadanos opositores. Hasta este momento, se calcula que hay más de 150 presos políticos, entre ellos al menos 39 capturados en este periodo electoral, en los que figuran siete aspirantes presidenciales.
Sobre los cuestionamientos de estas elecciones, la pareja presidencial no se ha referido en los últimos meses. Para encontrar una referencia de Ortega y Murillo sobre los comicios de este año hay que trasladarse hasta el 19 de julio de 2019, cuando ellos llenaron la Plaza de la Fe, donde todos los años celebran el triunfo de la revolución armada que en 1979 derrocó a la dictadura somocista. Ese día, después de que un año antes enfrentó la mayor crisis desde que tomó el poder en 2007, el comandante Ortega, dijo: “Nosotros ya estamos preparados para ganar esas elecciones (2021)”.
No solo fue una promesa para sus simpatizantes que gritaron después de su arenga,—o amenaza para sus oponentes— sino que enfiló sus armas para buscar la reelección. Mientras Ortega impuso un estado de excepción, en el que no permitía espacio para la oposición sin que esto significaba detenciones, amenazas, asedio y hostigamiento, preparaba una serie de candados legales que le ayudaron a perpetuarse en el poder.
Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, el régimen aprobó una triada de leyes represivas: Agentes Extranjeros, Ciberdelitos y Soberanía. Además, hizo unas reformas a la Ley 1060, del Código Procesal Penal, que ampliaron el plazo de detención a los encarcelados, que era de 48 horas y ahora es de, “no menor a 15 días y ni mayor a 90 días”. Todo este conjunto de mecanismos legales se han utilizado, desde finales de mayo, para encarcelar, acusar y enjuiciar a los 39 presos electorales. De paso, amenazó e intervino oenegés y medios de comunicación para buscar silenciar las críticas.
Antes, en mayo de este año, la Asamblea Nacional, controlada por el partido sandinista, aprobó una serie de reformas a la Ley Electoral que le dieron más control del proceso electoral a la pareja gobernante. Luego, el congreso eligió a los diez magistrados—siete titulares y tres suplentes— del Consejo Supremo Electoral (CSE) que son afines al partido sandinista, entre ellos, el antiguo presidente de este poder del Estado, Lumberto Campbell, sancionado por corrupción por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Con el control del Tribunal y las leyes, el régimen emprendió la captura de los liderazgos políticos. En primer lugar, inhibió a tres partidos políticos que se ofrecieron como casilla para que la oposición participará. Luego arrestó a los aspirantes presidenciales, líderes de partidos políticos, periodistas, analistas, empresarios, defensores de derechos humanos, entre otros ciudadanos. A los dirigentes del último partido político opositor en la contienda, Ciudadanos por la Libertad (CxL), los persiguió y capturó a algunos, mientras otros huyeron por veredas a los países vecinos, como Costa Rica.
Pero todo acto tiene su consecuencia. Ahora, sobre el escritorio del presidente de Estados Unidos Joe Biden debe estar el proyecto de la Ley Renacer —una normativa que establece una serie de medidas para presionar al régimen Ortega Murillo por perpetuarse en el poder con base a la coerción— sólo para que el mandatario estadounidense estampe su firma y entre en vigor.
La Ley Renacer puede tener impactos significativos en la economía de Nicaragua, porque el acuerdo comercial con el país norteamericano representa el 62% de las exportaciones y el 30% de las importaciones. La normativa es una prueba materializada del rechazo internacional a la perpetuación en el poder de la pareja presidencial. A Estados Unidos se sumarán Canadá y la Unión Europea en el desconocimiento de los resultados de las elecciones. Josep Borrell, titular de la Unión Europea, dijo esta semana que los comicios generales de Ortega y Murillo son un “fake” (falsos), mientras representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que estos comicios son “una parodia”.
El presidente Biden dijo este domingo que Estados Unidos, “en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición, para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega-Murillo”.
Esta presión es calificada por el analista político, Óscar René Vargas como “una crisis sin precedentes en los últimos 50 años”. De hecho, para Vargas, actualmente convergen cinco crisis: sanitaria, económica, regional, internacional y sociopolítica. “El tema principal que empujará a la gente a nuevas protestas será lo económico, y las demandas básicas de la población: salud, empleo, salario, comida, techo y costo de la vida. Por lo tanto, la lucha sociopolítica tiene nuevos ingredientes que puede hacer que la coyuntura sea aún más desafiante para el régimen”. Según el analista, las repercusiones negativas hacen que el régimen sea “más débil de cara a su capacidad de gobernar”.
La socióloga María Teresa Blandón considera que existe una preocupación, porque este régimen no tendrá la capacidad suficiente para combatir la pobreza. Nicaragua continúa siendo el país más pobre de América Latina, después de Haití, mientras el 64% de los ciudadanos no genera ingresos suficientes y el 50% vive en condiciones de pobreza. “Si con todos los recursos de la cooperación venezolana no pudieron reducir estos índices de pobreza, ahora menos que lo puedan hacer con un régimen ilegítimo, aislado y sin posibilidades de recibir cooperación”. Las consecuencias de que la pareja presidencial se mantenga en el poder, aún están por verse.