Leandro* es un empleado público crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tiene ocho años de trabajar en uno de los poderes del Estado y aproximadamente unos seis meses de pertenecer al grupo de funcionarios que fue reclutado para “la defensa del voto sandinista” el próximo siete de noviembre, fecha fijada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) para celebrar unas elecciones sin competencia y a la medida de la dictadura sandinista.
“Un secretario político de la institución para la cual trabajo me dijo que yo podía ser buen reclutador porque tengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. Insistió para que entrara en el grupo y fue entonces que comencé a participar en las actividades que organizaron”, revela a DIVERGENTES Leandro, quien remarca en esta entrevista su necesidad por trabajar para sostener a su familia. Eso lo empuja a participar en estas actividades políticas, pese a que no está de acuerdo.
Lo primero que le orientaron a Leandro fue asistir a una reunión, junto a otros de sus compañeros de trabajo, para mostrarles todas las actividades que debían ejecutar varios meses antes de las elecciones y durante el mismo día de las votaciones.
“Nos dividieron en grupos. En un lado estaban los que iban a ser policías electorales, en otro los fiscales del partido y también los que podían hacer de fiscales de los partidos que no tienen gente. A esos ya los habían elegido desde antes si”, señala Leandro.
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Finalmente decidió participar del proceso como policía electoral. Luego de esta primera reunión le siguieron otras en las que le especificaron su trabajo: cuidar el voto y defenderlo cueste lo que cueste.
En Nicaragua las votaciones programadas para el siete de noviembre serán sin competencia política. El régimen descabezó a la oposición y encarceló a siete precandidatos presidenciales acusándolos de diversos delitos. Además de reformar la Ley Electoral a su conveniencia y nombrar a nuevos magistrados que responden a las órdenes del dictador Daniel Ortega, también redujo el tiempo de campaña argumentando riesgos por la pandemia.
A Leandro le pareció llamativo el hecho de que en esta primera etapa se tomaran todo tan en serio si poco a poco el régimen se encargó de eliminar cualquier competencia el día de la elección. Entonces, mientras el régimen encarcelaba a precandidatos presidenciales, los trabajadores del Estado continuaban preparándose para un proceso electoral ”real”.
Verificación y a vigilancia
“El día de la verificación nos orientaron que fuéramos, que llenáramos una esquela y que enviáramos una foto. Pero no solo fue eso, después nos hicieron llegar a todos los trabajadores de mi institución para firmar un padrón paralelo. Nos dijeron que era para contabilizar el voto duro”, detalla.
Como parte de la estrategia de terror impuesta en las instituciones públicas, se orientó a algunos funcionarios, entre ellos Leandro, que denunciaran a sus compañeros de trabajo si estos no iban a verificarse o inventaban excusas para no asistir al proceso.
“Esa fue la segunda orientación”, dice este trabajador público, quien aclara que evitó “quemar” a sus compañeros de trabajo porque no estaba de acuerdo con la intimidación ordenada por sus superiores y con muchas de las políticas sandinistas.
Las últimas semanas han sido de mayor movimiento, afirma Leandro. La tercera orden que han orientado sus superiores ha sido la visita casa a casa a otros empleados públicos. Llegan a las viviendas con una lista en la que se detalla la información de todos los que habitan en el sitio. El objetivo principal es incentivar el voto el siete de noviembre.
Los grupos están conformados entre tres y cinco empleados públicos. Las jornadas de visitas son intensas y no importa si repiten la dirección. Lo importante, dice Leandro, es cumplir con la meta y que el día de las elecciones se note una gran afluencia en los centros de votación.
Lidiar con los CPC y la presión
A la casa de Gloria* “los compañeros sandinistas” llegaron en tres ocasiones durante el último mes. El ritual político que han hecho es el mismo: le piden el nombre de todas las personas aptas para votar que habitan en su vivienda, le hacen firmar un documento de “control” en el que aparece su nombre completo, el número de cédula y la institución gubernamental para la que trabaja. “No tardan mucho tiempo, pero el ambiente siempre es tenso”, dice esta mujer de 35 años.
La visita de “los compañeros” forma parte de la misma “estrategia” que relató Leandro y que el régimen Ortega Murillo empezó a ejecutar desde hace varios meses a lo interno de las instituciones públicas. El objetivo, confirma Gloria, es “garantizar la fidelidad del voto” para el día de las votaciones. En cada una de las tres visitas estas personas, que también son empleados públicos, le han “aconsejado” a ella y a su primo que deben asistir a votar, que no se dejen engañar por la derecha, y que recuerden que “el trabajito lo tienen gracias al comandante”.
