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El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, afirmó en su discurso que el país enfrenta con firmeza la migración, a la que calificó de ilegal. Señaló las olas de migrantes que intentan cruzar de sur a norte, “violando nuestras leyes al intentar ingresar por puntos ciegos en las fronteras”. Sin embargo, el término “ilegal” resulta cuestionable, en todo caso, es un fenómeno complejo que, según organismos internacionales, debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos y protección internacional.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo ha permitido la migración irregular a través del país como una vía hacia Estados Unidos, sino que también se ha beneficiado económicamente de ella. En 2021, el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua comenzó a recibir vuelos chárter de países sin conexión habitual con Nicaragua, como Surinam, Libia, Marruecos, Uzbekistán, India y Tayikistán. También se registraron vuelos con migrantes de Cuba, República Dominicana, El Salvador, Curazao y Haití, quienes utilizaron esta ruta para evitar el peligroso paso por la selva del Darién.

Se estima que el Gobierno cobró impuestos y pagos extraoficiales a inmigrantes que ingresaron al país en vuelos chárter, aprovechando el tránsito de personas que buscan llegar a Estados Unidos. Una modalidad que no representa lo dicho por Avilés, dado que, los inmigrantes sí entran al país por vía legal, pagan su salvoconducto y transitan por el país hasta su salida.

Cabe resaltar, que en noviembre de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de empresas que operan estos vuelos hacia Nicaragua, utilizados principalmente por migrantes irregulares con destino.

En febrero de 2024, Washington amplió la medida al transporte marítimo y terrestre, señalando que estas compañías cobraban precios de extorsión a los migrantes. El 13 de junio, el Departamento de Estado anunció nuevas restricciones de visado contra un ejecutivo de una empresa de vuelos chárter, sin revelar su identidad ni el nombre de la compañía implicada, en un esfuerzo por frenar el tráfico irregular de personas.

Ante esto, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, sostuvo en un artículo de opinión en La Prensa, que Daniel Ortega “debería ser circulado internacionalmente como parte de una red internacional de traficantes de personas”.

Manuel Orozco, analista del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, reveló a DIVERGENTES que entre mayo de 2023 y mayo de 2024 se registraron 1150 vuelos chárter y “pseudo comerciales” al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, con un estimado de 200 pasajeros por vuelo, lo que equivale a 200 000 personas en ese período.

Y en 2023, el régimen Ortega-Murillo recaudó 1664 millones de córdobas en “multas” a inmigrantes que se dirigían a Estados Unidos. Estos cobros, disfrazados como “otras tasas de servicio”, representaron el 64.3% de los ingresos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), según un informe publicado en abril de 2024.

El medio Confidencial, en una publicación también mencionó que “este incremento ha coincidido, además, con el paso de miles de migrantes hacia Estados Unidos, así como la apertura de Nicaragua a ciudadanos de Cuba, Haití y naciones africanas, quienes usan al país como trampolín para llegar a territorio estadounidense. El monto de 2023 representa un récord en las recaudaciones de estas multas y es la primera vez que se superó la barrera de los 1.000 millones de córdobas. En 2022 y 2021, se embolsaron 966 millones y 608 millones de córdobas, respectivamente”.