Carlos Ernesto Santos, 22 años
Visto por última vez el 1 de enero de 2022
“Para el presidente es más importante un perro que las personas”
La mochila que Virna Ivette Abarca lleva a cuestas pesa demasiado. Se detiene ante uno de los muchos postes que demarcan la 25 Avenida Sur en las cercanías del centro de San Salvador, congestionado este mediodía de febrero por el tráfico que, al avanzar lento, permite a algunos curiosos conductores sacar las cabezas por la ventana y ver lo que hace esta mujer de 57 años, agachada al pie de la ennegrecida columna de concreto. Saca del estrecho bulto lo que carga: una tijera, cinta adhesiva marca Scotch y una resma de papel con la foto impresa de su sobrino Carlos Ernesto Santos. Los afiches son completados por una imperativa leyenda: “¡ayúdanos a encontrar!”.
Dentro de la mochila solo queda un “teléfono arruinado” que, dice Virna Ivette, es “su única tecnología” para tratar de dar con el paradero de su familiar. Evidentemente, el bulto no pesa tanto por lo que contiene físicamente, sino porque en los afiches de búsqueda hay impregnada incertidumbre y esperanza, dos sentimientos que conjugados indefinidamente terminan mortificando. Virna Ivette ha asumido la búsqueda diaria de Carlos Ernesto porque los padres del joven de 22 años deben trabajar. En cambio ella, comerciante informal, tiene más chance de decidir sobre su tiempo y bregar por la Catedral, por el parque San José, morgues, psiquiátricos y por barrios aledaños a la Colonia Monserrat, que fue donde su sobrino fue visto por última vez.
“Esto es una angustia a diario, llorar a diario porque sinceramente yo ando buscándolo en todos lados y no he parado. No se puede dormir y comer a gusto”, dice Virna Ivette. “Tengo la energía necesaria para encontrarlo porque lo quiero mucho. Voy a andar caminando bajo el sol y el viento. Por eso hago mi itinerario diario”.
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Hoy el itinerario de Virna Ivette no es en solitario. Acaba de llegar Eneyda Abarca, su hermana y madre de Carlos Ernesto. Esta salvadoreña lleva otros afiches y una pancarta que exhibe sobre la vía con el rostro atravesado por la impotencia. También han llegado otras mujeres que buscan a sus hijos, hijas, esposos, sobrinos, sobrinas, primos, nietos… La jornada ha sido convocada por el “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, recién conformado en El Salvador el pasado 17 de febrero por familiares hastiados de la indiferencia del Gobierno de Nayib Bukele ante este reclamo múltiple, sostenido desde hace varios años, pero que no tiene mayor eco en la administración nacional. Un alarido que ha intentado colarse en la presidencia a través de cartas, en las que los familiares exigen al jefe de Estado prioridad para sacudir a las instituciones de seguridad engolosinadas en la ineptitud.
“El presidente Bukele ha hecho proyectos muy buenos, pero hay algo en lo que me pongo a pensar: ¿por qué le da prioridad a las mascotas y no a los seres humanos?”, dice Eneyda molesta. “Si fuera su hija, su esposa la que desapareciera, no creo que le diera más prioridad que a su perro. ¿Verdad? Si puede distribuir recursos para esos proyectos, bien podría hacerlo para buscar seres humanos”. La madre de Carlos Ernesto se refiere a “Chivo Pets”, un hospital veterinario de última generación que Bukele inauguró en persona el pasado 23 de febrero en San Salvador. “Chivo Pets” es la última diana de la propaganda oficialista en El Salvador, sobre todo porque es producto de otra de las obsesiones del mandatario de Nuevas Ideas: el bitcoin. El hospital de las mascotas fue construido, supuestamente, con las ganancias del fideicomiso para la adopción de la criptomoneda, en medio de un repunte de denuncias públicas de desapariciones.
