Para Kennet Castro Matus, salir de Nicaragua no fue una elección, sino una urgencia: buscaba protección y mejores condiciones de vida. Nunca se imaginó que su movilidad se vería afectada después de que el sistema de salud nicaragüense le negara atención médica especializada, por ser considerado opositor al régimen de Daniel Ortega.
Kennet nació en Managua y tiene 28 años. Actualmente se encuentra en España, pero su historia de exilio comenzó en 2022, cuando huyó de Nicaragua hacia Costa Rica el 17 de diciembre de ese año. Cuatro años, el 12 de marzo de 2020, su vida ya había dado un giro irreversible. Mientras era perseguido mientras viajaba en su motocicleta por una camioneta en la carretera nueva a León, a la altura del kilómetro 12, sufrió un grave accidente.
Llegó al hospital Antonio Lenín Fonseca con pronóstico reservado: una fractura expuesta en la tibia y el miembro inferior derecho severamente comprometido. Kennet había participado en las protestas sociopolíticas que sacudieron Nicaragua en 2018 y, desde entonces, vivía bajo constante riesgo.
Tras una operación en su pierna y apenas mes y medio después, decidió huir. Salió de Managua y cruzó la frontera hacia Costa Rica por un punto ciego en Peñas Blancas. Lo hizo en muletas, con una herida aún abierta y sin garantías de atención médica.
Llegar a Costa Rica fue un alivio momentáneo, pero también el inicio de un nuevo deterioro en su salud. Una bacteria se había alojado en los huesos de su pierna derecha y su vida volvió a estar en peligro. Buscó atención en el Equipo Básico de Atención Integral en Salud (EBAIS) de Alajuelita, donde fue trasladado en ambulancia al hospital San Juan de Dios, el 3 de enero de 2023.
Allí, una radiografía confirmó lo peor: le faltaban alrededor de siete centímetros de hueso y existía una infección severa. El médico indicó que debía ser internado de urgencia. Sin embargo, al no contar con seguro médico, le informaron que debía retirarse y pagar cerca de 30 000 colones (unos 60 dólares).
La complejidad de su caso derivó en que el 27 de enero de 2023 le amputaran parte de su pierna derecha; hoy utiliza una prótesis. La persecución política que forzó a Kennet al exilio también restringió su acceso a derechos básicos. En Nicaragua habría recibido atención médica gratuita; en Costa Rica, su condición de refugiado lo expuso a nuevas barreras, una muestra de las vulnerabilidades estructurales que enfrentan las personas migrantes con discapacidad.
La salud como derecho condicionado
La historia de Kennet no es una excepción. Su experiencia expone una vulnerabilidad interseccional, pues a su condición de persona con discapacidad se suma el exilio forzado, la persecución política, precariedad laboral, discriminación, xenofobia, factores que se refuerzan entre sí y que profundizan aún más su exclusión. Esta es la realidad de muchos nicaragüenses, quienes al llegar a Costa Rica se enfrentan a nuevas barreras para acceder a la salud, protección social y al entorno laboral.
Costa Rica continúa siendo el principal país de asilo para personas nicaragüenses: hasta el 31 de octubre, el país ha otorgado protección internacional a 207 456 personas, 85% de nacionalidad nicaragüense, señaló la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) tras la visita oficial del Alto Comisionado, Filippo Grandi, al país en noviembre de 2025. “La situación en Nicaragua y la respuesta de Costa Rica continúan siendo insuficientemente visibles, lo que exige mayores esfuerzos globales de solidaridad y cooperación”, dijo Grandi.
A esta realidad se suma la falta de datos específicos sobre discapacidad y migración. Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, presentada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica viven alrededor de 670 000 personas con algún tipo de discapacidad; seis de cada diez son mujeres. Sin embargo, las estadísticas oficiales no desagregan cuántas de estas personas son migrantes o refugiadas nicaragüenses, lo que invisibiliza una problemática clave para el diseño de políticas públicas inclusivas.
Kennet, junto a su madre y amigos, buscó ayuda en el Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA-Casa Abierta), una organización sin fines de lucro que brinda asistencia integral a personas LGBTIQ en migración forzada y refugio. A través de esta organización recibió acompañamiento, que le permitió ser atendido en el hospital San Juan de Dios en San José.
“IRCA gestionó mi ingreso en la oficina de validación de derechos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego ya estando ingresado, gestionó una cita en la Unidad de Refugio de la Dirección de Migración y Extranjería (DGME) y con la cita me tramitaron unos diez días después, el seguro con el Acnur”, dice Kennet.
