El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo suspendió por tercera ocasión el juicio que se desarrolla en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en contra de un grupo de siete opositores, a quienes acusa por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha catalogado las suspensiones como “otra modalidad de tortura” que está practicando el régimen. “Mañana (viernes) ya serán cuatro días consecutivos, en esa misma estrategia perversa, quiere desgastarlos a ellos, sus familias y defensores”, sostuvo el organismo.
Los imputados son: José Pallais, jurista e integrante de la Coalición Nacional; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, todos aspirantes a la presidencia en el 2021; José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Violeta Granera Padilla y Tamara Dávila, ambas activistas e integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El caso fue fabricado con pruebas obtenidas de grupos de WhatsApp y declaraciones públicas a medios de comunicación.
Este grupo de presos políticos es, hasta ahora, el más grande que se ha procesado de manera conjunta por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Un delito que no fue probado por las autoridades judiciales, según la abogada Eilyn Cruz del grupo Acción Penal. “Los elementos de prueba son insuficientes”, manifestó.
El artículo 410 del Código Penal de Nicaragua señala que el que “realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua”.
“En ningún momento los presos políticos de forma individual o conjunta han entregado una fracción del territorio. Tampoco tenían poder como para otorgar alguno de los poderes del Estado a una potencia extranjera. Por eso los hechos por los que están siendo culpados son atípicos. Las acciones que les describen con comentarios, opiniones que dieron en redes o medios, no constituyen el delito de menoscabo a la integridad porque con sus comentarios no fraccionaron el territorio. Son hechos atípicos y ante esa atipicidad lo que debe caber es el sobreseimiento definitivo porque no son culpables”, aseguró la abogada.
El proceso judicial empezó el pasado martes 15 de febrero y se ha suspendido hasta en tres ocasiones. Los abogados defensores de los presos políticos han denunciado que los reos de conciencia están en pésimo estado de salud. José Pallais se descompensó durante una de las audiencias. El caso que más preocupa es el del aspirante presidencial Arturo Cruz quien, de acuerdo a versiones extraoficiales, temblaba durante el desarrollo del juicio.
“El Gobierno ha cometido menoscabo”
La Fiscalía señala como cabecilla del grupo de los ocho a Manuel Orozco Ramírez, analista del Diálogo Interamericano quien está fuera del país. El experto se ha destacado como una de las voces más autorizadas para hablar sobre temas de migración y democracia desde el Diálogo Interamericano. El régimen lo acusó de estar vinculado con el financiamiento de “campañas desestabilizadoras mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación”. Lo “identifican” como enlace operativo de grupos internos para dar apoyo logístico y “crear condiciones favorables para lesionar los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico”.
La acusación inicial detalla que la supuesta actividad delictiva de Orozco consistió en “triangular recursos desde organismos internacionales como el Instituto Republicano Internacional (IRI); la Agencia de los Estados para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED)”.
Sobre el proceso judicial, Orozco dijo a DIVERGENTES que las acusaciones van en contra de una comisión internacional para promover la mediación de la crisis política en Nicaragua y con el propósito de promover el diálogo entre la oposición y el gobierno.
“Usan conversaciones de naturaleza pública sobre reformas electorales, participación política en Nicaragua. Estas conversaciones se están manipulando para aducir que coinciden con el intento de menoscabo del Estado. Sin embargo, es el gobierno de Nicaragua el cual ha actuado en menoscabo del Estado toda vez que abusó de su autoridad y atentó contra la seguridad de sus ciudadanos”, expresó Orozco.
Si bien el artículo uno de la Constitución de Nicaragua estipula que cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos del país o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo, Orozco señaló que el trabajo de mediación internacional es opuesto al delito por el cual acusan al grupo, y que la intermediación de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se da en conformidad con la obligación legal de Nicaragua de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Tratado Regional de Seguridad Democrática de Centroamérica, de la Carta Democrática, y siguiendo los compromisos de la declaración de derechos humanos.
“Los miembros de la comisión conocida como el Taskforce on Politics and Mediation of Nicaragua participaron como ciudadanos en derecho a ejercer sus derechos constitucionales de participación política y libertad de expresión protegidos por la Constitución Política, con el estricto propósito de lograr una solución pacífica con la intermediación de la comunidad internacional. La razón de ser de estos esfuerzos radica justo por lo mismo que Hugo Torres dijo en su entrevista antes de ser apresado, que para los nicaragüenses es muy claro que la vía cívica es la única que puede resolver esta crisis y que ellos están firmes en esa convicción. De ahí que los miembros nicaragüenses y extranjeros que han participado en la comisión parten de la premisa de la solución pacífica y cívica de las controversias”, explicó Orozco.
Para el experto en temas de migración y democracia, el levantamiento de investigaciones judiciales, encarcelamientos y juicios son una de las herramientas del régimen para la criminalización de la democracia. Los casos, según Orozco, fueron premeditadamente organizados con leyes que carecen de tipificación de delitos con el mero propósito de formalizar el juicio y realizar condenas.
“La acusación de conspirar en menoscabo del Estado fundamentada en entrevistas públicas, conversaciones en internet en las que los presos de conciencia hablan de participación ciudadana, hablan de reformas electorales, de formación de una coalición no corresponde con lo que constituye conspiración y mucho menos injerencia extranjera. Incluso, la discusión sobre sanciones internacionales es un recurso que existe para los nicaragüenses y cualquier otra sociedad cuando el estado de derecho democrático está ausente”, expuso Orozco.
El analista del Diálogo Interamericano manifestó que quien ha menoscabado la seguridad del Estado y su integridad constitucional es el régimen sandinista porque han violado la Constitución, transgredido el derecho democrático y roto todas las normas y convenios internacionales en los que el Estado está obligado a cumplir: la convención americana de Derechos Humanos, el tratado de seguridad democrática, la carta democrática, los acuerdos de naciones unidas, entre otros.
Los fundamentos iniciales
En un primer momento el régimen “fundamentó” la acusación de los siete presos políticos con declaraciones que los imputados realizaron a medios de comunicación y a través de redes sociales. Es decir, la mayoría de las pruebas son afirmaciones dichas en entrevistas a periodistas, por lo tanto, públicas. De hecho, los oficiales realizaron un monitoreo de redes abiertas, que fue adjuntado a la investigación en un CD-R Maxell con capacidad de almacenamiento de 700MB “conteniendo información relacionada a publicaciones realizadas” por los acusados.
Al grupo se les acusó de ser los responsables de gestionar sanciones económicas, comerciales y de operaciones financieras “contra Nicaragua, sus instituciones y ciudadanos”. No obstante, las instancias internacionales que han castigado al régimen, han aplicado las medidas en su mayoría a funcionarios y familiares de la pareja presidencial, acusados de corrupción o de cometer violaciones a los derechos humanos.
Las supuestas conspiraciones fueron planeadas en dos grupos de WhatsApp, según la Fiscalía: “Reunión Mayo 3” y “Task Force”. En el primero, se bajaban “los planteamientos sobre reformas electorales en Nicaragua” y a cada uno de los “implicados” se les asignaba un rol con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), programada en mayo de 2021.