El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), corazón del conteo en Tegucigalpa, se ha convertido en el epicentro de la tensión postelectoral. Tras casi tres semanas de los comicios del pasado 30 de noviembre, el proceso para revisar las 2792 actas con inconsistencias está paralizado. Los enfrentamientos entre militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y el opositor Partido Nacional ya dejan los primeros heridos, mientras la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denuncia que la institución está “secuestrada” por las presiones de los partidos políticos.
El reloj corre en contra: la ley otorga al CNE hasta el 30 de diciembre para declarar un ganador. Sin embargo, la desconfianza técnica y la violencia en los centros de acopio amenazan con desbordar el plazo legal.
Sumado a la crisis local, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, ha marcado una línea roja: exige el inicio inmediato del escrutinio especial y advierte que “cualquier llamado a perturbar el orden público o la labor del CNE tendrá consecuencias”.
Este respaldo implícito al candidato conservador Nasry “Tito” Asfura —quien lidera los resultados preliminares con un 40.54%— ha sido interpretado por el oficialismo como una intervención directa. “Enfrentamos la presión de un gran imperio”, afirmó Rixi Moncada, candidata de Libre, quien califica el proceso como las “elecciones más tramposas de la historia”. Esta dinámica revive en Centroamérica el fantasma de la injerencia estadounidense en procesos electorales críticos bajo narrativas de fraude.
Para comprender la parálisis técnica, es necesario precisar que el CNE ha sido tajante: la Ley Electoral de Honduras no admite un recuento generalizado “voto por voto” de todas las actas sin causas legales acreditadas.
- Limitación jurídica: La ley solo autoriza revisiones y recuentos especiales ante causales objetivas, como errores de transcripción o diferencias entre la cantidad de votantes y el acta.
- Reclamo político: La presidenta Xiomara Castro y el expresidente Manuel Zelaya exigen abrir las urnas para revelar “la verdad”, asegurando que el pueblo debe reclamar el “voto por voto”.
- Advertencia técnica: El CNE sostiene que un recuento total sin sustento legal vulneraría la transparencia y desnaturalizaría el sistema de escrutinio establecido.
Honduras no es una isla. La inestabilidad en el país se suma a un panorama de alta tensión política en el Triángulo Norte. Si el 30 de diciembre llega sin un resultado aceptado por las partes, el caso podría pasar al Parlamento, donde el oficialismo mantiene una Comisión Permanente cuestionada.
El desenlace de esta crisis electoral marcará un precedente sobre el peso de las alianzas externas y la fragilidad de las instituciones democráticas frente a la polarización en Centroamérica.
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