A través de convenios entre el organismo humanitario y la CCSS, se cubrió el pago de su seguro médico, que fue extendido por un año, lo que le permitió ser atendido dos días después de llegar al hospital San Juan de Dios. El diagnóstico era urgente: debía ser intervenido de inmediato para salvar su vida. Aunque la mayoría de los médicos lo cuidaron, Kennet recuerda que uno de ellos cuestionó su presencia en Costa Rica y le sugirió regresar, sin comprender la persecución política que lo había obligado a huir.
Migrantes tienen que asumir el pago de la CCSS
En Costa Rica, la CCSS administra la salud pública. Para acceder regularmente, las personas migrantes y refugiadas deben estar aseguradas y pagar contribuciones mensuales según sus ingresos o por modalidades voluntarias, si no se cuentan con empleo formal. Quienes no cuentan con seguro activo, solo tienen acceso inmediato a servicios de emergencia, de acuerdo a lo establecido por la normativa de la CCSS y la Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764), numeral seis.
En el caso que reciban consultas o tratamientos no urgentes, deben pagar por adelantado y presentar documentos que prueben su identidad y residencia. Esto deja fuera a muchas personas en proceso de regularización, que deben posponer tratamientos esenciales como el caso de Kennet, quien por su estado de salud, a su ingreso por punto ciego, no alcanzó a solicitar ante la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica su solicitud de refugio.
“El pago de servicios por atención, es importante recordar que, en caso de generarse alguna atención de pacientes no asegurados, se deben cancelar los montos de la atención que se den. Según lo señalado, no tenemos convenio para brindar atenciones, por lo cual no se reciben pacientes a través de ese mecanismo”, según una consulta realizada por DIVERGENTES a la CCSS.
Convenios claves
Esto evidencia la importancia de los convenios con organizaciones como IRCA y Acnur, que permiten el aseguramiento temporal de personas en situación de vulnerabilidad, tal como ocurrió con Kennet. Su caso muestra cómo las barreras formales y económicas se combinan con la burocracia estatal. Sin seguro, los migrantes con discapacidad deben pagar directamente por los servicios con su condición y por el alto costo de vida, muchos posponen tratamientos esenciales.
“Yo corrí con suerte al tener una red de apoyo grande, pero aun así tuve muchas limitantes por la burocracia que existe en el país. Conocí a otros migrantes con discapacidad que no recibieron atención médica pese a contar con refugio y seguro, porque las autoridades les exigían documentos adicionales”, menciona.
Un informe técnico del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, en alianza con Acnur, destaca que aproximadamente el 30% de los nicaragüenses no están asegurados. La falta de aseguramiento no significa gratuidad, ni abuso del sistema, sino que refleja una exclusión estructural amparado debido a limitaciones normativas o al incumplimiento de la afiliación obligatoria por parte de los empleadores: muchas personas migrantes no pueden ejercer plenamente su derecho a la salud, tal como lo establece la Constitución Política, así como la Ley General de Salud, y los protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Esta barrera se profundiza cuando se trata de personas con discapacidad, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad al acceder a los servicios de salud, y todo empieza por acceder a un seguro social.
El refugio como derecho… y como barrera
La salud no es la única vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes nicaragüenses con discapacidad en Costa Rica. A las limitaciones físicas o sensoriales se suma el proceso de regularización migratoria, que implica nuevos obstáculos. Si bien el Estado costarricense ha avanzado en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad —a través de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600)—, persisten dificultades de accesibilidad y falta de atención especializada, particularmente para la población migrante nicaragüense adulta e infantil.
La DGME, bajo la Ley 8764, contempla categorías especiales de residencia para personas con discapacidad, como la residencia permanente y cuando existe un vínculo familiar con un ciudadano o residente, En algunos casos, estas personas pueden quedar exentas de ciertos pagos migratorios, siempre que presenten la documentación requerida, como la certificación de discapacidad, revisiones de seguridad, antecedentes penales y el Documento de Identidad Migratorio (Dimex).
Jhoswell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), destaca que la DGME ha realizado avances en la atención a personas migrantes nicaragüenses con discapacidad, validando su inclusión en los procesos de solicitud de refugio y permisos laborales.
Unidad de Refugio establece proceso diferenciado
Agrega que en la Unidad de Refugio existe un proceso diferenciado basado en la Ley 7600: las personas con discapacidad, niñez y adultos mayores, reciben atención preferencial, cuentan con accesibilidad en las instalaciones y pueden ingresar sin cita mediante una ventanilla única.
