El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) citó a los alcaldes opositores de Ciudadanos por la Libertad (CxL) de los municipios de El Cuá y Santa María de Pantasma, ubicados en el departamento de Jinotega, para “revisar cuestiones técnicas del personal”. Esta citatoria ocurrió cuatro días después que Daniel Ortega y Rosario Murillo liquidaron el proceso electoral en Nicaragua con la cancelación de la personería jurídica a CxL, en un camino a las urnas que carece de condiciones mínimas y profundiza la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive Nicaragua desde 2018.
El alcalde de Santa María de Pantasma, Óscar Gadea, confirmó a DIVERGENTES que por “problemas familiares” no asistió a la citatoria fijada para el diez de agosto. No obstante, permanece la incertidumbre de si culminará o no su período previsto hasta 2022. De acuerdo a comunicaciones con directivos de CxL, “el Consejo Supremo Electoral había dicho que teníamos que cumplir nuestro período normal y me imagino que igual ahora”, dijo Gadea.
Por su parte, el alcalde del municipio de El Cuá, Isidro Irías, también fue citado por Inifom, según confirmó un miembro del extinto partido político CxL. DIVERGENTES intentó comunicarse con el edil pero no respondió para obtener mayores detalles.
Hasta ahora, la plataforma opositora no se ha pronunciado al respecto de la situación que viven sus alcaldes. CxL cuenta con tres alcaldías en el departamento de Jinotega: El Cuá, Santa María de Pantasma y Sebastián de Yalí las cuales permanecen en manos del partido opositor hasta ahora.
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Jinotega, un departamento ubicado al norte de Nicaragua, es ampliamente conocido por su tradición opositora al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al régimen de Ortega. Esta zona es también conocida por conformar grupos armados por razones políticas, los cuales han sido exterminados por el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Desde 2020, este ha sido uno de los departamentos donde se han reportado altos niveles de violencia contra población campesina, llegando a señalarse por organismos de derechos como “ejecuciones extrajudiciales”.
Diferentes miembros de la plataforma opositora dirigida por Carmella María Rogers Amburn, mejor conocida por Kitty Monterrey, han sufrido persecución judicial y hostigamiento recientemente. Cuatro días atrás Monterrey fue privada de su ciudadanía nicaragüense y este martes reapareció en Costa Rica durante una entrevista televisiva con Telenoticias. El pasado nueve de agosto, Mauricio Díaz, el director ejecutivo y vocal de este partido político fue arrestado por la Policía Nacional tras asistir a una citatoria en la fiscalía. El tres de agosto, Berenice Quezada y candidata a la Vicepresidencia de la República por CxL fue retenida e inhibida para optar a cualquier cargo de elección popular por el Ministerio Público.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) se perfilaba como la única casilla de competencia al régimen de Ortega-Murillo en medio de un proceso electoral que carece de condiciones mínimas y en el cual el ex guerrillero sandinista consumará su quinto mandato presidencial de forma fraudulenta.
Castigo vía transferencias
El régimen de Ortega-Murillo ha arremetido contra alcaldías opositoras a lo largo de la historia. En los últimos dos años consecutivos, 18 alcaldías gobernadas por opositores han sufrido la reducción de fondos del Presupuesto General de la República en base a lo establecido en Ley 446, Ley de Transferencia Presupuestaria a los Municipios en Nicaragua. Esta medida represiva ha limitado las funciones operativas y administrativas de la comuna, afectando así proyectos relacionados a construcción de calles, puentes, limita la provisión de servicios básicos y el pago a trabajadores.
Las transferencias municipales en las tres alcaldías que gobierna CxL se han reducido un 79% entre 2017 y 2020. Sin embargo, no ha sido la única acción represiva contra las administraciones de este partido opositor.
En 2018, Isidro Irías, alcalde municipal de El Cuá por CxL, desde que asumió sus funciones ha lidiado con los desmanes provocados por el sandinismo. La antigua administración encabezada por Raúl Antonio Acevedo Lara, un ex liberal convertido al sandinismo, dejó una deuda de seis millones de córdobas. Irías recibió una alcaldía saqueada: daños al inmueble, equipos electrónicos destruidos, vehículos con desperfectos mecánicos y en mal estado y daños en el sistema hidráulico. Además, recibió un inventario de bienes públicos poco detallado. En ese mismo año, la reducción de la transferencia municipal para El Cuá pasó de 52 a 22 millones de córdobas de acuerdo a datos inconsistentes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.