El Ministerio Público de Guatemala, encabezado por la fiscal Consuelo Porras, afirmó este jueves que pedirá el retiro de la inmunidad para el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su vicepresidenta, Karin Herrera, por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
Aparte del antejuicio contra la dupla presidencial del Movimiento Semilla, la Fiscalía emitió 28 órdenes de captura, la mayoría relacionadas a este nuevo caso y otra orden de arresto contra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas Andrade, por otra causa.
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Mientras que con Rodas no ofrecieron mayores detalles.
“De forma sorpresiva llegaron hoy a mi residencia en Quetzaltenango, donde está mi esposa y mi hija, cuando es de conocimiento público que yo no estoy en Guatemala; estoy exiliado”, dijo Rodas a DIVERGENTES.
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“Intimidan a mi familia lo cual es deleznable. Luego escucho esa conferencia de prensa del Ministerio Público y es un caso espurio. Mi gran delito fue aspirar a ser rector de la única universidad pública. Estuve a punto de ganar el proceso y hoy veo que muchas personas que aspiramos a una Usac que haga su rol, que busque el bien común, que señale para sacar a las mafias del poder, se ven criminalizadas”, añadió.
En una rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves, la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario, en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores. Aunque se tratan de causas separadas según el Ministerio Público, Rodas asegura que este nuevo caso contra el presidente electo es parte de la misma insistencia del “pacto de corruptos” para torpedear la toma de posesión, por ende, insiste, la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.
“El caso contra mí y contra el presidente Arévalo está mal planteado, no tiene sustento legal alguno, pero esto es una prueba más de que no solo la Fiscalía, sino el pacto de corruptos no respetan la decisión popular. Así como se robaron las elecciones en la universidad San Carlos, se están queriendo robar las elecciones del país, cuando la gente optó claramente por tener a Bernardo Arévalo como próximo presidente del país”, sostuvo Rodas.
La orden de captura contra Rodas está relacionada con la participación del exprocurador en la contienda electoral de 2023, cuando fue candidato vicepresidencial por parte del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Sin embargo, su aspiración fue vetada por la justicia.
Las “pruebas” contra Arévalo
El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la investigación, aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita.
Durante la presentación del caso, el fiscal Sánchez mostró como supuestos indicios contra Arévalo de León capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.
La Fiscalía también buscará que se le retire la inmunidad a Karin Herrera, vicepresidenta electa, a los diputados del Movimiento Semilla Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros. La acusación detalla que los sindicados utilizaron la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”.
Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.
El listado de personas detenidas no ha sido divulgado de manera oficial, pero según medios locales hay más de 30 hombres y mujeres, entre ellos varios periodistas, con orden de aprehensión.
El Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras, ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior en los últimos meses por intentar intervenir en los resultados de los comicios y buscar cancelar al partido del presidente electo. Arévalo denunció públicamente, desde el 1 de septiembre, a Porras de encabezar un intento de “golpe de Estado” en su contra para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
Porras se encuentra sancionada por Estados Unidos desde 2021 con el retiro de su visado, al igual que el juez penal a cargo de los operativos de este jueves, Víctor Cruz.
Este miércoles, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en Washington, Estados Unidos, una resolución en contra de la injerencia del Ministerio Público en el proceso electoral y la posterior transición de poderes.
Con información de EFE.