Además de lidiar con la inspección que el Gobierno sandinista instaló en las instituciones públicas y que este año se ha multiplicado, Gloria tiene que responder al acoso de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que también la visitan para “intentar controlar los votos de los próximos comicios”. Es un doble candado.
“Con nosotros trabajan de otra forma, es distinto que con la gente que solo es simpatizante. A ellos no pueden amenazarlos con despedirlos, a mi primo y a mí sí. Por eso es que siempre que vienen les abro la puerta aunque hagan lo mismo y sepan que aquí solo cuentan con dos votos”, expone esta madre de familia.
Gloria trabaja en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde hace diez años. Era sandinista porque sus padres le enseñaron el romanticismo de la revolución, pero cambió de opinión después de la masacre de 2018 ordenada por la administración Ortega-Murillo. No oculta que llegó a esta institución pública gracias a la bondad de un amigo de la familia. Sin embargo, asegura que todos sus ascensos se los ha ganado fruto de su esfuerzo. Ella vive con sus dos hijos y su primo, que también trabaja para el Gobierno.
“Siempre ha existido el acoso, la vigilancia, las amenazas, pero en este año electoral los percibo más desesperados. Los que tienen funciones de secretarios políticos dentro de las instituciones viven en reuniones, luego nos citan a nosotros y nos pasan las orientaciones. “Lo que no me explico es porqué, si tienen todo para ganar, nos hacen participar en una elección que al final va a resultar en más de lo mismo”, expone Gloria.
El trabajo el día de las votaciones
El siete de noviembre Gloria asistirá a votar y marcará la boleta en la casilla del régimen Ortega-Murillo. Tendrá que enviar el reporte una vez que haya votado al secretario político de la institución para la que trabaja. Y también a un grupo de WhatsApp que habilitaron para enviar fotografías como otra evidencia.
“Si no voy a votar se van a dar cuenta porque es exigido que pase el reporte. Y si voto nulo también se darían cuenta porque todos los trabajadores del Gobierno estamos identificados por los políticos de nuestros barrios”, asegura Gloria.
Leandro entiende la impotencia y el temor de su amiga. Él será uno de los primeros en votar el siete de noviembre y de “vigilar” que el proceso siga tal cual lo han solicitado los secretarios políticos: en orden y marcando en una lista paralela a los otros empleados públicos que se presenten a los Centros de Votación.
Para Gloria y Leandro la organización y acciones que ejecuta el régimen Ortega-Murillo desde hace meses y que ha intensificado las últimas semanas, no tienen mucho sentido. Entienden que el resultado está listo y que desplegar a todos los simpatizantes para visitar a los votantes o vigilar a quienes asistan o no, es una pérdida de tiempo.
Sin embargo, para un politólogo consultado por DIVERGENTES, aunque el resultado de la elección esté definido, para la cúpula de poder del régimen sandinista es importante conocer el resultado real de los votos el día de la elección, ya que indicará, entre otras cosas, cómo está su base política entre sus simpatizantes, los que les adversan y dentro de las instituciones del Gobierno.
“El Frente Sandinista siempre ha valorado los datos duros, la información para ellos tiene un enorme valor. Y aunque a nosotros nunca nos llegue la información real de la participación ciudadana y de los votos obtenidos por el partido, ellos los conocerán de primera mano”, expone el politólogo que solicitó el anonimato para este artículo.
Según el experto, a raíz de 2018 el voto duro del Frente Sandinista disminuyó considerablemente producto de la matanza ordenada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización y la “defensa del voto” que están orientando a los CPC y trabajadores del Estado, busca, en primer lugar, conocer con exactitud cuál es el porcentaje de votantes que tienen en la actualidad.
“En segundo lugar, ellos quieren medir si su gente está desmoralizada o no, si están en la dejadez y piensan como pensaron algunos, ‘para qué me voy a mover si esto está armado’, y me refiero a los mismos sandinistas que en teoría tienen una disciplina partidaria”, agrega el politólogo.
Como tercer punto, pero no menos importante, el especialista señala que al régimen le interesa conocer si tienen comprada la lealtad de los empleados públicos por el puesto de trabajo que tienen.
“Ellos piensan que al darte un empleo te están dando un premio. Pero que puede ser merecido o no dependiendo de tu lealtad. Y van a medir esto con la asistencia de los votantes de las instituciones públicas”, explica el politólogo.
Para el especialista el régimen Ortega-Murillo “está preparándose para una farsa electoral” que probablemente no será reconocida a nivel nacional ni internacional, pero que persigue realizar una medición de la captación de votos, la disciplina de la militancia y la lealtad de los empleados públicos.
*Algunos nombres fueron cambiados a petición de las fuentes de información. En Nicaragua el Gobierno criminaliza a los ciudadanos que cuestionan el régimen Ortega-Murillo.