No obstante, aunque existen facilidades administrativas, el proceso mantiene exigencias legales. “Si bien hay facilidades de acceso y asistencia administrativa, las personas deben presentar los elementos de persecución de sus casos. La Comisión de Visas Restringidas y Refugio revisa posteriormente cada expediente y determina la condición migratoria”, explica Martínez, quien subraya que cada caso se analiza de manera individual, aunque con tiempos y atención diferenciados.
Kennet es un ejemplo de este recorrido. Tras la amputación y gracias a las gestiones de IRCA, en mayo obtuvo su carné de solicitante de refugio. “Yo me presenté ya amputado a la Unidad de Refugio, expuse mi caso, me dieron la cita para entregarme la resolución de la solicitud y salí con mi carnet de solicitante de refugio en mayo”, relata. En agosto de 2023, Kennet fue informado de que su solicitud había sido aprobada, y obtuvo el estatus de refugiado en Costa Rica.
Sin embargo, en medio de su proceso de recuperación, enfrentó una nueva barrera. En noviembre de 2022, el Gobierno de Costa Rica anunció cambios al Reglamento de Personas Refugiadas. Según el presidente Rodrigo Chaves, estas medidas buscaban frenar los “abusos” en las solicitudes de refugio, dado que, Costa Rica gasta “300 millones de dólares al año en atender esta gente que se hace llamar refugiado”. Entre los cambios se restringió el otorgamiento inmediato de permisos laborales a solicitantes de refugio, obligándolos a tramitar un procedimiento adicional. Kennet, sin empleo y con pocos meses de haber sido amputado, tuvo que enfrentar este nuevo obstáculo.
El proceso de solicitud de refugio de Kennet contrasta con el del periodista nicaragüense Roberto Mora, quien se exilió en Costa Rica en junio de 2021 y no fue hasta enero de 2026 que las autoridades le realizaron su cita de elegibilidad. Este trámite permite a la persona solicitante exponer ante las autoridades migratorias las razones por las que salió de su país de origen, con el fin de determinar si requiere protección internacional como refugiada.
Mora tiene una condición de discapacidad y asegura que solicitó en dos ocasiones el adelanto de su cita; sin embargo, pese a que la normativa contempla atención preferencial, su caso no fue priorizado por la Unidad de Refugio. A ello se suma que es un periodista perseguido por el régimen de Daniel Ortega.
Relata que, durante la reciente cita de elegibilidad, fue la última persona en ser atendida. A pesar de que su caso es público por las amenazas recibidas en Nicaragua, “me indicaron que llevara más evidencia de que soy periodista, acreditaciones y otros recursos que pueda llevar”.
La historia de Kennet y Roberto muestra que el acceso para las personas migrantes con discapacidad en Costa Rica no depende únicamente de la ley, sino de la capacidad real del sistema de reconocer y atender vulnerabilidades múltiples. En el exilio, la discapacidad no solo implica una condición física o sensorial, sino una experiencia llena de incertidumbre, precariedad y dependencia de redes de apoyo externas.
Vivir y trabajar con discapacidad siendo migrante
Con su madre en Costa Rica y tras enfrentar una discapacidad adquirida, Kennet debía encontrar un trabajo. Contaba ya con una prótesis gracias al seguro voluntario otorgado por Acnur y su proceso de atención en salud fue mejorando. Recibió fisioterapias y dice sentirse cómodo y satisfecho con el apoyo del personal médico. No obstante, señala que el acceso al EDUS —el Expediente Digital Único en Salud, plataforma oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social para gestionar citas médicas— suele ser complicado por la falta de cupos disponibles, una dificultad a la que ha tenido que adaptarse con paciencia.
El contexto económico del país agrava su situación. Costa Rica destaca como el tercer país más caro del continente, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá, y el más caro de Latinoamérica, según el portal económico Numbeo. En medio de ese escenario, Kennet tuvo que salir a buscar trabajo. Aunque la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad debería protegerlo, en la práctica —dice— ese respaldo no aparece cuando inició la búsqueda laboral. Kennet aclara que no buscaba privilegios, sino que se reconociera su capacidad de trabajo y se le diese la oportunidad de llevar una vida digna: cubrir sus necesidades básicas y seguir pagando su seguro médico cuando termine el apoyo otorgado por Acnur.