En cada viaje de Uber, esquina o mercado de San Salvador se habla para bien o para mal de “Chivo Pets”. Hay quienes ven “cool” un sanatorio para mascotas y otros que hubiesen preferido que la inversión fuese en el sistema de salud público. No hay punto medio, pero en fin, el eficaz aparato propagandístico de Bukele lo ha conseguido otra vez: la conversación gira en torno a su administración. Sin embargo, el nacimiento del “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas” ha resultado una irrupción molesta para el oficialismo, ya que permite ver por debajo del pretendido velo del país idílico –con su Surf City y el bitcoin– la interioridad de El Salvador todavía administrado por las pandillas. Un accionar delictivo que sigue desollando y desapareciendo ciudadanos en colonias y departamentos a un ritmo descarnado: La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 1.192 personas desaparecidas en 2021.
El nacimiento del “Bloque” es, de cierta manera, histórico en El Salvador, dice Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (Asdehu). “Las desapariciones siempre han estado presentes en este país, pero hasta ahora nace un movimiento de familiares que marca la agenda, que desafía al gobierno actual. Es la primera vez que se organizan como un bloque de búsqueda frente a la poca o nula respuesta estatal a sus denuncias. De alguna manera suplen la obligación que las instituciones no cumplen”, explica Zepeda.
Todo empezó con una madre: Ivette Toledo. Sus hijos Karen y Eduardo Guerrero Toledo fueron desaparecidos por presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) el 18 de septiembre de 2021. Fueron vistos por última vez en Santa Tecla, localizada al sureste del país, en el departamento de La Libertad. Ivette Toledo tuvo coraje y, a pesar de posibles represalias de la mara, alzó la voz y exigió a las autoridades una investigación “seria” con resultados. A la vez, conmovió a una sociedad que no escuchó nada ajeno en el relato de la mujer, sino algo con lo que todos lidian a diario: dos jóvenes estudiantes que salieron de casa y no regresaron porque atravesaron eso que en El Salvador denominan “fronteras invisibles”. Es decir, pasar a un territorio controlado por una pandilla contraria a la que domina la zona donde vives.
El caso Guerrero Toledo suscitó mucha atención en redes sociales, de medios de comunicación y sobre todo del Gobierno de Bukele, porque la denuncia de Ivette sembró una honda suspicacia en torno a uno de los programas estrellas del gobierno: El Plan de Control Territorial que, supuestamente, ha disminuido los homicidios de este pequeño y violento país centroamericano. ¿En realidad funciona, como define el oficialismo, la “estrategia integral que incluye la recuperación de espacios que históricamente han sido dominados por pandillas, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la generación de oportunidades de desarrollo para la población y mayormente los jóvenes?”.
El Plan de Control Territorial ha sido controvertido desde su génesis. La anterior legislatura –no controlada por Nuevas Ideas en ese momento– bloqueó un préstamo por 109 millones de dólares para materializarlo, lo que generó la ira del presidente. El primer “Bukelazo” a la frágil democracia salvadoreña: El nueve de febrero de 2020, el mandatario se tomó la Asamblea Legislativa con militares y policías a diestra y siniestra. Ungido por una especie de derecho divino, amenazó con disolver el Parlamento en una semana si no era complacido. Bukele consiguió al final destrabar el préstamo en julio y poner en marcha el Plan de Control Territorial, después que su partido ganó la mayoría legislativa. De allí, el gobierno comenzó a celebrar la baja de homicidios en El Salvador. El “logro” fue empaquetado en tono grandilocuente: “Venimos de ser el país más violento del mundo y ahora no estamos ni por cerca en esos números, no estamos ni siquiera en el top 10”, dijo Bukele en noviembre de 2021, más de dos meses después que los hermanos Guerrero Toledo habían desaparecido.
En 2019, año en que Bukele asumió la presidencia, el promedio diario de desapariciones fue de 9. Pero lo que ensalza el gobierno era otro dato: el promedio diario de homicidios en 2019 fue de 6.6 y se redujo a 2.7 en febrero de 2022. De acuerdo a un comunicado de la Casa Presidencial fechado el pasado 2 de marzo, “gracias a la efectividad del Plan Control Territorial, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, el país mantiene una reducción de un 80% de los homicidios (…) Con las acciones implementadas en la estrategia de seguridad del Gobierno se ha obtenido la tasa de homicidios más baja por cada 100,000 habitantes registrada en la historia reciente del país”.
