Fiscalía acusa por ‘conspiración’ a ocho opositores

Entre los supuestos coautores del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional se encuentran tres precandidatos presidenciales: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga. También Violeta Granera, José Pallais, Tamara Dávila, José Adán Aguerri y el politólogo Manuel Orozco están vinculados en el mismo caso.


El Ministerio Público acusó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, por ser presuntos coautores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio del Estado de Nicaragua. La Fiscalía vinculó a este caso al politólogo Manuel Orozco, también al abogado José Pallais y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri. Igualmente incluyó en la acusación a Violeta Granera y Tamara Dávila, ambas miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Según la información publicada en la página web del Ministerio Público, la audiencia preliminar se realizó este jueves 26 de agosto. La judicial a cargo del caso admitió la acusación para todos los imputados y decretó la medida cautelar de prisión preventiva a siete de los ciudadanos que ya se encontraban detenidos en las celdas de la nueva sede de la Dirección de Auxilio Judicial. Respecto a los que no están detenidos, como es el caso de Manuel Orozco, la Fiscalía giró orden de captura. El politólogo vive en Estados Unidos.

El martes 24 de agosto el régimen presentó una ampliación de acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por el supuesto delito de “apropiación y retención indebida”, los cuales se suman a los anteriores señalamientos de “lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”. La Fiscalía también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro y a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro por los mismos delitos que Cristiana, a excepción de “falsedad ideológica” para el último.

“Intentan criminalizar la libertad de prensa. Nuestro trabajo periodístico se defiende por sí solo ante las calumnias del régimen”, dijo Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra exiliado en Costa Rica junto a varios de los periodistas de su redacción. 

La Fiscalía acusó formalmente a Marcos Fletes y Walter Gómez, exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), misma que dirigía Chamorro Barrios hasta inicios de este año antes del vencimiento del plazo de detención de 90 días solicitado por la Fiscalía. Dentro del caso fueron implicados Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”, al igual que a Ana Elisa Martínez Silva, por “apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos”. De igual forma en contra de Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga, los primeros citados por la Fiscalía en dicho caso.

De “traidores” a “conspiradores”

Daniel Ortega y Rosario Murillo tachan de traidores a todos los ciudadanos que se oponen a su régimen. EFE/ Jorge Torres

Con esta nueva medida, el régimen se asegura la detención prolongada de la treintena de opositores detenidos, y acusados por “traición a la patria” bajo la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo. La normativa tacha como “traidor” a los nicaragüenses que “pidan intervención extranjera” y “aplaudan sanciones”. Además de este grupo, hay otros precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas, campesinos y líderes políticos cuyo plazo de investigación y detención está próximo a vencerse.

Arturo Cruz, un académico nicaragüense que se lanzó como precandidato presidencial a inicios de años, fue el primero de los detenidos en ser acusado de “traición”. Cruz venía a Nicaragua desde Washington cuando fue detenido por la Policía Nacional. Según la versión del régimen, planeaba conspirar contra el gobierno de Ortega y Murillo al pedir sanciones a los Estados Unidos.

La mayoría de los detenidos han sido reportados como “desaparecidos” por sus familiares y la organización Amnistía Internacional (AI), según detalló en un reciente informe titulado “¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua”, en el que se documentan 10 casos de desapariciones forzadas. Cuatro de las personas perfiladas en dicho documento fueron acusadas esta tarde por el Ministerio Público: Félix Maradiaga, Violeta Granera, José Pallais y Tamara Dávila.

Los encarcelamientos ocurrieron en una nueva etapa represiva del régimen en pleno año electoral. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró el 12 de mayo que el país se encaminaba a “la peor elección posible”. A partir de dicho mes, el gobierno impuso unas elecciones a su medida, a través de unas reformas electorales y la elección de 10 magistrados afines al partido. Posteriormente, se canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), en el que la Coalición Nacional pretendía competir.

El giro autoritario ha provocado reacciones en la comunidad internacional, y el aumento de sanciones contra los mandatarios y su círculo cercano. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han coordinado acciones para presionar al gobierno y exigir la liberación de los detenidos. Las más recientes fueron aplicadas el dos de agosto contra ocho funcionarios del partido, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.

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