Familiares y amigos de personas desaparecidas de El Salvador se han organizado, ante la indiferencia del Gobierno del presidente Nayib Bukele, para realizar búsquedas de sus seres queridos. El llamado Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue presentado el jueves, entre denuncias de discriminación y estigmatización de parte de las autoridades salvadoreñas, indolentes frente a la violencia que sufren miles de personas en este país centroamericano.
Desde la llegada de Bukele al Gobierno, las organizaciones de sociedad civil han alertado sobre la falta de información clara y la poca actuación de mecanismos de búsquedas de personas desaparecidas. Miriam Elizondo, una de las representantes del bloque, aseguró que tiene más de 10 años de buscar a su hijo, Josué, sin tener una respuesta por parte del Estado.
Elizondo exigió que el Gobierno dé más información sobre una fosa encontrada en noviembre de 2021 en el municipio de Nuevo Cuscatlán, donde hasta febrero han sido hallados alrededor de 26 cuerpos. “Lo que queremos es información, que digan quiénes son y que a los familiares que vienen [a buscar a desaparecidos] se les muestre fotografías de las pertenencias, para que así ellos puedan descartar que son sus parientes”, dijo Elizondo.
No es la primera vez que Elizondo presiona al Gobierno por la búsqueda de los desaparecidos. Ella escribió a mano en 2019 una carta dirigida al presidente Bukele, en la que denunciaba la negligencia de las autoridades en la búsqueda de su hijo. La carta circuló esta semana en redes sociales.
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Las víctimas fueron acompañadas por las organizaciones de sociedad civil Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Estos organismos expresaron en un comunicado su preocupación por la falta de acceso a la información sobre las desapariciones. También denunciaron que no hay “cifras exactas y confiables” sobre el número de desaparecidos en el país.
Zaira Navas, de Cristosal, dijo que la Fiscalía General de la República reportó 1,191 casos de desaparecidos en 2021, pero, explica, que al hacer públicos los datos, la Fiscalía ha presentado una categoría nueva llamada “ausencia voluntaria”, en la que han enlistado a más de 16 personas muertas. “Cómo una persona se va a ausentar voluntariamente y va a haber fallecido?”, cuestionó la activista.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos, por su parte, reportó una considerable diferencia entre las estadísticas de las instituciones estatales. El Observatorio ha comparado los datos de la Policía, que desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2021 registró 1,555 casos de desapariciones. Mientras tanto, la Fiscalía reportó 1,039 para el mismo período. El organismo advierte de una diferencia grande, de 516 casos.
El Salvador ignora a sus desaparecidos
Johana Ramírez, del SSPAS, aseguró que muchas familias se han visto en la necesidad de usar mecanismos como redes sociales y hasta visitar personalmente fosas clandestinas en busca de sus seres queridos. Esto les pone en una situación de vulnerabilidad e implica un desgaste psicológico, explicó la defensora de derechos humanos quienes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó en octubre de 2021 una audiencia pública sobre la situación de desapariciones en El Salvador. Ramírez expuso que la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, los familiares y las organizaciones de sociedad civil había cesado por falta de comunicación del Ministerio.
En esa ocasión, el representante del Estado salvadoreño y el Ministerio de Justicia, Elmer Castro, dijo que se estaba trabajando en una mesa de diálogo con los familiares de las víctimas. Ramírez aseguró a DIVERGENTES que casi cuatro meses después de la audiencia no ha habido ningún acercamiento del Ministerio.
“Después de la audiencia temática estuvimos a la espera de la confirmación de de esta mesa de trabajo, lo que no ocurrió, por eso es que hace un par de semanas, también como organizaciones y como y como familiares de personas desaparecidas, decidimos presentar una nota en la Fiscalía General de la República para crear este espacio de diálogo con familias”, aseguró.