Sin embargo, esta baja en los homicidios es puesta en entredicho por las desapariciones. En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2021, organizaciones sociales salvadoreñas resaltaron que durante 2020, a pesar de ser un año caracterizado por el confinamiento domiciliario obligatorio provocado por la pandemia de Covid-19, “las denuncias de desapariciones ascendieron a más de 2.270, a razón de 6 personas desaparecidas por día”.
Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, asegura que las pandillas han encontrado con las desapariciones una manera de “solapar la violencia homicida”. Reyna conoce de primera mano el funcionamiento de las maras, porque trabaja directamente en una zona roja de San Salvador: en el municipio de Mejicanos. En marzo de 2013, Édgar Giovanni Morales, uno de los colaboradores de los Pasionistas, fue asesinado en plena entrada de la oenegé cuando llegaba a trabajar. Era el tiempo de la tregua entre las pandillas y el gobierno de Mauricio Funes, el prófugo de la justicia y nacionalizado nicaragüense por Daniel Ortega.
Reyna sostiene que los pandilleros durante la tregua con Funes encontraron en la desaparición de personas una estrategia para minimizar los índices de homicidios sin perder, al mismo tiempo, la capacidad de mostrar que mantenían el control y el poder en los territorios. Aunque no está claro si Bukele ha fraguado una tregua con las pandillas, en agosto de 2021 el diario El Faro reveló que el actual gobierno negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. Una negociación “con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome. A cambio, las tres organizaciones –consideradas terroristas por la legislación salvadoreña–, Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, han planteado una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad”, expone la investigación periodística.
La respuesta contra los periodistas de El Faro fue enérgica, desde acosos hasta derivar en un masivo espionaje a través del programa israelí Pegasus. El Gobierno de Bukele no es muy tolerante cuando el monólogo mediático es contradecido. Es por eso que cuando la denuncia de Ivette Toledo marcaba agenda en El Salvador, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, salió al paso y declaró en una conferencia de prensa que los hermanos desaparecieron por estar ligados a la venta de drogas y las pandillas. La madre se indignó tanto que respondió con otra conferencia de prensa. “Intentan culpabilizar a las madres, padres y demás familias salvadoreñas de los problemas graves de seguridad que tiene el país, que son competencia del Estado”, dijo la mujer.
Los familiares de otros desaparecidos se solidarizaron con Ivette Toledo y de forma orgánica nació el “Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas”. La magnitud del problema atrajo a decenas de familias que han roto el silencio impuesto por la indiferencia del presidente Bukele. “Aceptar los desaparecidos es admitir que su Plan de Control Territorial no es eficiente”, sostiene la abogada Idalia Zepeda, quien desde Asdehu en este momento acompaña 15 casos de desapariciones. Mientras el presidente habla de bitcoins y el hospital de mascotas, sus funcionarios mantienen una deslegitimación contra las denuncias sobre las desapariciones.
El ministro Villatoro ha asegurado que estos familiares responden a una “estrategia” para generar “zozobra” de oenegés y “sus agendas ocultas”. Un planteamiento similar al del Gobierno de Daniel Ortega que criminaliza las demandas sociales en Nicaragua. El diez de febrero, la diputada Claudia Ortiz solicitó en el plenario un minuto de silencio por los desaparecidos y los cuerpos que en los últimos meses han sido encontrados en fosas clandestinas. Pero la bancada de Nuevas Ideas, que es mayoría, se negó a guardar silencio. Un silencio que Virna Ivette y Eneyda Abarca, familiares de Carlos Ernesto Santos, están decididas a no soportar.
