‘¡Están vivos!’: Régimen autoriza visitas a presos políticos ante presión internacional

Luego de casi tres meses y ante la presión internacional que señalaba a los Ortega-Murillo de desapariciones forzadas, 11 de los 35 secuestrados políticos fueron visitados por sus familiares brevemente.“ Estas visitas fueron una acción diminuta a la luz de la grave violación de derechos humanos”, según el defensor Gonzalo Carrión. No los han maltratado físicamente, pero la tortura psicológica es perenne con interrogatorios diarios. Todos están demacrados. Las audiencias de los juicios políticos se realizarán a puertas cerradas y en el Chipote.

Los familiares de los secuestrados políticos han exigido en estos tres meses de arresto poder tener visitas o permitir la entrega de alimentos. Archivo. Jorge Torres | EFE.

Presionado más por la comunidad internacional que por propia voluntad política, el régimen de Daniel Ortega permitió este martes y miércoles que 20 de los 35 presos políticos capturados entre mayo y julio recibieran visitas de sus familiares. “¡Están vivos! y han bajado entre 20 y 25 libras”, dijeron Bertha Valle y Victoria Cárdenas, esposas de los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. 

Las visitas fueron breves; duraron entre 10 a 30 minutos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como el “nuevo Chipote”, donde los opositores han sido recluidos por el régimen. Tanto Chamorro como Maradiaga relataron a sus familiares que no han sido golpeados físicamente, pero sí han sido sometidos a “tortura psicológica” a través de “interrogatorios diarios que normalmente duran una hora”. Asimismo, ambos denunciaron que “las luces brillantes de su celda permanecen encendidas 24 horas”, según un escrito difundido por sus esposas.

Otras de las presas políticas visitada fue Violeta Granera, quien está un tanto demacrada físicamente, pero de un ánimo que sorprendió a sus familiares. Granera, ni los otros presos políticos, están al tanto de la situación nacional fuera de la prisión, pero enviaron mensajes de ánimo a sus familias y a la ciudadanía. Granera instó a no desfallecer. 

Maradiaga dijo a su familiar que durante el primer mes estuvo “recluido en el régimen de aislamiento” y pidió que transmitieran su mensaje desde El Chipote: “soy fuerte, tengo fe y le rezo a Dios por Nicaragua”.  

Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), Walter Gómez y Marcos Fletes, capturados el 28 de mayo, se les permitió ver a sus parientes durante 30 minutos. “Se puede decir que Marcos está bien, porque está vivo. Pero está súper delgado, obviamente débil física y mentalmente”, dijo Pablo Fletes, hermano del ex funcionario de la FVBCh. En esta entrevista para DIVERGENTES, Fletes compartió que el encierro y soledad durante tres meses han afectado a su hermano “son terribles”, le dijo Marcos.

Los interrogatorios también han afectado al ex trabajador de esta organización. Al inicio de su detención, Marcos era cuestionado a diario, pero admitió que ahora la intensidad ha disminuido con la llegada de más presos. Marcos le compartió que “extraña a sus hijos” y “no es fácil estar encerrado, aislado del mundo”. Pablo todavía no tiene certeza si volverá a ver a su hermano, pues “no nos dijeron nada” sobre futuras visitas. 

El movimiento Alianza Universitaria informaron en un comunicado que los líderes estudiantiles Max Jeréz y Lesther Alemán están «notablemente pálidos y muy delgados» y «han tenido acceso a medicamentos». No obstante, denunciaron que ninguno «ha tenido acceso a sus abogados» y «han sido sometidos a interrogatorios intensos y recurrentes». En el caso de Jeréz «ha tenido dos audiencias, una de ellas a altas horas de la noche en el Chipote», cita el escrito.

La periodista Verónica Chávez confirmó que logró encontrarse con su esposo Miguel Moral, periodista y aspirante presidencial. Según describió, Mora luce «delgado, similar a como salió de la cárcel la primera vez» y aseguró qu se muestra «pálido y con 20 libras menos». Desde prisión, Mora pide al pueblo de Nicaragua «seguir orando por la libertad de Nicaragua y la de los presos políticos».

Chávez denunció que al inicio de la visita fueron fotografiados por miembros del centro penitenciario. Además, que no tiene acceso a libros ni la biblia.

Régimen quiere evitar señalamientos de desaparición 

A juicio de defensores de derechos humanos y opositores, esta acción del gobierno sandinista no es más que una medida estratégica para evitar ser acusados por desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad, tal como sucedió en 2018. 

De acuerdo a Juan Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), la audiencia pública realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 27 de agosto fue clave para esta decisión del régimen, porque en este espacio se emplazó a la dictadura de Ortega a dar “evidencias físicas” que están vivos. En junio, la CIDH ordenó al Estado de Nicaragua “liberación inmediata” de cinco presos políticos que cuentan con medidas cautelares y provisionales de esta organización -Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, José Adán Aguerri y Violeta Granera- a la que el gobierno respondió acusándolos por “conspiración”.

