Los magistrados electorales de Guatemala inauguraron la madrugada del lunes 27 de marzo la campaña electoral en la que las organizaciones políticas tendrán tres meses para sus mítines, antes de las elecciones generales fechadas para el próximo 25 de junio. De antemano, este proceso ha sido ampliamente criticado: por un lado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es señalado “de limpiar el camino para unos aspirantes y bloquear a otros”, y por el otro porque se enmarca en un contexto de persecución política contra periodistas, fiscales y opositores por parte del Gobierno de Alejandro Giammattei y sus aliados, quienes pretenden evitar rendir cuentas ante la justicia por casos de corrupción.
“El proceso electoral está en manos de Dios”, dijo la magistrada del TSE, Blanca Alfaro en la conferencia de prensa precedida por mariachis y una oración evangélica, en la que se anunció que 23 fórmulas presidenciales pueden hacer campaña, además de otras 29 mil personas que se postulan a cargos de diputados, alcaldes y síndicos. Y aunque son muchos, no son todos.
Ese mismo lunes, mientras unos partidos inundaron el país de vallas, spots radiales y anuncios de televisión, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la única organización que postulaba a una mujer indígena como candidata a la presidencia, luchaba por ser inscrita. “Ayúdennos a salvar la democracia”, gritó a la CSJ Cirilo Pérez, secretario general del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), una organización de izquierda integrada en su mayoría por personas indígenas y campesinas del área rural de Guatemala. Estaba allí por un amparo contra el Tribunal, que excluyó a su binomio de las elecciones.
Guatemala es un país conservador con 17 millones de habitantes, donde el 43% de la población es indígena y el 52% vive en situación de pobreza. Solo 9.3 millones están acreditados para votar y el 54% es mujer. Estas votaciones estarán marcadas por la persecución política y el papel del Ministerio Público y juzgados aliados cerrando los casos más grandes de corrupción. Desde hace ya varios meses, en Guatemala se persiguen a los jueces, fiscales y periodistas que una vez los investigaron, como es el caso del director de ElPeriódico, José Rubén Zamora.
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Camino limpio para la hija del condenado por genocidio
Durante el primer día de la campaña electoral, hubo movimiento en todo el país. En una parte de la Ciudad de Guatemala, en un hotel, se presentó Zury Ríos, la aspirante a la presidencia por la coalición Valor-Unionista, que aglutina a militares, empresarios y políticos de derecha.
La candidata es hija de Efraín Ríos Montt, general que en 2013 fue condenado por genocidio, aunque diez días después la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia. Años después, en 2019, Roberto Molina Barreto, uno de los magistrados que firmó ese fallo, fue aspirante a la vicepresidencia junto a Zury Ríos.
Organizaciones políticas y de la sociedad civil han cuestionado la participación de Ríos porque la Constitución establece una prohibición para optar a la presidencia para hijos de exjefes de facto. Además porque en su recién presentado plan de gobierno propone implementar en Guatemala la pena de muerte y el mismo plan de control territorial de Nayib Bukele, cuestionado por las violaciones a los derechos humanos.
El círculo cercano de Ríos está formado por abogados de su padre, de aliados del expresidente Álvaro Arzú y exfuncionarios del Gobierno de Jimmy Morales que tuvieron un papel protagónico en el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como evidenció un reportaje del medio NoFicción.
En otra esquina de la Ciudad de Guatemala, en el Mercado La Terminal, el más grande del área metropolitana, arrancó Sandra Torres, candidata por tercera vez del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), una organización política de la que casi pierde el control por disputas internas.
Torres regresó a las tarimas de la contienda cuatro meses después de que una jueza cerró un caso en su contra por supuesto financiamiento electoral ilícito, que la llevó a pasar cuatro meses en prisión. Hubo señalamientos de que los trabajadores del mercado fueron obligados a asistir al mitin de Torres para no ser sancionados.