“Esta es la cruda realidad que nuestro país está viviendo. El Bloque de Búsqueda se ha formado no con un fin político para empañar la imagen del señor presidente. El bloque de búsqueda se ha hecho con el fin de que ayude a acelerar la búsqueda de nuestro pariente, hijo y esposo desaparecido”, afirma Eneyda. “Es una agonía cada vez que encuentran una fosa clandestina en este país. Le rezo a Diosito porque mi hijo no aparezca allí, porque era un estudiante de la escuela de idiomas y no se metía con nadie. Mi esperanza es encontrar vivo a mi hijo, por eso lo seguimos buscando”.
Josué Eliezer Elizondo, 14 años
Visto por última vez el 4 de junio de 2011
“Vivo en una profundidad sin salida, pendiente de cada fosa que encuentran”
Mirian Elizondo siente esperanza cada vez que un forense excava un patio o un predio baldío. Todo cuerpo exhumado podría ser respuesta para la angustia que sobrelleva “desde hace diez años, ocho meses y 20 días”, me dice en San Salvador, después de salir de una reunión con otros familiares de desaparecidos. Ella busca a su hijo Josué Eliezer Elizondo, un adolescente de 14 años cuando se extravió. Que la última esperanza de algunas madres resida en fosas comunes con cadáveres putrefactos no tiene nada de esperanzador, pero solo puede explicarse en países tan distorsionados por la violencia como El Salvador, donde lo fatal, después de tanto tiempo de incertidumbre, conduce al alivio que implica saber qué pasó al fin, aunque se intuya. Dejar de buscar y cerrar el ciclo de los cuerpos insepultos que se vuelven los desaparecidos. Sin embargo, conseguir una certeza como esta es una ruleta constante y dolorosa para los familiares.
Las fosas comunes son descubiertas muy seguido en El Salvador. Entre 2005 y 2013, la Fiscalía reconoce haber trabajado en alrededor de 80 cementerios clandestinos, mientras que entre 2014 y 2016 las autoridades identificaron 158 fosas en las que yacían restos de centenares de víctimas, muchas de las cuales habían sido reportadas previamente como desaparecidas. Hay muchos que dicen que el país más pequeño de Centroamérica es un “gran cementerio clandestino”.
De acuerdo al Instituto de Medicina Legal (IML), en 2021 fueron encontradas 64 osamentas esparcidas en diferentes fosas comunes en San Salvador, La Paz, Usulután, San Miguel, Sonsonate, La Libertad y Santa Ana. Sin embargo, desde el escándalo que supuso el descubrimiento de la fosa de Chalchuapa en la casa de un expolicía, en mayo de 2021, los datos sobre cementerios clandestinos comenzaron a ser manejados con secretismo.
Sindicatos de la Corte Suprema de Justicia pidieron a los magistrados del órgano judicial el pasado 10 de febrero un acuerdo para que el IML brinde datos exactos sobre fosas y cadáveres encontrados. Los descubrimientos son muy escabrosos para obviarlos: En menos de un año han sido localizadas cuatro fosas con decenas de cuerpos. No solo los sindicatos judiciales sino oenegés que trabajan el tema critican que la opacidad del IML pretende no empañar los “éxitos” del Plan de Control Territorial. Un secretismo creciente ante el control político que Bukele ha logrado ejercer en las instituciones públicas. “Realmente hay mucho miedo en la institución”, dijo uno de los forenses del IML cuando le solicité una entrevista para este reportaje. “Y por teléfono mucho menos, porque ahora ya sabe, a todos nos vigilan”, agregó, en referencia al programa Pegasus con el que se ha espiado de forma masiva a periodistas y funcionarios en El Salvador.
Mirian Elizondo todavía no resiente esta cerrazón del IML porque, confiesa, conoce a un forense “muy humano” que siempre le informa de manera unilateral sobre cuerpos que van apareciendo. Pero el desgaste emocional que supone estar viendo cuerpos ajenos, mutilados, perforados, es solo comparable a esa manía de búsqueda que ya le es intrínseca a esta madre: suele bajarse de los buses a prisa cuando, a lo lejos, cree que ve a un muchacho parecido a su hijo. Pero en todos estos años siempre ha resultado falsa alarma: nunca es Josué, el tercero de sus hijos. “Me pongo a llorar, pero sigo buscando; estoy atenta al tema de las fosas. Fui a Chalchuapa, pero mi hijo no estaba allí”, relata la mujer, ya con un llanto incontenible, tan fresco como hace “diez años, ocho meses y 20 días”.