El costo de la vida agrava situación
El aumento en el costo de la vida refuerza esa urgencia. En febrero de 2025, Costa Rica se ubicó como el país centroamericano con mayor alza en el costo de los alimentos, con un incremento del 6.8%, por encima del promedio establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Canasta Básica Alimentaria mantiene una tendencia elevada: en febrero de 2025 alcanzó los 66 509 colones y, aunque presentó variaciones posteriores, continúa representando una presión significativa para los hogares de menores ingresos.
En su búsqueda laboral, Kennet encontró puertas cerradas. Finalmente, logró emplearse como guarda de seguridad en una empresa propiedad de un nicaragüense nacionalizado costarricense. Su jornada era de 12 horas diarias, seis días a la semana, alternando turnos diurnos y nocturnos.
Recibía un pago de 165 000 colones por quincena, lo que representaba un ingreso mensual de 330 000 colones (aproximadamente 675 dólares), equivalente al salario mínimo costarricense, el más alto de Latinoamérica. Sin embargo, Kennet trabajaba 72 horas semanales, pese a que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece que en jornadas mixtas de riesgo se deben laborar 42 horas semanales, una diferencia que evidencia condiciones laborales de desventaja.
Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023 del INEC, alrededor del 48 % de las personas con discapacidad se desempeñan en ocupaciones de calificación media, como labores administrativas, ventas o prestación directa de servicios.
Para Kennet, aceptar el puesto de guarda de seguridad fue una de las pocas opciones disponibles en su primera experiencia laboral en Costa Rica. Aunque la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público (Ley 8862) contempla cuotas de contratación (5% en el sector público) y programas de incentivo, en la práctica persisten barreras estructurales que limitan el acceso al empleo formal, especialmente para personas migrantes.
Barreras para lograr la inclusión
“Persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un ‘problema’, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, comentó en una nota Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (Proin), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Kennet afirma que percibió diferencias claras en el trato, la inserción laboral y las remuneraciones entre personas con discapacidad y quienes no la tienen. “Esta persona (refiriéndose a su patrono cuando laboró como guarda de seguridad), sólo contrataba a personas nicaragüenses sin documentación, y a pesar que yo tenía mi documentación, permiso de trabajo fui contratado como guarda”. Originario de Managua, Kennet es mecánico automotriz y resiente no haber tenido la oportunidad de trabajar en su especialidad. “Siento que fui discriminado en muchas empresas. Tuve que trabajar en lo que había y no en lo que sabía, a pesar de tener la experiencia”, reafirma.
La experiencia laboral de Kennet se inscribe en un contexto más amplio de desigualdad que enfrentan las personas nicaragüenses en Costa Rica. Según el informe Tendencias del desplazamiento forzado en Costa Rica: logros de Acnur en 2024, los nicaragüenses representan el 8.5% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, el salario por hora que perciben equivale, en promedio, al 65% del salario por hora de una persona costarricense que desempeña el mismo trabajo.
Ayudas estatales: entre el derecho y la espera
En mayo de 2023, tras recibir su carnet de refugiado, Kennet presentó —con el acompañamiento de IRCA— ante el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis) la solicitud para obtener el certificado de discapacidad.
Este documento, establecido en el Decreto Ejecutivo N.° 40727 MP-MTSS, es un requisito clave para acceder a apoyos estatales, ya que “permite que las personas puedan acceder a los beneficios de los servicios selectivos, sociales, de salud, de empleo, educación, recreación, transporte, así como bienes, tecnología, comunicación u otros que estén normados”, según indica el Conapdis en su sitio web.
La certificación de discapacidad funciona como un documento oficial de identificación y habilita el ejercicio de derechos y el acceso a servicios públicos del Estado costarricense, como atención preferencial (uso de estacionamientos), facilidades de movilidad (excepción a la restricción vehicular, libre tránsito vehicular, acceso a vivienda y filas de atención preferencial), opciones de empleo y la posibilidad de solicitar prestaciones sociales y económicas.
Kennet completó la solicitud y entregó la documentación requerida; sin embargo, durante el proceso se le solicitó aportar más evidencia médica. El certificado le fue otorgado hasta febrero de 2024, nueve meses después de haber iniciado el trámite. Durante ese periodo, la ausencia del certificado significó una barrera para Kennet: sin ese documento no podía acceder a apoyos económicos ni a otros beneficios sociales.
Una vez obtenido el certificado de discapacidad, Kennet pudo iniciar trámites ante el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). “Luego de que me otorgaron el certificado de discapacidad me dijeron que podía acceder a ciertas ayudas a través del IMAS y en marzo de 2024 presenté mi solicitud de apoyo económico”. El IMAS es la institución estatal encargada de coordinar servicios de protección y promoción social dirigidos a personas y hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante programas y proyectos de carácter social y económico.
