El paquete de leyes aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador como “respuesta” al incremento de homicidios “violan las garantías básicas del debido proceso y los derechos de la niñez”, señaló este viernes la organización Human Rights Watch (HRW). Las medidas, aprobadas entre el 30 de marzo y el cinco de abril, llegaron acompañadas de un estado de excepción y un fuerte despliegue militar en todo el país. Con ello, el presidente Nayib Bukele promete más mano dura contra las pandillas, tachadas como las responsables de la oleada de asesinatos.
“El Gobierno de El Salvador debería adoptar medidas respetuosas de los derechos humanos para proteger a la población de la atroz violencia de las pandillas, desmantelar estos grupos criminales y llevar a los responsables de abusos ante la justicia”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Por el contrario, Bukele ha impulsado leyes excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños”.
Las medidas permiten a los jueces encarcelar a menores de edad a partir de los 12 años para que sean juzgados como adultos. También restringen la libertad de prensa y se expande la prisión preventiva a 15 días. “Estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas”, señaló Human Rights Watch.
Suspensión de derechos constitucionales
Una de las acciones del Ejecutivo fue la suspensión de las garantías constitucionales mediante un polémico estado de excepción. Con ello se prohíbe la libertad de reunión y asociación. El provocó la militarización de El Salvador y el encarcelamiento masivo de pandilleros. Policías y militares entraron a todos los barrios del país para colocar retenes y restringir la movilización de la población.
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La nueva legislación establece penas de larga duración que podrían resultar en sanciones desproporcionadas, señaló Human Rights Watch. Aquellos condenados por liderar una pandilla “terrorista” ahora enfrentan penas de 40 a 45 años de prisión, en lugar de penas de hasta 14 años, como previamente establecía la legislación. Ser miembro de una pandilla ahora será penado con 20 a 30 años de cárcel, en lugar de tres a cinco años.
El Salvador vivió en las últimas semanas una de las jornadas más violentas en su historia. En un fin de semana fueron asesinadas 76 personas. Este número sólo es comparable a los 51 homicidios en un solo día registrados en agosto de 2015, cuando el país vivió su año más mortífero tras el final de la Guerra Civil (1980-1992). Para ese entonces, se registraron los mayores índices de violencia jamás contados. Por cada cien mil habitantes sucedían 103 homicidios.
Desde su llegada al poder, Bukele ha dado claros pasos hacia el autoritarismo con la militarización del Parlamento el nueve de febrero, y la aprobación de una polémica medida que convierte al Bitcoin en una moneda oficial. Los ataques y amenazas a medios de comunicación salvadoreños también han sido parte del repertorio de acusaciones sin fundamentos que ha realizado el presidente en intervenciones públicas.
Los homicidios causaron una enorme conmoción en la sociedad salvadoreña. Bukele atribuía las bajas cifras de los últimos años a su Plan de Control Territorial, uno de los proyectos insignia de su Gobierno y también de los más opacos. Está compuesto de al menos siete fases, varias de ellas todavía desconocidas.
El éxito del plan también ha sido cuestionado por periodistas y miembros de la sociedad civil, tras la publicación de un reporte divulgado por El Faro en el que se revelan las negociaciones de Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador.
Cualquier crítica realizada a estas medidas se convierten en blancos de ataques por el mismo presidente. Bukele acusó a periodistas, organizaciones no gubernamentales, jueces y políticos que criticaron sus medidas de “defender” a las pandillas y utilizarlas como su “brazo armado”.
“Al desmantelar el Estado de derecho en el país, el presidente Bukele ha socavado la protección de los derechos de todos los salvadoreños y ha debilitado enormemente la capacidad de las autoridades para investigar la violencia de las pandillas”, señaló Pappier. “Esto es precisamente lo contrario de lo debería buscar una política de seguridad robusta y respetuosa de los derechos humanos”.