Mirian está atenta también con el más reciente cementerio clandestino encontrado el 5 de febrero en la finca Suiza, Nuevo Cuscatlán, con 26 cuerpos, entre quienes pudieron ser reconocidos los hermanos Guerrero Toledo. El resto de cuerpos siguen bajo análisis de ADN, un proceso que puede durar mínimo siete meses.
La fosa, a juzgar por la distancia, está en el traspatio de la casa personal del presidente Bukele: se ubica a solo un kilómetro y medio del complejo residencial Los Sueños, un desarrollo de clase alta donde el peso de la seguridad presidencial se hace notar con la tanqueta estacionada en la entrada principal. Ni el mandatario ni sus funcionarios han dicho nada sobre la fosa de la finca Suiza. El silencio y la indiferencia ante esta tierra preñada de cadáveres ha sido, por ahora, la única respuesta.
Las autoridades también han hecho todo tipo de malabares para mantener los niveles de homicidios en “mínimos históricos”. Uno de ellos fue en noviembre de 2021: La Mesa Técnica Interinstitucional para la conciliación de cifras de víctimas de homicidios y feminicidios comenzó a contabilizar por separado a las personas encontradas en fosas clandestinas. El resultado influye en la baja de homicidios además de crear un subregistro.
Medir los subregistros es complicado, pero el de los desaparecidos es agravado porque tanto el IML, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil llevan sus propias cuentas. No hay conciliación disponible de las cifras, a excepción de los esfuerzos no estatales como el del observatorio de desaparecidos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Algo que destacan las organizaciones es que al registro se le agregó una nueva clasificación llamada “ausencias voluntarias”. De 1.192 personas desaparecidas reportadas por la Fiscalía en 2021, 832 son “ausencias voluntarias”, una tipificación criticada porque no hay criterios claros para definir qué es una “ausencia o una desaparición”. Para la organización de sociedad civil Cristosal, esta clasificación es un subterfugio para obviar la responsabilidad estatal de investigar, procesar y sancionar.
Mirian, que conoce a otras muchas madres que buscan a sus hijos, agradece que el caso de Josué no haya sido cerrado después de tanto tiempo. Sin embargo, después de diligencias que avanzan muy lento, considera que las autoridades son “pasivas” con los desaparecidos. “Uno tiene que empezar sus propias búsquedas desde el primer momento. Cuando fui a la policía a denunciar la desaparición de mi hijo, los policías me dijeron que no la podían recibir hasta después de 24 horas. Que esperara, porque a esa edad los jóvenes se van con novias y después regresan”, relata Mirian. De inmediato, la mujer recorrió hospitales y no lo encontró. Lo peor ha sido que la desaparición de Josué no tuvo testigos y, por tal razón, fue considerado un “caso ciego”. Una desaparición sin principio ni fin. “Vivo en una profundidad sin salida”, suelta Mirian, aplastada por el paso de los años.
Roberto Ernesto Espinoza, 42 años
Visto por última vez el 2 de marzo de 2021
“Es una agonía horrible. Solo nos queda que duela, porque duele mucho”.
Nelcy Esperanza Díaz de Espinoza se quedó sin esposo de un día para otro. Roberto Ernesto Espinoza era vigilante de un supermercado y el dos de marzo, al finalizar el turno, desapareció en una farmacia en la que otro amigo cuidaba. La mujer pensó que su marido se fue al centro de San Salvador a tomar cervezas, como usualmente lo hacía al terminar la guardia. Pero las horas pasaron y no apareció.
