A menos de un mes de las elecciones sin competencia del siete de noviembre, la Arquidiócesis de Managua, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes, expresó que Nicaragua ha “perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de nuestra patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos”.
La Arquidiócesis de Managua lamenta que, ante un contexto electoral, no se dio “cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores” y que, por el contrario, “se les ha excluido”.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantendrán en el poder este siete noviembre, ya que aseguraron su reelección en unos comicios sin rivales. Siete precandidatos presidenciales están presos, y otros dos se exiliaron por las amenazas de la policía y la Fiscalía. No hay competencia real. Es decir, que la pareja presidencial ni siquiera tendrá que fraguar un fraude electoral como en el pasado, ya que las elecciones serán un mero trámite que los opositores perseguidos han tildado de “farsa y circo”.
El comunicado de la iglesia cita el Catecismo 2237b que reza: “Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común. No pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y toda la comunidad humana”.
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Por posiciones como éstas, los obispos de la iglesia católica son atacados por el mismo presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo. A principios de octubre, cuando el caudillo sandinista dio por iniciada su campaña electoral de manera televisada, insistió en llamarlos “terroristas”.
Para Ortega, los religiosos participaron en “un intento de golpe de Estado” tras el respaldo de la Iglesia a las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018 y que fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno. “Ellos [los obispos], como que fuesen electos, como que fuesen una autoridad electa, y como que tuviesen derechos, nos leyeron el ultimátum donde nos daban 24 horas para dejar el Gobierno, entregar el Poder Judicial, entregar la Presidencia, entregar el Poder Electoral, entregar la Asamblea Nacional… ¡Entregarlo todo!”, sostuvo Ortega en relación con una carta presentada por los representantes de la Iglesia al Ejecutivo en el marco de las negociaciones que se celebraron en Managua en 2018 para poner fin a la crisis política.
“Nosotros escuchábamos con mucha paciencia cuando los señores obispos leían su documento firmado por todos ellos. ¡Es un documento vergonzoso! Los señores obispos firmando ahí en nombre de los terroristas, sirviéndole al imperio. La verdad es que cedieron y se convirtieron en cómplices del terrorismo; o sea, los verdaderos responsables de esos actos de terrorismo no eran los que estaban en los tranques, esos eran también delincuentes, pero los jefes, los que organizaron todo esto, los que armaron todo esto, eran ‘los cuello blanco’, los que no se ensucian las manos, los que no se ensucian sus zapatillas, los que se sienten intocables”, vociferó el mandatario.
CID-Gallup: cualquiera de los presos le gana a Ortega
La última encuesta de CID-Gallup, la firma con mayor credibilidad en Nicaragua, reveló que si las elecciones en Nicaragua fueran hoy entre Ortega y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario sandinista solo obtendría un 19% de los votos frente a un 65% opositor, mientras otro 16% de los consultados se mostraron indecisos.
Los resultados exponen un desplome histórico del candidato oficialista y su fórmula, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo: La pareja presidencial, que pretende perpetuarse en el poder en unos comicios sin competencia, tenía una intención de voto a la baja del 28% en mayo pasado.
Pese a que la narrativa del mismo Ortega asegura que los siete presos políticos no son candidatos presidenciables y, en cambio, los cataloga como “criminales que atentan contra el país”, la encuesta de CID-Gallup expone que el “candidato opositor” aumentó 26 puntos desde mayo, cuando se publicó la última encuesta de la firma. En contraste, Ortega, quien busca su cuarto mandato y tercera reelección consecutiva, perdió 14 puntos porcentuales. En tanto, el número de indecisos se redujo de 33% a 16%.
Seis de los siete precandidatos presos mostraron mayores simpatías que la pareja presidencial. Según CID-Gallup, ellos son: Juan Sebastián Chamorro, con 63% de opinión favorable, Cristiana Chamorro (62%), Miguel Mora (56%), Félix Maradiaga (56%), Medardo Mairena (53%) y Arturo Cruz (52%). En contraste, Daniel Ortega tiene 34% de opinión favorable y -64% desfavorable y Rosario Murillo 37% a su favor y 60% desfavorable.
“Daniel Ortega y Rosario Murillo son las figuras públicas con mayor proporción de opiniones desfavorables hacia su persona. Lo contrario se da en el caso de Juan Sebastián Chamorro y Cristiana Chamorro. También la mayoría de las personalidades evaluadas resultaron con saldos positivos, excepto Oscar Sobalvarro [aspirante presidencial] (44% de opinión desfavorable), Daniel Ortega (64% de opinión desfavorable) y Rosario Murillo (60% de opinión desfavorable)”, concluye el sondeo.
Organizaciones sociales piden desconocer comicios
(Por EFE).
Organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantiles, profesionales, campesinas, artísticas, del exilio y la diáspora de Nicaragua solicitaron este jueves al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) que declare ilegítimas las elecciones generales de noviembre.
Las organizaciones indicaron que pidieron a los ministros europeos que, “en ocasión de su próxima sesión del 18 de octubre, en la que abordarán la crisis de Nicaragua, declaren la ilegitimidad de las elecciones convocadas para el 7 de noviembre próximo, en vista de las reiteradas violaciones a los derechos humanos”, informaron, en un comunicado.
Las elecciones de Nicaragua han causado controversia debido al establecimiento de leyes restrictivas, la cancelación de tres partidos políticos opositores y el arresto de 37 líderes de la disidencia, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia. En estas elecciones, Ortega aspira a extender en cinco años más el mandato que recuperó en 2007, para un segundo periodo con su esposa, Murillo, como vicepresidenta.
Según las organizaciones demandantes, entre las violaciones a los derechos humanos que comete el líder sandinista en Nicaragua está “el encarcelamiento de 155 presos políticos, así como de los dirigentes políticos que aspiraban a competir en dichas elecciones, y la anulación de la personalidad jurídica de los principales partidos de oposición”.
En la carta, también dirigida a los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los sectores solicitaron “una estrategia unida de parte de la Comunidad Internacional y que incorpore la visión de la sociedad civil nicaragüense para encontrar una salida sostenida a la crisis y recuperar la democracia y las libertades”.
La petición de los sectores civiles de Nicaragua fue firmada por 19 organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Presos Políticos, el Consejo de Ancianos Municipal Moskitia Waspam, la Asociación Médica del Exilio de Nicaragua, Acción Penal, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, y Amigos de Nicaragua Azul y Blanco.
Nicaragua vive una crisis política desde las manifestaciones contra Ortega de 2018, que dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tanto la oposición como la sociedad civil se han referido a las próximas elecciones como una “farsa”, debido a que el Consejo Supremo Electoral está en manos de los sandinistas, mientras el Gobierno apela a su soberanía.