El Ministerio Público presentó una ampliación de acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por el supuesto delito de “apropiación y retención indebida”, los cuales se suman a los anteriores señalamientos de “lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”. La Fiscalía también acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro y a su hermano, Pedro Joaquín Chamorro por los mismos delitos que Cristiana, a excepción de “falsedad ideológica” para el último.
También se acusó formalmente a Marcos Fletes y Walter Gómez, exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), misma que dirigía Chamorro Barrios hasta inicios de este año antes del vencimiento del plazo de detención de 90 días solicitado por Fiscalía. Dentro del caso fueron implicados Emma Marina López y Pedro Vásquez Cortedano “por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero”, al igual que a Ana Elisa Martínez Silva, por “apropiación y retención indebida; gestión abusiva; y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos”. De igual forma en contra de Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga, los primeros citados por la Fiscalía en dicho caso.
Según el Ministerio Público, la audiencia de ampliación y acusación se realizó este martes 24 de agosto. La autoridad judicial admitió una nueva acusación contra Cristiana Chamorro y giró prisión preventiva para los acusados que se encontraban bajo detención judicial, y orden de captura para las personas que no habían sido detenidas.
La aspirante presidencial se encuentra en arresto domiciliario desde el dos de junio, tras el inicio de un caso en su contra que también implicó a trabajadores de la organización que dirigía. Cristiana Chamorro era la precandidata mejor valorada por los nicaragüenses según las encuestas y por el legado de sus padres: el periodista Pedro Joaquín Chamorro y la expresidenta Violeta Barrios.
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A partir de dicho mes, el régimen Ortega-Murillo continuó con las citatorias contra la FVBCh, en el que han sido llamados decenas periodistas. Algunos de los citados denunciaron que los fiscales los amenazaron con aplicarles la “Ley de ciberdelitos”, aprobada por el parlamento de mayoría oficialista a finales de 2020. Dicha norma deja a discrecionalidad del régimen la definición de “noticias falsas”, un aspecto que causa preocupación para expertos en derecho y defensores de la libertad de prensa.
Las detenciones contra los opositores también se extendieron sumando un total de 34 personas encarceladas, siete de ellas precandidatos opositores. Los mandatarios irán finalmente a unas elecciones sin contrapesos, con una oposición descabezada o en la clandestinidad, y el colaboracionismo de viejos aliados políticos como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El último abuso contra la oposición fue el despojo de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el exilio de Kitty Monterrey, a quien le quitaron la ciudadanía nicaragüense.
Los absurdos del Ministerio Público
DIVERGENTES consultó a un especialista penal sobre la ampliación de acusación a Cristiana Chamorro, sus hermanos y demás colaboradores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El primer apunte que hace el especialista es sobre los cargos de apropiación y retención indebida, y gestión abusiva. El experto explicó que estos delitos son societarios, es decir, que perjudican directamente a una sociedad o entidad específica y no al Estado de Nicaragua.
“Estos delitos no están en el mismo grupo de lavado de dinero, bienes y activos. No tiene ningún fundamento la acusación porque al ser un cargo societario quienes tendrían que acusar a estas personas son socios de la Fundación o directivos que se sientan agraviados, y hasta ahora no hay ninguno acusando. Es totalmente anómalo”, explicó el experto.
El especialista indicó que el único delito en el cual el Estado puede intervenir de oficio es el de lavado de dinero, bienes y activos, y aunque lo haga, deberían analizar correctamente cuál es la procedencia de ese dinero, es decir, si es lícito o no.
La Fiscalía también involucró en las acusaciones al periodista Carlos Fernando Chamorro, quien se encuentra exiliado por segunda vez desde las protestas de abril. El director de Confidencial ha asegurado que no tiene ninguna relación económica ni administrativa con la organización que dirige su hermana. Sin embargo, la Policía Nacional allanó las oficinas del medio que dirige el mismo día en que iniciaron las “investigaciones” contra Cristiana. Horas antes del anuncio de su exilio, la Policía allanó su vivienda.
Las inconsistencia del caso de Cristiana Chamorro
Las acusaciones contra la exdirectora de la FVBCh están repletas de irregularidades que expertos jurídicos han analizado. Una de estas es que su abogada Orietta Benavidez no ha tenido acceso al expediente ni a los detalles del caso, a pesar que ha presentado alrededor de 20 escritos de solicitud en los últimos tres meses.
El abogado Yader Morazán explicó a DIVERGENTES que con la negación del expediente se violan los artículos 464 y 465 del Código Penal de Nicaragua. A su vez, implica una falta al artículo 130 por “obstáculo a la asistencia del abogado o los derechos de imputado, acusado o sentenciado”. “Según la Constitución Política de Nicaragua los jueces son responsables civil, penal y administrativamente de sus actuaciones”, remarcó
Con los nuevos delitos de apropiación y retención indebida, Chamorro estaría enfrentando un juicio cuyos detalles son desconocidos en su totalidad. Solo se conoce que la aspirante presidencial permanece aislada en su vivienda y bajo custodia policial, según han denunciado sus familiares.
Algunos de los implicados en el caso contra la FVBCh han salido del país por temor a ser arrestados. Lourdes Arróliga, quien hoy fue acusada oficialmente, rechazó las acusaciones en su contra a través de su cuenta de Twitter. “¡Rechazo con firmeza esta acusación absurda y falsa! No podrán borrar el legado de la Fundación Violeta por las libertades públicas”, escribió la periodista.