“Ahí empezó ya mi aflicción. Empiezo a llamarle y nada. Fui a la Policía a poner la denuncia. Supuestamente ellos empezaron a investigar, pero en realidad nunca hicieron nada”, dice Nelcy. “A pesar de que habían cámaras de la alcaldía en frente donde fue visto por última vez, no grabaron nada porque no servían. El investigador me dijo que tenían información de que todos los desaparecidos de Santa Tecla estaban en la fosa que encontraron en Nuevo Cuscatlán, pero que tuviera paciencia porque es un proceso largo”.
La esposa lleva esperando un año noticias de la investigación. “Solo me dicen que vaya a Medicina Legal”, lamenta. Al igual que otros muchos casos, la búsqueda de Roberto no empezó de inmediato, a pesar que desde diciembre de 2018, El Salvador cuenta con el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y con una Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Organizaciones que acompañan a las víctimas han celebrado también la creación en 2019 de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas dentro de la Fiscalía, así como un instructivo interno para la búsqueda. En diciembre de 2019 también entró en vigor la reforma al artículo 148 del Código Penal, con la que se creó el delito de desaparición de personas, considerado como un nuevo tipo penal destinado a perseguir las desapariciones cometidas por particulares. Un delito pensado especialmente para miembros de pandillas. No obstante, este engranaje funciona con sumas deficiencias.
“Yo siento que ellos (autoridades) no hacen nada. Solo le dicen a uno que hay un montón de casos y personas que están en la misma situación. Tenemos que esperar y esperar”, se queja Nelcy, quien ya ha perdido las esperanzas de encontrar a su esposo con vida. “Ya he llegado a la conclusión de que todo está en manos de Dios. Lo he buscado en todos lados y no creo que se haya ido del país como me dice el investigador; ¿quién se va del país sin llevarse ni una camiseta extra?”.
Antes de desaparecer, el 24 de diciembre de 2017, Roberto ya había sido secuestrado por pandilleros de la MS-13 en la colonia Quezaltepec. La mara lo había confundido con otra persona y lo liberaron cuatro días después muy golpeado. Así que es muy posible, cree su familia, que estos mismos pandilleros lo hayan desaparecido hace un año.
Idalia Zepeda, la abogada de Asdehu, ha identificado un patrón de incumplimiento de los protocolos. Aunque no hay que esperar 72 horas para poner una denuncia por desaparición, la policía no la toma. “Aparte emiten juicios de valor, que van desde la estigmatización de la juventud hasta la misoginia o el machismo. Los oficiales dicen que al salir a saber con qué ropa andaba la persona, que quizás se fue de novio o de novia, que anda fregando y que pronto va a regresar. Como que hay un desánimo o un desinterés de los oficiales por hacer su trabajo”, asegura la defensora.
Es un embrollo muy grande para Nelcy, una de las pocas familiares que ya ha comenzado a abrazar la resignación. “Es difícil, pero pues la vida sigue”, dice mientras ayuda a otras madres a pegar afiches. “Es una agonía horrible, porque no saber qué pasó con mi esposo, dónde quedó…. lo horrible es que es un ser humano, no es cualquier vida, pero igual no hay respuestas…. solo nos queda que duela, porque duele mucho”.
Christian Joel Mejía Quezada, 28 años
Fue encontrado muerto el 19 de febrero de 2022
“Si uno no se mueve de inmediato, las autoridades no lo hacen”
Las autoridades del Gabinete de Seguridad anunciaron el 20 de febrero de 2022 que el cuerpo de Christian Joel Mejía Quezada, recién estrenado como cobrador de un banco al momento de ser desaparecido, fue encontrado el día anterior en la finca conocida como ‘La Loma’, en el municipio de San Martín. El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, también presentó a los nueve pandilleros de Barrio 18 que cometieron el asesinato. Lo que más impactó a Santiago Mesa Quesada, primo materno de la víctima, es que no fueron informados de ninguna de las diligencias, a pesar de que la búsqueda emprendida por esta familia fue la clave para dar con el paradero del joven de 28 años.
“Nos dimos cuenta por las redes sociales”, critica Santiago.
