“Fractura grande y canibalismo” en el Poder Judicial: magistrada Ileana Pérez renuncia tras ser investigada

La funcionaria pública atribuye su renuncia a razones de salud. Sin embargo, el 20 de octubre pasado llegó a las oficinas de la CSJ con normalidad donde coordinó un taller metodológico, según se conoció en una nota de prensa publicada por el Poder Judicial, misma que posteriormente fue eliminada del sitio web

Fachada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Foto de archivo del Poder Judicial.

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a magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentó este sábado la renuncia a su cargo dentro de ese Poder del Estado por supuestamente presentar problemas de salud “que requiere de atenciones”. Sin embargo, su salida de la institución se da días después de que se conociera que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le quitó el poder de administrar y atender la circunscripción sur que corresponde a los departamentos de Rivas y Granada.

“Por este medio le solicito a usted, honorable diputada, elevar mi renuncia ante la presidencia de la Asamblea Nacional y la Junta Directiva para lo de su cargo, es decir, que se tramite, admite y se acepte mi renuncia al cargo de magistrada de la CSJ”, reza la carta de Pérez dirigida a Loria Raquel Dixon, diputada y primera secretaria del Parlamento nicaragüense.

Los medios oficialistas informaron este sábado que la dimisión de la magistrada será incorporada para ser presentada en la sesión de la Asamblea Nacional del próximo 25 de octubre.

Aunque Pérez atribuye su renuncia a razones de salud, el 20 de octubre pasado llegó a las oficinas de la CSJ con normalidad, incluso, coordinó un taller metodológico dirigido a 14 miembros de la comisión técnica de implementación, capacitación y seguimiento del Código Procesal Civil, según se lee en una nota de prensa publicada por el Poder Judicial que, horas después, fue eliminada del sitio web.

Las fuentes judiciales refirieron al abogado Yader Morazán, que después de la capacitación la funcionaria estuvo “mucho tiempo” encerrada en la oficina del magistrado Marvin Aguilar, secretario político y figura operativa dentro del Poder Judicial, órgano encabezado por Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional y mano derecha de los Ortega-Murillo

En febrero pasado, Pérez había sido llevada a las celdas conocidas como El Chipote para responder por el caso de una propiedad decomisada a un narcotraficante y adjudicada a su hermano Emilio Chan López, quien ostentaba el cargo de juez de lo civil en Rivas. Según el medio digital Confidencial, durante el allanamiento de ese bien inmueble, la Policía incautó más de 200 mil dólares en efectivo.

La destitución y democión de varios altos funcionarios y el arresto sorpresivo del vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Larios, en las oficinas de ese poder del Estado se percibe entre los empleados públicos un ambiente “desértico y de pánico”. Están nerviosos y con la incertidumbre de quién podría ser el próximo “en caer en desgracia”. “Todos están muy concentrados en su labor, nadie está relajado”, afirman fuentes internas de esa institución.

“Según entiendo, se están deshaciendo de un grupito de corruptos que no estaban pagando la coima y se quedaban con todo lo que agarraban”, señala a DIVERGENTES otra fuente judicial, quien asegura que lo que ocurre en ese poder del Estado es una “fractura grande, puro canibalismo”.

A consideración de Morazán, el mensaje que manda la dictadura Ortega-Murillo con estas acciones en contra de sus mismos funcionarios es que la represión que se vive en las calles también se percibe en las instituciones del Estado, donde los empleados son perseguidos, intimidados y hasta encarcelados.

“Aquí nadie está a salvo, ya no existen padrinos ni familiares, es decir, ahora, el que no se alinea en el Estado es visto como un traidor y van con todo…”, refiere el abogado.

“Hay una cacería”

Magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la CSJ. Foto tomada de internet

El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, compara la situación en el Poder Judicial con la llamada “noche de los cuchillos largos”, pero a lo interno del Estado, en donde los puñales han comenzado a ser enterrados entre los mismos fieles a la dictadura.

“Hay una cacería, una sospecha infinita en toda la organización conocida como Frente Sandinista, y ven a un opositor o a una amenaza detrás de cada arbusto”, señala el exdiplomático.

McFields llama a las instituciones del Estado “círculos del infierno” y manifiesta que estos grupos alineados al régimen, después de haber arremetido contra grupos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas y por último la Iglesia Católica, ahora se están estrechando al punto de alcanzar a personas del mismo partido. 

“Hay un círculo todavía más cercano y es el de la familia, en el que hay una lucha que ya comenzó de poderes internos entre los mismos. Todos quieren ser presidentes, todos quieren tomar protagonismo”, apunta McFields.

Otros casos

De camisa roja Roberto Larios, vocero del Poder Judicial, ahora encarcelado y acusado de traición a la patria. Foto tomada de Facebook.

Dos días antes de la democión de la magistrada Pérez, el régimen Ortega Murillo ordenó la detención del vocero de la CSJ, Roberto Larios, quien al momento de la captura se encontraba en su vivienda ubicada en el municipio El Viejo, en el departamento de Chinandega.

El 18 de octubre el también abogado fue llevado a las celdas “El Chipote”, donde la justicia sandinista lo acusó por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

También se conoció que a inicios de octubre Katia Jaentschke Acevedo fue destituida de su cargo como directora de relaciones internacionales de la CSJ, puesto que ostentaba desde septiembre de 2019. La ahora exfuncionaria es hija del actual ministro consejero con funciones consulares del cuerpo diplomático nicaragüense en Costa Rica, Valdrack Jaentschke.

A otra que el régimen también pasó factura fue a Ruth Tapia, quien fungía como directora de Protocolo. La destitución de la funcionaria mantiene en incertidumbre a otros empleados del Poder Judicial porque Tapia desde el 2007 ha ocupado importantes cargos bajo la administración Ortega-Murillo. En el 2019 defendió sin límites a la dictadura como representante de Managua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Otro caso reciente de democión fue el de Zacarías Duarte, quien pasó de ser el director del Instituto de Medicina Legal (IML) a ser el asesor de esa entidad. A este caso se suma la renuncia de la doctora Verónica Acevedo, directora del Área de Desarrollo del IML y ahora el régimen la investiga por el delito de “desfalco”, dice el abogado Morazán. “Se habla de cifras millonarias”, añade.

“Estas dos personas tienen un hijo en el extranjero y cuando quisieron salir del país les quitaron los pasaportes. Acevedo ha trabajado en el Poder Judicial durante más de 20 años y era la encargada de los proyectos y brazo derecho de Duarte”, asegura el exfuncionario.

Morazán añade que a finales de septiembre la dictadura también expulsó de su cargo a Leónidas Tapia, asesor de la presidencia en la CSJ, supuestamente por no alinearse. “No lo dejan pasar ni del portón”, se lee en la denuncia del abogado hecha el 23 de septiembre a través de su cuenta de Twitter.

El escenario que vislumbra McFields, tomando en cuenta estos casos, es que el germen de la destrucción del FSLN se está gestando precisamente desde adentro del oficialismo. “En esta nueva etapa ellos mismos le han hecho más daño al Frente que cualquier sanción, que cualquier oposición, que cualquier movimiento social”, finaliza.