– ¡Esto está inundado de soldados! ¡Se están llevando a toda la gente sin preguntar!
Ana, una mujer de 38 años, esposa y madre de tres hijos, me grita desesperada mientras se acomoda la mascarilla con las manos temblorosas. Ayer, un grupo de policías y soldados irrumpió en su casa, en una empobrecida comunidad de San Salvador llamada Nuevo Israel, y se llevó a su esposo y a sus hijos.
Ana es una de las decenas de madres que acudieron este lunes 28 de marzo a plantarse frente a las bartolinas de la Fuerza Naval a preguntar por sus familiares arrestados durante los operativos policiales-militares realizados durante el fin de semana en El Salvador. Estos “operativos/redadas” han sido la respuesta del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele ante la más reciente alza de homicidios que dejó 62 asesinatos solo el sábado pasado y 87 en total entre el viernes y el domingo.
Hasta la noche del domingo, las autoridades reportaron cerca de 600 detenciones en todo el país como resultado de los operativos. Sin embargo, para la tarde del lunes, Bukele tuiteó que la cifra de detenidos aumentó a 1,000. Entre los detenidos hay pandilleros activos con récord criminal, pero también hay mujeres adultas, menores de edad y personas sin vínculos con pandillas.
La noche del sábado, cuando las cifras oficiales ya contabilizaban más de 60 asesinatos en todo el país, y luego de un largo silencio en sus redes sociales, Bukele ordenó vía Twitter a la Asamblea Legislativa que aprobara de emergencia un Estado de Excepción. Esta medida está contemplada en el artículo 29 de la Constitución y consiste, básicamente, en restringir temporalmente derechos fundamentales de los ciudadanos.
Una medida controvertida
La Asamblea controlada por el oficialismo aprobó el decreto con una duración de 30 días con la posibilidad de extenderse por más tiempo. Con ello, los diputados restringieron temporalmente el derecho de libertad de asociación, derecho a la defensa y dio la potestad al gobierno para intervenir las comunicaciones y ampliar el periodo de detención administrativa de 3 a 15 días, así como a realizar cierre focalizados y temporales en algunas zonas. Esta medida no era aprobada en el país desde la pasada guerra civil, en la década de los noventa.
Tras su aprobación y entrada en vigencia, la policía, en conjunto con la Fuerza Armada, han realizado decenas de operativos e intervenciones en todo el país, pero principalmente en la capital.
Bukele, a través del Twitter, emitió un mensaje este lunes advirtiendo a los pandilleros que sus pares en las cárceles no volverán a “ver el sol” de no bajar los homicidios. Sin embargo, para cuando tuiteó, los homicidios ya iban en disminución. Este lunes únicamente se han reportado dos homicidios a nivel nacional hasta el final de la tarde.
Además, el mandatario ordenó emergencia máxima en todos los penales y publicó un video donde se mira a custodios trasladando a pandilleros únicamente en ropa interior. Esta medida, sin embargo, ya ha sido implementada en otros incrementos de homicidios atribuidos a las pandillas como ocurrió en noviembre del año pasado y en abril de 2020.
Las zonas más afectadas son comunidades controladas por la pandilla MS-13. Un ejemplo es la comunidad San José del Pino, en el municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, uno de los departamentos con más homicidios reportados este fin de semana. “El Pino”, como es conocida popularmente dicha comunidad, es un histórico bastión de la MS-13 y cuna de Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “El Sirra”, líder histórico de la MS-13.
Este lunes por la mañana, los habitantes de El Pino amanecieron con un retén militar y barricadas metálicas en la única entrada y salida de la comunidad. Los habitantes tenían que justificar sus entradas y salidas con documentos que probaran su trabajo o la razón por la que querían movilizarse.
Pero el control iba más allá. Los militares también revisaban las pertenencias de los habitantes al entrar y salir, así como sus vehículos. También los proveedores de productos básicos como el agua embotellada o los trabajadores de los camiones recolectores de basura se tuvieron que someter a registros por parte de los militares.
Un trabajador de un camión de agua embotellada dijo a DIVERGENTES sentirse afectado por la medida, después de haber sido registrado. “Depende del militar que te toque que te revise así te puede maltratar o no. Este último que me registró si me trató algo fuerte, pero hay otro que es más tranquilo”, dijo.
También la comunidad Distrito Italia, en el municipio de Tonacatepeque, al norte de San Salvador, ha sido sitiada por policías y militares. “Aquí están custodiando todos los pasajes. No dejan entrar ni salir a nadie ni aunque uno vaya a trabajar”, señaló un habitante de la comunidad que prefirió no dar su nombre para este artículo por temor a represalias de la autoridad.
La MS-13 da un golpe sobre la mesa
Aunque El Salvador ha sido un país históricamente violento, en los últimos tres años ha vivido una reducción histórica de homicidios, principalmente durante los 34 meses de gobierno de Nayib Bukele. La reducción que de 9 homicidios diarios bajó a 2 en los últimos meses es atribuida por Bukele al resultado de su Plan de Control Territorial. Sin embargo, esta versión ha sido muy cuestionada por investigaciones periodísticas del periódico El Faro que han revelado conversaciones entre el gobierno y las pandillas MS-13 y las dos facciones del Barrio 18. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló el año pasado que el gobierno ha sostenido un pacto con las pandillas para lograr la reducción de la violencia y acusó a dos altos funcionarios de pactar con estos grupos criminales.
Bukele ha negado las presuntas negociaciones entre su gobierno y las pandillas, pero el último repunte de homicidios deja en evidencia que las pandillas, y principalmente la MS-13, siguen teniendo el músculo suficiente para incrementar los homicidios cuando lo deseen.
El sábado pasado cerró con 62 homicidios en todo el territorio nacional, una cifra nunca antes vista al menos desde los acuerdos de paz, hace tres décadas. Los asesinatos, atribuidos a la MS-13 ocurrieron en 12 de los 14 departamentos del país, lo que denota que se trató de un golpe organizado y no de un incremento en la violencia común.
Uno de los cadáveres del sábado fue encontrado atado de manos sobre la carretera que conduce de San Salvador hacia la costa, nombrada por Bukele como “Camino a Surf City”, un proyecto insignia con el que el gobierno se vende a nivel internacional.
El cadáver sobre la calle “Camino a Surf City” ha sido interpretada por expertos como una clara señal de desafío y un tropiezo en las negociaciones entre el gobierno de Bukele y la MS-13.
No es la primera vez que la MS-13 incrementa los homicidios durante la administración de Bukele. En abril del 2020, en medio de una cuarentena por COVID-19, las pandillas cometieron 23 asesinatos en un solo día; y en noviembre de 2021 las pandillas pusieron 45 muertos en tres días.
En mayo de 2019, un mes antes de que Bukele asumiera el poder, la MS-13 dio una entrevista al medio salvadoreño Revista Factum en el que un representante de la mara expresaba la disposición de la pandilla para sentarse a hablar con el gobierno entrante. En aquel momento, el representante entrevistado dijo que la pandilla confiaba “en Dios y en Nayib Bukele”.