Bono por discapacidad
En diciembre de 2024, Kennet recibió apoyo del IMAS: un subsidio por una única vez de 80 000 colones, además de un retroactivo correspondiente a dos meses anteriores. Según relata, ese ingreso le permitió cubrir necesidades básicas, en un momento de especial vulnerabilidad, aun cuando ya trabajaba como guarda de seguridad.
Kennet explica que durante ese proceso se enteró de la existencia de un bono por discapacidad de hasta 150 000 colones mensuales; sin embargo, a él solo le fueron otorgados la ayuda que ya había recibido. No recibió información clara sobre los criterios que determinan los montos, ni las razones por las cuales no accedió al subsidio completo.
Reflexiona que su experiencia refleja que las ayudas estatales no son automáticas ni universales, y que los montos varían sin que siempre exista una explicación accesible para las personas beneficiarias. En 2025, Kennet volvió a presentar una solicitud de apoyo ante el IMAS, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
La experiencia de Mora muestra otra cara del mismo sistema. Al igual que Kennet tramitó su certificado de discapacidad, aunque su experiencia con las ayudas estatales ha sido distinta. Mora señala que no conoce en detalle las ayudas económicas y sociales que ofrece el IMAS, sin embargo, sí ha logrado beneficiarse de las concesiones del certificado, como la exoneración de impuestos, lo que le ha permitido buscar nuevas fuentes laborales y mejorar su movilidad.
Discapacidad y migración en las elecciones presidenciales de Costa Rica
La discapacidad y la migración son temas que este 1 de febrero cobran relevancia en las elecciones presidenciales de Costa Rica. Martha, residente del país y madre de una hija con discapacidad y migrante, señala su preocupación: “Los candidatos presidenciales no están tomando en cuenta a este sector. Costa Rica tiene leyes y buena voluntad, pero falta personal y disposición política para incluir proyectos, especialmente para migrantes con discapacidad”.
La preocupación de Martha y su hija es que los candidatos no hablan de interseccionalidad, si bien tienen enfoques para las personas con discapacidad, la verdad es que en contraste con el Gobierno de Rodrigo Chaves, los candidatos presidenciales se centran sus campañas en cumplir normas existentes, garantizar infraestructura estatal y no estatal, y educación para oportunidades laborales y emprendimiento, pero sin medidas específicas para migrantes con discapacidad, quienes enfrentan barreras combinadas de movilidad, acceso a servicios, empleo y derechos.
Laura Fernández (PPS) busca actualizar normas y fortalecer la rectoría del Conapdis; Álvaro Ramos Chaves (PLN) prioriza accesibilidad e inclusión financiera; Fabricio Alvarado Muñoz (PNR) apuesta por proyectos turísticos accesibles y empleo inclusivo; Ariel Robles Barrantes (FA) propone un enfoque integral, revisando leyes y reforzando servicios.
Este panorama evidencia que la inclusión requiere no solo leyes y programas, sino también voluntad política y atención diferenciada a quienes viven una vulnerabilidad interseccional, como el caso de Kennet.
Ahora se encuentra en España, después de tres años de residir en Costa Rica, como parte de su programa de reasentamiento, y confiesa que todo el proceso que ha pasado lo ha hecho más fuerte y ver la vida desde otra perspectiva. “No ha sido fácil, emocionalmente es duro balancear la pérdida y la búsqueda de nuevos sueños… Nunca me sentí parte porque Costa Rica no me estaba dando la seguridad que necesitaba para crecer como profesional”, finaliza.
La historia de Mora y Kennet muestra que la inclusión y la protección de derechos no son abstractos: cuando se combinan discapacidad, migración y persecución política, las barreras se multiplican y los sistemas —aunque bien intencionados— pueden quedarse cortos. Desde España, Kennet reconoce que su camino ha sido duro, pero también lo ha hecho más fuerte: “Nunca me sentí parte porque Costa Rica no me estaba dando la seguridad que necesitaba para crecer como profesional”. Su relato no es solo individual: es un llamado a que los gobiernos y la sociedad transformen las leyes en acciones concretas, para que nadie tenga que escoger entre sobrevivir y ejercer plenamente sus derechos.
Este reporte especial fue elaborado con el auspicio del Fondo de Canadá para iniciativas locales de la Embajada de Canadá para Costa Rica, Nicaragua y Honduras.