“El Poder Judicial es partícipe por el ocultamiento de los acusados, la falta de acceso a los recursos o amparos legales, el ocultamiento de los expedientes físicos y digitales de las audiencias y de la negación de la intervención de sus abogados defensores”, dijo el extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán. Por la naturaleza del proceso, el abogado considera que es “insostenible” que los jueces mantengan la “desaparición física y legal” de estas personas. 

Morazán señaló que al régimen de Ortega no le conviene permitir que sus funcionarios del Poder Judicial sean acusados de crímenes de lesa humanidad porque son conocedores de la ley y de una condición socioeconómica superior a la Policía Nacional, que es de naturaleza represiva y en 2018 fue la principal institución que atentó contra la vida de manifestantes opositores. “Antes los jueces podían imponer penas excesivas a los presos políticos porque, en cierta medida, la ley le da algún tipo de discrecionalidad para hacer valoraciones sobre medios de pruebas y para tomar ciertas decisiones… pero nunca para actuar en contra de ley expresa, para ocultar expedientes, audiencias y negar el acceso a sus abogados defensores”, indicó. 

El Ministerio Público señaló, en un comunicado emitido este martes, que se empezaron a realizar visitas de los familiares “de conformidad y en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua, el Código Penal y Procesal Penal, reconociéndoles a las personas acusadas el derecho a tener comunicación y visita de parte de familiares”. Sin embargo, para Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, esta es una “acción diminuta” a la luz de la grave violación de derechos humanos. 

“La desaparición forzada es un crimen de orden internacional porque es un atentado a la vida, a la libertad, a la integridad personal y a todos los derechos humanos de las personas porque hay una permanente zozobra, peligro. Es de los delitos de una trascendencia terrorífica para las personas desaparecidas como para sus familiares”, apuntó el especialista. 

“No hay duda que para las familias tiene un gran significado y representa un pequeño alivio de saber que están vivos y les pudieron ver”, dijo Carrión. Sin embargo, esto no quita la responsabilidad penal y el crimen que se ha cometido contra estas personas. “La desaparición forzada se consumó, hay una responsabilidad criminal pendiente de esclarecer, quienes ordenaron esos secuestros tienen la responsabilidad pendiente porque esos crímenes no prescriben”, refirió.

En 2018, durante el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que visitó y documentó los hechos en el país señaló al gobierno de Daniel Ortega como responsable directo de “crímenes de lesa humanidad”, en el marco de las protestas de ese año. Esta vez, durante una audiencia pública realizada por la Corte IDH, familiares de presos políticos denunciaron al Estado de Nicaragua por desaparición forzada. 

“Encierro y soledad son terribles”

El defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, aseguró que los detenidos no están bien. “Una persona desaparecida sufre tortura, no pudieron haber estado bien ¡Nunca! Porque los tienen incomunicados, aislados, desde que los detuvieron arbitrariamente, es una suma de agravios”, adjudicó. 

La comandante guerrillera Dora María Téllez, capturada desde el 13 de junio, pudo conversar con su hermano Óscar Téllez, según confirmó él a la agencia Associated Press. El pariente de Téllez narró que ella se encuentra “muy delgada y pálida” y “no ha sido sido maltratada, pero tampoco está bien hidratada”. La mítica exguerrillera se encuentra en “aislamiento total” como el resto de presos políticos. 

Los encarcelados que también se encontraron con sus familiares el martes son: el precandidato Arturo Cruz, el ex diputado y jurista José Pallais, el líder empresarial José Adán Aguerri y las líderes opositoras Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil.

Este miércoles fueron visitados nueve encarcelados: el ex diputado y miembro del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL)Pedro Joaquín Chamorro, el banquero Luis Rivas, los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jeréz y Pedro Vásquez, quien fungía como conductor de Cristiana Chamorro y el periodista Miguel Mendoza.

Asimismo, fueron vistos por primera vez Suyén Barahona, Hugo Torres y Victor Hugo Tinoco, miembros del movimiento político Unión Democrática Renovadora (Unamos). La visita duró 30 minutos, según familiares.

En los próximos días, los presos políticos tienen previstas audiencias iniciales a “puertas cerradas”, mismas que se realizarán en las instalaciones de la prisión conocida como “el nuevo Chipote” y no en los juzgados, según confirmaron familiares de Chamorro y Maradiaga. Según el abogado Yader Morazán esta medida “genera un nuevo patrón ilegal”, ya que violenta las normas jurídicas. “Compromete la imparcialidad, independencia y autonomía, y desnaturaliza la separación de roles del proceso penal acusatorio”, refirió. Hasta ahora 27 de los 35 presos políticos han sido acusados por la Fiscalía.

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