Christian desapareció el 10 de enero cuando reclamaba un cobro en la motocicleta del banco, cerca del cementerio de San Martín, al oriente de San Salvador. Al terminar la jornada laboral, el gestor no se presentó a arquear el dinero recogido durante el día. Fue cuando llamaron a su familia para informarles que no podían contactarle. Pasaron las horas sin novedades y cuando eso sucede, en El Salvador las alarmas de los familiares se disparan por inercia. Santiago supo que si no se movían de inmediato, las posibilidades de encontrarlo se disminuían con cada minuto transcurrido.
La familia aprovechó que tenían contactos a título personal con policías para tener información de primera mano. Pero no fue mucho lo que lograron y, al ser un clan numeroso, se propusieron ir al territorio a buscar a Christian. No obstante, desistieron por el riesgo. “Entonces de inmediato activamos las redes sociales. Perfiles en Twitter y Facebook llamado ‘Encontremos a Christian’”, relata el primo.
Muchas familias han recurrido a las redes sociales para buscar a sus desaparecidos. Los perfiles de “se busca” abundan y evidencian una realidad que no ocurre, por ejemplo, en los perfiles asociados al partido Nuevas Ideas. es otro país, una realidad paralela. “Sin tener tantos recursos, creo que supimos aprovechar las redes”, dice Santiago. “Pagamos publicidad segmentada en San Martín, donde supimos que fue la última vez que estuvo Christian”. El dato del lugar de la desaparición del joven fue clave en esta búsqueda y no lo consiguió la policía… La familia solicitó al banco rastrear el GPS de la motocicleta. El sistema de posicionamiento dio un sitio y, en efecto, la moto fue encontrada quemada.
A partir de ello, la actividad en redes sociales fue dirigida a San Martín, calle hacia Suchitoto. Al mismo tiempo, la familia inició una denuncia pública enérgica, incluso llevaron a la ventanilla de presidencia una carta exigiendo celeridad en la investigación oficial. Gracias a la intensa actividad en redes sociales y medios de comunicación, la familia recibió la llamada de un testigo que vio cuando Christian fue arrastrado por diez pandilleros a la cancha que está a la par del cementerio de San Martín. La información fue entregada a las autoridades que, desde ese momento, tuvieron una actitud más activa.
“Tengo la sensación de que si uno no se mueve de inmediato por su familiar, las autoridades no lo hacen. El bombardeo que hicimos en redes y públicamente sirvió para encontrarlo. Es nuestra teoría”, sostiene Santiago. “Creemos que las autoridades, si se toma en cuenta como son las cosas en este país, fueron atípicamente efectivas. Lo único en que no estamos de acuerdo es que no nos avisaron cuando capturaron y descubrieron el cuerpo”. El mérito de resolver el caso en cuarenta días se lo llevó, al menos frente a la opinión pública, el Estado.
“Se determinó entonces que el joven había sido interceptado por pandilleros de la Pandilla 18 Sureños que opera en la zona. Estas personas son traficantes de drogas, extorsionistas, que se dedican a intimidar a la comunidad y como lo que son, delincuentes, es que están siendo tratados como delincuentes”, sostuvo el fiscal general Rodolfo Delgado en la conferencia de prensa en la que mostraron a los nueve pandilleros sometidos en el piso.
Aunque todavía no hay certeza total que el cuerpo encontrado sea de Christian, ya que no se conoce todavía el resultado del ADN, Santiago está casi convencido que sí lo es. “El cuerpo solo fue encontrado en boxer y al cotejar con prendas de mi primo, todo apunta a que es de él”, dice. Con el resultado del examen, esta familia podrá recibir el cadáver de Christian para cerrar este ciclo trágico con un entierro, una fortuna que no parece fortuna, pero que en El Salvador así es: no sufrirán la tortura alargada de una búsqueda incierta. Ni mantener la esperanza de obtener justicia de un Estado indolente. Ya saben que Christian fue asesinado por la mara. Y a veces solo es eso lo que necesitan para estar en paz: la verdad.