El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala informó este miércoles que solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de corrupción, y la misma fue avalada por un juez penal del Organismo Judicial del país centroamericano. La decisión de una justicia ampliamente cuestionada por su corrupción representa un zarpazo brutal a la democracia y la voluntad popular de los guatemaltecos. De esta manera queda en el aire la candidatura de Bernardo Arévalo, la gran sorpresa en los comicios del pasado 25 de junio.
El fiscal del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades, detalló al respecto en la tarde de este miércoles mediante un mensaje divulgado por la entidad: indicó que la decisión obedece a un caso denominado “Corrupción Semilla”, por supuestas firmas falsas, y deja en el aire la candidatura de Bernardo Arévalo de León, quien enarbola un discurso anticorrupción, es decir contra las élites que se coluden para gobernar con impunidad en Guatemala.
La exfiscal de Guatemala, Claudia Paz y Paz, dijo en su cuenta de Twitter que “suspender” al Movimiento Semilla es ilegal: viola la Ley Electoral que es de rango constitucional, en específico el artículo 92, que dice: “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
Recibe nuestro boletín semanal
La decisión del Ministerio Público no tiene precedentes en Guatemala, ya que según habían advertido sectores locales e internacionales en las últimas semanas, las cortes y la Justicia no debían inmiscuirse en los resultados de las urnas. “El juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla”, indicó Curruchiche en el mensaje a través de los canales oficiales del Ministerio Público, sin mencionar el futuro de los comicios.
La Fiscalía acusa a Semilla de supuesto financiamiento electoral ilícito y de la utilización de firmas falsas. Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torre.
La oficialización de los resultados estaba pendiente después de que el pasado primero de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio. Fueron diez días marcados por la incertidumbre.
El proceso electoral guatemalteco se vio ampliamente marcado previo a las elecciones por la suspensión de tres candidaturas con posibilidades de ganar los comicios presidenciales. El anuncio de la suspensión de Semilla llegó mientras el Tribunal Supremo Electoral se preparaba esta tarde para oficializar los resultados del pasado 25 de junio, pero la rueda de prensa de la entidad sigue sin llevarse a cabo.
“El Pacto de Corruptos” contra la voluntad popular

Arévalo de León ya había advertido durante los últimos días que el “Pacto de Corruptos” que tiene “cooptado” al Estado intentaría bloquear su llegada a la presidencia.
En Guatemala se denomina como “Pacto de Corruptos” a un grupo de políticos, militares, empresarios y personas vinculadas al narcotráfico que han cooptado la mayoría de las instituciones del Estado desde que lograron la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que desmanteló más de 200 estructuras de corrupción.
El candidato de izquierda Bernardo Arévalo de León se coló, inesperadamente, a la segunda vuelta electoral de Guatemala superando a los candidatos tradicionales con un fuerte voto urbano, en unos comicios marcados por el abstencionismo. Arévalo de León, según los resultados preliminares, alcanzó 623.000 votos (12,2% de los votos), con el 92% de las mesas procesadas y con victorias en los distritos del país con mayor población mestiza y urbana.
El candidato sorpresa dejó de lado a la candidata conservadora Zury Ríos Sosa, hija del dictador golpista Ríos Montt, y al exfuncionario de Naciones Unidas Edmond Mulet, quienes juntos aglutinaban el 19 por ciento de la intención de voto, según dichas encuestas.