Mientras tanto, en una de las carreteras más transitadas del área metropolitana, estaba Edmond Mulet, candidato del partido Cabal, sosteniendo carteles con frases alusivas al tráfico que se genera allí. Mulet es un diplomático que fue señalado en una investigación periodística de tener vínculos con adopciones irregulares hechas durante la guerra interna en Guatemala.
Aunque estos últimos tres partidos ya están en campaña, todavía no tienen certeza de su inscripción definitiva, ya que se presentaron amparos en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad.
El Movimiento para la Liberación de Pueblos, que proclamó como su binomio a Thelma Cabrera, lideresa indígena y a Jordan Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, usó el día para presentarse a una Vista Pública ante la CSJ, donde su secretario Cirilo Pérez, pidió que se resuelva a su favor y se ordene que sean inscritos.
En enero de 2023, a meses de haber dejado el cargo, Rodas fue denunciado por su sucesor en la PDH, José Alejandro Córdova. El caso fue tramitado con rapidez en el Ministerio Público y luego utilizado para señalar a Rodas de no contar con un finiquito, un documento que prueba que no manejó mal los fondos públicos, aunque el aspirante y partido asegura que sí cuenta con uno que está vigente.
Roberto Arzú y David Pineda, aspirantes a Ejecutivo con el partido Podemos, también están en el limbo. Aunque fue inscrito, la resolución fue revocada por falta de pago de una multa. Arzú asegura que ya la pagó y ahora espera por sus credenciales.
También participan los partidos Unión Republicana; Comunidad Elefante; Frente de Convergencia Nacional; Prosperidad Ciudadana; Visión con Valores; Bienestar Nacional; Voluntad, Oportunidad y Solidaridad; Cambio; Mi Familia; y la coalición URNG-MAIZ-WINAQ.
Además de Compromiso, Renovación y Orden; Unidad Nacional de la Esperanza; Partido Azul; Cabal; Todos; Vamos por una Guatemala Diferente; Partido Humanista de Guatemala; Partido Republiano; Partido de Integración Nacional; Victoria; Partido Político Nosotros, y Movimiento Semilla.
Críticas
El proceso inicia en medio de señalamientos de falta de independencia de parte del Tribunal Supremo Electoral. Mirador Electoral, entidad que aglutina a cinco organizaciones no gubernamentales que fiscalizarán las elecciones, dijo que en el proceso de inscripción, las y los magistrados del TSE tomaron medidas discrecionales y de doble rasero.
“Laxitud y permisividad en la inscripción de personas en quienes pesan condenas y procesos abiertos, frente a la severidad e interpretación restrictiva de derechos fundamentales para impedir la participación de otros candidatos que son percibidos como una amenaza al sistema”, dijo Mirador Electoral.
Una de las resoluciones más polémicas fue la inscripción de Manuel Baldizón, aspirante a diputado que hace cinco meses fue deportado de Estados Unidos, tras cumplir una condena por declararse culpable de lavado de dinero en ese país y recibir dinero del narcotráfico.
La inscripción de Baldizón estuvo vigente por unos días, ya que el mismo TSE revocó el fallo tras argumentar, entre contradicciones, que no recibieron a tiempo información de los antecedentes penales del político, que además fue acusado en Guatemala en dos grandes casos de corrupción, uno de ellos Odebrecht.
“De manera discrecional deja sin efecto finiquitos vigentes y por otro lado inscriben a candidatos con procesos penales abiertos que gozan de medidas sustitutivas y con condenas en otros países”, criticó Mirador Electoral.
Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE), publicó un informe en el que señala que una de cada cinco personas habilitadas para votar en estas elecciones no sabe leer ni escribir; que el 41% del padrón electoral lo representan personas menores de 36 años, y que la televisión abierta se mantiene como la fuente principal de información de las y los guatemaltecos. El segundo lugar lo ocupan las redes sociales, donde ya se ve la disputa electoral.
“El razonamiento de los votos de los magistrados evidenciaron diferencias marcadas en la aplicación de los criterios para calificar los méritos de capacidad, idoneidad y honradez de los aspirantes”, dijo el MOE.