La Fiscalía de Costa Rica aseguró a DIVERGENTES que no logró establecer una vinculación directa de Keny Hosman Navarrete Vallecillo con el asesinato del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y opositor Roberto Samcam, pese a que una ampliación de las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo había colocado como una pieza relevante en la presunta coordinación del crimen.
La respuesta del Ministerio Público aclara por primera vez por qué Navarrete no fue incluido en la acusación presentada el pasado 11 de junio contra cinco costarricenses por el asesinato de Samcam y por qué tampoco se solicitaron medidas cautelares en su contra antes que terminara de cumplir una condena por otros delitos y fuera posteriormente deportado a Nicaragua el 30 de julio de 2026.
“Mediante la investigación no se logró extraer una vinculación directa del querellado con el proceso”, respondió la Fiscalía ante consultas de DIVERGENTES.
La institución fue todavía más categórica al ser consultada sobre si continuaba investigando la posible participación de Navarrete en el crimen.
“El querellado no es objetivo del Ministerio Público. Su vinculación al proceso se debe a la querella presentada por el abogado representante de la víctima”, afirmó.
Esa posición contrasta con la valoración del equipo legal que representa a Claudia Vargas, viuda de Samcam. La abogada española Almudena Bernabéu confirmó el pasado 7 de agosto, en una entrevista con el medio de comunicación 100% Noticias, que solicitaron a la Fiscalía incluir a Navarrete en la acusación porque consideran que existen elementos suficientes para procesarlo.
“Nosotros solicitamos que se le acusara, creemos que hay prueba indiciaria y suficiente para ello, sin embargo, la Fiscalía es la que ha decidido que no es así”, afirmó Bernabéu.
Fiscalía no pidió medidas cautelares
Navarrete permanecía recluido en Costa Rica desde 2016 por los delitos de robo agravado, privación de libertad y receptación, una causa ajena al asesinato de Samcam. El Ministerio de Justicia y Paz confirmó anteriormente a DIVERGENTES que salió del sistema penitenciario el 15 de julio de 2026 después de cumplir esa sentencia.
Fiscalía confirmó que tuvo conocimiento de la situación jurídica de Navarrete una vez que la representación de la familia presentó una querella en su contra y señaló que posteriormente le tomó declaración indagatoria.
Sin embargo, el Ministerio Público no solicitó prisión preventiva, impedimento de salida del país ni otra medida cautelar relacionada con el caso Samcam.
“No se solicitó ninguna medida cautelar, ya que, según su condición dentro del proceso, el querellado no cumple con los presupuestos legales exigidos para el requerimiento. Es importante señalar que el abogado querellante estaba plenamente informado de esta situación”, explicó la Fiscalía.
Al no existir una orden judicial que obligara a mantenerlo detenido, Navarrete fue puesto a disposición de las autoridades migratorias después de cumplir su condena. Finalmente fue deportado a Nicaragua el 30 de julio y recibido ese mismo día por autoridades nicaragüenses.
DIVERGENTES también consultó al OIJ sobre si había sido informado de la salida de Navarrete del sistema penitenciario y su posterior deportación, así como las gestiones realizadas ante su vinculación con las pesquisas del asesinato. El organismo respondió que el caso se encontraba en manos del Ministerio Público y remitió a esa institución las consultas sobre Navarrete.
Los indicios encontrados por el OIJ
La posición expresada ahora por la Fiscalía contrasta con los indicios recopilados durante las pesquisas policiales.
Una ampliación de las investigaciones del OIJ fechada el 6 de marzo de 2026, revelada inicialmente por el medio Confidencial y retomada por DIVERGENTES, identificó a Navarrete como una presunta pieza relevante en la coordinación del asesinato mientras permanecía recluido en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela, al noroeste de San José.
Según esa investigación, existían numerosas comunicaciones entre personas señaladas como ejecutores del asesinato y el centro penitenciario antes y después del crimen.
El teléfono de Luis Orozco, uno de los sospechosos del asesinato, registró al menos 102 comunicaciones con La Reforma entre el 2 de abril y el 7 de julio de 2025. El dispositivo vinculado a Bryan Robles, otro de los investigados, también registró llamadas a números del centro penal en fechas cercanas al asesinato de Samcam, ocurrido el 19 de junio de 2025.
Durante una revisión de la celda de Navarrete, los investigadores también encontraron un cuaderno con anotaciones de cuentas bancarias y referencias a importantes cantidades de dinero.
Esos elementos llevaron al equipo legal de la familia de Samcam a considerar que existían suficientes indicios para intentar llevar a Navarrete ante la justicia. Fiscalía, sin embargo, concluyó que su propia investigación no logró establecer una vinculación directa.
Bernabéu ha cuestionado esa decisión y sostiene que las pesquisas deberían avanzar más allá de quienes ejecutaron materialmente el asesinato.
Una investigación que todavía busca quién ordenó el crimen
Roberto Samcam fue asesinado el 19 de junio de 2025 en su vivienda en Moravia, San José. El mayor en retiro del Ejército vivía exiliado en Costa Rica y se había convertido en un fuerte crítico del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las investigaciones permitieron detener a cinco sospechosos, todos costarricenses, el pasado 11 de junio de 2025, la Fiscalía presentó una acusación contra estos, señalados por participar en la planificación y ejecución del homicidio. Navarrete no fue incluido.
Desde septiembre de 2025, las investigaciones habían comenzado a mirar más allá de los autores materiales. Información incorporada al expediente apuntó hacia Nicaragua e incluyó referencias a miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM), el G2 y reuniones que uno de los sospechosos habría mantenido con la denominada “plana mayor” del Ejército de Nicaragua antes del asesinato. Hasta ahora, esos señalamientos no se han traducido en acusaciones contra integrantes de la institución militar.
Bernabéu ha sostenido que el proceso contra los cinco costarricenses representa apenas un primer nivel de la investigación y que el desafío es determinar quién estuvo detrás de la contratación y planificación del crimen.
La abogada también aseguró recientemente que su equipo prepara una solicitud de pruebas adicionales que considera claves para determinar responsabilidades más allá del grupo señalado por ejecutar el asesinato.
Navarrete permanece actualmente en Nicaragua, mientras la querella presentada por la representación de la familia lo mantiene vinculado al proceso y continúa pendiente esclarecer quién ordenó y financió el asesinato de Roberto Samcam.